Nada nuevo. La actual censura se ejerce a través de un mecanismo social y digital insidioso: la estigmatización inmediata y la consiguiente marginación de cualquier voz que se desvíe de un consenso oficial cuidadosamente construido. Cualquier intento de compartir información científica crítica o de plantear una disidencia fundamentada frente a narrativas ampliamente aceptadas, como las catástrofes climáticas inminentes, se arriesga a ser ahogado bajo la etiqueta descalificadora de «conspiranoico» o «negacionista». Tal epíteto, empleado por una masa de ciudadanos convencidos de la infalibilidad de los discursos alarmistas, actúa como un cortocircuito intelectual y relega al ostracismo a científicos eminentes, no por su falta de rigor, sino por la inconveniencia política de su trabajo.

Este fenómeno se enmarca en la implementación de grandes agendas globales, como la Agenda 2030 y su impulso hacia la descarbonización total, cuyos fines trascendentales son presentados como incuestionables. Cualquier evidencia que cuestione la urgencia, la base científica o la proporcionalidad de las medidas para alcanzar estos fines es percibida como una amenaza existencial al proyecto. La consecuencia es la creación de un ecosistema informativo donde la ortodoxia se protege mediante sistemas de control activos: los algoritmos de las redes sociales, bajo la justificación de combatir la «desinformación», silencian, reducen el alcance o directamente eliminan contenidos que desafían el relato establecido con argumentos físicos y datos paleoclimáticos. Lo que se vende como una protección al público es, en realidad, asfixia dialéctica. Presentar un resúmen de análisis que demuestre, mediante la física más elemental, que las premisas del «Cero Neto» son científicamente falsas y socialmente desastrosas, se convierte no solo en un acto de disidencia. Se entiende bien…

Con fecha 7 de junio de 2025, los profesores eméritos Richard S. Lindzen del MIT y William Happer de Princeton, dos físicos de reconocida trayectoria en el estudio de la radiación y la física atmosférica, expusieron una crítica fundamental a las bases científicas que sustentan las políticas globales contra el cambio climático. Su tesis central, enunciada desde el principio, es doble: primero, que el dióxido de carbono (CO₂) es una molécula esencial para la vida en la Tierra, cuyo incremento en la atmósfera conlleva beneficios significativos para la agricultura mundial; y segundo, que, desde el punto de vista de la física, el CO₂ es un gas de efecto invernadero débil cuyo potencial de calentamiento disminuye a medida que su concentración aumenta, por lo que su supuesta capacidad para causar un calentamiento global catastrófico es científicamente insostenible. Partiendo de esta premisa, los autores argumentan que la cruzada global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a «Cero Neto» para el año 2050 y eliminar los combustibles fósiles no solo carece de justificación científica, sino que, de implementarse, tendría consecuencias desastrosas para la economía global, los más pobres, la salud pública y el suministro de alimentos.

Ahora bien, desde la Teoría del Cierre Categorial de Bueno, no existe una ciencia unitaria y omnicomprensiva. Lo que existen son ciencias categoriales, cada una con su campo operatorio específico, sus métodos y sus límites. La climatología, lejos de ser una ciencia unificada, es lo que el mismo profesor Bueno denominó un «fantasma gnoseológico»: una etiqueta que encubre bajo una aparente unidad un conjunto irreductible de disciplinas —física, termodinámica, geología, biología, matemáticas aplicadas—, cada una con sus propios criterios de verdad y escalas de medición.

Este carácter «interdisciplinar», lejos de configurar una virtud, resulta una fuente de confusión metodológica. Se incurre con frecuencia en un monismo metafísico que supone que los resultados de distintas ciencias pueden encajar armónicamente, como piezas de un puzle, para revelar una única verdad sobre el clima.

Las ciencias no se complementan; con frecuencia se contradicen, se superponen o son directamente inconmensurables. Hay que tomar muy en cuenta esto para referirnos al informe Lindzen-Happer.

[Generalidades]

De modo que, abordemos antes, algunas nociones como, por ejemplo, la de «temperatura global». Se trata de una variable intensiva, no aditiva: no puede medirse directamente, sino que se infiere mediante promedios estadísticos a partir de mediciones locales. Pero ¿cómo se miden esas temperaturas? ¿Con qué instrumentos? ¿Bajo qué condiciones? La distribución de los observatorios —mayoritariamente en el hemisferio norte, en zonas urbanas— introduce un sesgo estructural que invalida cualquier pretensión de objetividad global. Y cuando se recurre a datos proxy —anillos de árboles, sedimentos—, la incertidumbre se multiplica. Lejos de reflejar una verdad incuestionable, lo que esto muestra es la fragilidad de los consensos científicos, siempre provisionales, siempre revisables.

Pero el problema no se agota en la medición. La supuesta correlación entre emisiones de CO₂ y aumento de temperatura —pilar narrativo del cambio climático antropogénico— se sostiene sobre datos proxy muy específicos, como las muestras de hielo de la base Vostok. Sin embargo, revisiones posteriores han mostrado que, en muchos casos, el aumento de CO₂ sigue —no precede— al aumento de temperatura, en consonancia con la ley de Henry, que regula la liberación de CO₂ oceánico conforme sube la temperatura. Más aún: el principal gas de efecto invernadero no es el CO₂, sino el vapor de agua, cuyo comportamiento es tan inestable y complejo que la comunidad científica ha renunciado prácticamente a modelarlo con precisión. Se prefieren los gases más estables, más fáciles de medir, aunque su incidencia sea marginal. ¿No es esto, acaso, una claudicación gnoseológica?

A todo ello se suma la impredecibilidad inherente al sistema climático, un sistema caótico en el sentido matemático del término. Por mucho que se refine la modelización, la más mínima variación en las condiciones iniciales —o estructurales— puede alterar drásticamente las proyecciones a largo plazo. Las predicciones catastrofistas carecen, por tanto, de base científica sólida; son escenarios especulativos, no teoremas demostrados.

¿Cómo, entonces, ha logrado esta teoría imponerse como dogma incuestionable? La respuesta nos lleva del plano gnoseológico al político. La teoría del cambio climático antropogénico tal como la conocemos hoy no nace de un puro impulso científico, sino de una estrategia ideológica y económica concretas. Fue Margaret Thatcher quien popularizó el relato del calentamiento global como justificación para una transición energética que debilitara al sector del carbón y favoreciera al gas natural y la energía nuclear. Desde entonces, el discurso climático se ha convertido en un instrumento de política económica global: sistemas de emisiones, mercados de carbono, transiciones verdes… medidas que, bajo el aura de salvación del planeta, encarecen la energía, concentran el poder en grandes corporaciones y debilitan la soberanía industrial de los estados.

Detrás de todo ello, por si fuera poco, resurgen escatologías tradicionales en nuevas versiones, dizque ajenas a la religión: el apocalipsis ya no es divino, sino climático; el hombre, no Dios, es el responsable del fin. Ni más ni menos que el mito de la naturaleza benevolente corrompida por la acción humana, un relato tan antiguo como efectivo para movilizar conciencias y legitimar intervenciones.

No se trata, desde luego, de defender la contaminación o el despilfarro. La prudencia ecológica es necesaria. Pero debe fundarse en criterios racionales, no en consensos mediáticos ni en alarmismos infundados. Frente al fundamentalismo científico, frente a la adolescentización del público, solo la razón —operatoria, materialista, institucional— puede devolvernos la lucidez.

[De modo que…]

El pilar fundamental sobre el que Lindzen y Happer, lo mismo que muchos otros, construyen su argumentación es una defensa estricta de la idea de que el conocimiento científico genuino solo puede derivarse de la validación de las predicciones teóricas mediante observaciones empíricas, un principio popularmente atribuido a figuras como Richard Feynman. Frente a este estándar, afirman que el consenso alrededor de la emergencia climática se ha edificado sobre fuentes que consideran no científicas. Entre estas incluyen la opinión gubernamental, que recuerda los desastres del lysenkoísmo en la URSS o la reciente crisis agrícola en Sri Lanka tras la prohibición de fertilizantes sintéticos; la falacia de apelar a un consenso o a un supuesto 97% de científicos, citando a Michael Crichton (¡!); un sistema de revisión por pares que alegan estar sesgado hacia el alarmismo; modelos climáticos que no se ajustan a las observaciones; y la práctica, que consideran fraudulenta, de seleccionar datos de forma sesgada, fabricarlos u omitir información contradictoria para sostener una narrativa preconcebida.

Aplicando este marco, los autores desmontan la noción de que el CO₂ sea un motor principal del clima. Desde la física, explican el crucial concepto de saturación: la capacidad del CO₂ para absorber calor y recalentar la Tierra se debilita con cada incremento adicional en la atmósfera. Demuestran, mediante sus propios cálculos y citando incluso el modelo MAGICC de la propia Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), que lograr el Cero Neto a nivel mundial para 2050 apenas evitaría un aumento de temperatura insignificante, entre 0.13 y 0.50 grados Fahrenheit. Esta minúscula ganancia se contrasta con un análisis paleoclimático que abarca 600 millones de años, donde muestran gráficamente que no existe una correlación consistente entre los niveles de CO₂ y la temperatura global; de hecho, a menudo la relación es inversa, con periodos de CO₂ muy elevado coincidiendo con temperaturas bajas, y viceversa. En este contexto geológico, los 420 partes por millón (ppm) actuales se sitúan cerca de un mínimo histórico, muy lejos de los más de 2000 ppm que predominaron durante la mayor parte de la historia de la vida compleja en la Tierra, lo que lleva a calificar las afirmaciones de niveles «peligrosamente altos» como un ejercicio de selección sesgada de datos.

Frente a los beneficios climáticos que consideran inexistentes, los autores presentan un sombrío panorama de las consecuencias que, en su opinión, acarrearía la implementación del «Cero Neto». Aquí, la «molécula milagro» del CO₂ revela su faceta más vital: es el ingrediente fundamental de la fotosíntesis. Miles de experimentos, documentan, demuestran el «efecto de fertilización», por el cual un aumento del CO₂ incrementa drásticamente el rendimiento de los cultivos. Sostienen que el incremento de 120 ppm desde la Revolución Industrial ya ha aumentado la producción agrícola global en un 46% de media, y que duplicar el CO₂ a 800 ppm podría aumentar la disponibilidad de alimentos en un 40%, un beneficio crucial para una población mundial en crecimiento. Reducir el CO₂, por el contrario, significaría condenar a cientos de millones de personas al hambre y la malnutrición. Este desastre se vería exacerbado por la eliminación de los fertilizantes nitrogenados, derivados del gas natural, que actualmente sustentan a la mitad de la humanidad, y cuyo fin replicaría la catástrofe de Sri Lanka a escala global. Además, subrayan los enormes beneficios sociales de los combustibles fósiles, a los que atribuyen la prosperidad, la libertad y la salud modernas, y advierten que condenar a miles de millones de personas a la pobreza energética perpetua en nombre del «Cero Neto» tendría un coste humano incalculable, privándoles de la energía fiable y asequible necesaria para el desarrollo.

La última parte de su análisis se dedica a deconstruir los cimientos de lo que consideran la «evidencia no científica» que sostiene la teoría del «Cero Neto». Acusan al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de ser un organismo político, no científico, cuyos influyentes Resúmenes para Responsables de Políticas son aprobados «línea por línea» por delegados gubernamentales, y cuyos informes científicos son luego reescritos para ajustarse a esas conclusiones políticas, un modus operandi que comparan con el lysenkoísmo. Denuncian que los modelos climáticos (CMIP5 y CMIP6) en los que se basa el IPCC fallan estrepitosamente al predecir las temperaturas observadas, sobrestimando el calentamiento de forma sistemática, por lo que carecen de validez científica.

Unsettled de Steven Koonin, brinda luces al respecto. Los datos sobre fenómenos meteorológicos extremos—olas de calor, huracanes, incendios forestales, subida del nivel del mar, inundaciones y sequías—permiten concluir que las observaciones no muestran tendencias alarmantes atribuibles al CO₂.

La crítica a las Evaluaciones Nacionales del Clima de EE.UU., es, tanto en el informe, como en otros de disidentes, directa: la acusan de fabricar y falsificar datos. El supuesto Hallazgo de Peligro de la EPA de 2009 pinta, de hecho, como una mera opinión gubernamental basada en las fuentes contaminadas previamente mencionadas y en una ignorancia total de la evidencia contradictoria. Lógicamente, las estimaciones del Costo Social del Carbono por omitir los beneficios del CO₂ carecen de validez; en efecto, se basan en consenso y revisión por pares en lugar del método científico.

[Alerta]

El llamado «cambio climático (antropogénico)» se ha erigido en el dogma incuestionable de nuestra época, un axioma que no se discute, sino que se administra desde instancias supranacionales con la misma urgencia con que se imponen tasas, se limitan libertades y se reconfiguran economías enteras.

Frente a esta deriva, ha de entenderse bien qué significa discusión científica y tener en cuenta que, cuando se eleva una teoría —aún con largas metodológicas y contradicciones empíricas— a la categoría de verdad absoluta, y se la utiliza para justificar políticas globales, no estamos ante un acto científico, sino ideológico. Es la institucionalización de eso que suele ser llamado ahora posverdad: ya no importa lo que digan los datos, sino quién los dice y con qué autoridad. El «consenso», como fe disfrazada de razón, es administrada por una tecno-burocracia que no responde ante ciudadanos, sino ante agendas.

El riesgo aquí excede lo epistemológico; es antropológico. En juego, la noción misma de persona —sujeto racional, autónomo, institucional— frente al individuo adolescentizado, emocional, necesitado de certezas y dispuesto a delegar su libertad a cambio de seguridad ecológica. El ecologismo apocalíptico vende miedo, y con él, identidad. Ofrece un enemigo común —el hombre, el carbono, el progreso— y una redención colectiva: la «transición verde»…, que tiene dueños, tiene costes y tiene un horizonte político claro: la gobernanza global por encima de los estados, la tecnocracia por encima de la democracia.

Lejos de negar los problemas ambientales —que los hay, y graves—, acaso debamos negarnos, simplemente, a que sean utilizados como coartada para un nuevo feudalismo energético, donde unos pocos deciden quién consume, quién produce y quién tiene derecho a desarrollarse.

Gestionar la realidad exige operaciones intelectivas, no adhesiones emocionales. Y el ecologismo ideológico es, en el fondo, la negación de esa capacidad: nos invita a «sentir» el planeta, no a pensarlo.

De modo que, queramos o no, nos vemos en una batalla entre la razón institucional y la ideología desinstitucionalizadora; entre la persona autónoma y el consumidor ecológico; entre la libertad que se ejerce con responsabilidad y la sumisión que se vende como virtud.

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