Hay momentos históricos en los que el problema de fondo no consiste en confirmar la existencia de un peligro, sino en precisar de qué clase de peligro se trata: qué parte de él es material y qué parte pertenece al dominio de la percepción, qué actores tienen capacidad efectiva para modificarlo y, sobre todo, qué mecanismos podrían transformar una acumulación de hechos —dispersos, aparentemente inconexos— en algo mayor, de implicaciones difíciles de acotar. Europa, en 2026, se sitúa exactamente en esa categoría. La cuestión decisiva no es si el continente y Rusia se encuentran ya en guerra total —no lo están, en el sentido convencional—, sino hasta qué punto el sistema europeo ha entrado en una dinámica de preparación para un conflicto de alta intensidad que, superados ciertos umbrales, podría convertir la guerra de Ucrania, la confrontación económica y la competencia tecnológica en un enfrentamiento directo entre Rusia y los Estados europeos miembros de la OTAN. La respuesta que se desprende de la evidencia disponible no es tranquilizadora: existe una transición inequívoca desde la gestión de una guerra localizada hacia una arquitectura europea de preparación para un conflicto interestatal de gran escala, acompañada de una expansión extraordinaria del gasto militar, la producción de armamento, la movilidad militar, la defensa antiaérea, los drones, la resiliencia de infraestructuras, la ciberseguridad, la preparación civil y la vigilancia de amenazas híbridas (European Commission, 2025a, 2025b; NATO, 2025, 2026; SIPRI, 2026a; IISS, 2026). Lo que el análisis que sigue se propone —y aquí conviene declarar de entrada el instrumento teórico que lo sostiene— es leer esa acumulación no como una simple crónica de rearme, sino como el registro de cómo un sistema de instituciones —militares, económicas, jurídicas, digitales— reconfigura, bajo presión, las condiciones material-físicas, operativas y abstracto-institucionales en que los pueblos europeos habitan su propia seguridad. ¿Qué le ocurre a una institucionalidad —en el sentido fuerte del término— cuando se prepara, durante años, para una guerra que todavía no ha declarado?

Una de las trampas intelectuales más frecuentes del momento consiste en convertir cada medida de preparación en prueba de una decisión previa de guerra. Pero el razonamiento inverso es igualmente defectuoso: suponer que, porque la preparación puede tener finalidad disuasoria, carece de toda relevancia ofensiva. Desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, ambos destinos deben considerarse simultáneamente. Un Estado rearma porque teme una guerra, pero el rearme modifica a su vez las percepciones del adversario; el adversario responde; esa respuesta confirma el temor inicial; y la secuencia produce el conocido dilema de seguridad. La paradoja es que medidas concebidas para disminuir la probabilidad de agresión pueden, bajo determinadas condiciones, aumentar la percepción de amenaza del otro actor y reducir el margen temporal disponible para la negociación. Cuando dos actores interpretan la propia seguridad del otro como inseguridad para sí mismos, la acumulación defensiva adquiere una dinámica ofensiva sin que ninguno haya comenzado necesariamente con intención de guerra total (Jervis, 1978; Mearsheimer, 2001).

La pregunta sobre la «inminencia» exige descomponerse en cuatro escalas temporales. En la primera, de días o pocas semanas, no hay evidencia pública suficiente para sostener que Europa y Rusia se encuentren ante una guerra total inevitable. En la segunda, de meses, el riesgo de incidentes militares, ataques híbridos, errores de cálculo, sabotajes, violaciones de espacio aéreo, ataques contra infraestructura crítica y episodios de coerción es sustancialmente mayor que antes de 2022. En la tercera, de un par de años, la probabilidad estructural de una confrontación directa depende de la evolución de la guerra de Ucrania, de la arquitectura de seguridad que de ella emerja, de la relación transatlántica, del ritmo del rearme europeo y de la capacidad rusa para regenerar fuerzas y producción. En la cuarta, de carácter propiamente sistémico, Europa ya entró en una economía estratégica distinta: energía, industria, materias primas, cadenas logísticas, datos, espacio, ciberseguridad y defensa se tratan crecientemente como dimensiones de seguridad nacional. Esta última transformación es, quizá, más importante que cualquier predicción puntual sobre el día en que pudiera comenzar una guerra.

La escala material del rearme es inequívoca. La Comisión Europea ha situado la iniciativa Readiness 2030 y el plan ReArm Europe alrededor de una movilización potencial de 800.000 millones de euros, mediante la combinación de mayor espacio fiscal nacional y el instrumento SAFE, de hasta 150.000 millones en préstamos para adquisiciones de defensa. Se pretende modificar la base industrial europea, acelerar permisos, facilitar compras conjuntas, reforzar la movilidad militar y desarrollar capacidades en drones, defensa aérea, espacio, ciberseguridad y fuegos de largo alcance (European Commission, 2025a, 2025b, 2025c). La hoja de ruta incluye, además, proyectos emblemáticos como Eastern Flank Watch, European Drone Defence Initiative, European Air Shield y European Space Shield. El mensaje estratégico es transparente: Europa ya no considera suficiente la capacidad militar heredada de la posguerra fría y busca recuperar masa, velocidad industrial y autonomía de sostenimiento (European Commission, 2025c).

La OTAN ha avanzado en la misma dirección. En la Cumbre de La Haya de 2025, los aliados asumieron el compromiso de alcanzar el 5 % del PIB anual en 2035, dividido entre un mínimo del 3,5 % para requisitos militares fundamentales y hasta un 1,5 % para infraestructura, resiliencia y otras actividades relacionadas con seguridad y defensa. En 2026, la propia Alianza informa que los aliados europeos y Canadá ya se sitúan alrededor del 4 % del PIB agregado cuando se consideran ambas categorías (NATO, 2025, 2026). La cifra representa un cambio de régimen en la relación entre economía y seguridad. SIPRI estima que el gasto militar europeo alcanzó aproximadamente 864.000 millones de dólares en 2025 —un incremento real del 14 %—, mientras Rusia destinó alrededor de 190.000 millones (7,5 % de su PIB) y China unos 336.000 millones (SIPRI, 2026a). IISS, por su parte, identifica 2025 como otro año de fuerte expansión del gasto europeo y señala que la experiencia ucraniana está transformando doctrinas, ciclos de producción y empleo de sistemas no tripulados (IISS, 2026).

El dato más importante no es, sin embargo, la comparación simple de presupuestos. Rusia opera con una economía de guerra mucho más concentrada y con un Estado capaz de dirigir recursos hacia objetivos militares con menos restricciones institucionales que la mayoría de los gobiernos europeos. Europa posee una base económica agregada muy superior, pero se encuentra fragmentada en múltiples presupuestos, doctrinas, industrias, sistemas de armas y cadenas de decisión. El problema europeo no es tanto la ausencia absoluta de recursos como la dificultad de convertir riqueza potencial en poder militar utilizable: la diferencia entre PIB y capacidad militar es, precisamente, la diferencia entre potencial y movilización. Una Europa con abundante riqueza, pero con insuficiente producción de munición, defensa aérea, inteligencia, mando y control, logística, transporte estratégico y reservas puede ser menos capaz de sostener una guerra larga de lo que sugieren sus agregados económicos. De ahí la obsesión contemporánea con la «masa»: no basta con tener plataformas sofisticadas; hay que poder reemplazarlas, repararlas, alimentarlas, conectarlas y producirlas durante años.

Rusia presenta el problema inverso. Su economía es mucho menor que la europea, pero la guerra ha convertido al complejo militar-industrial en uno de sus principales mecanismos de asignación económica. SIPRI calcula que el gasto militar ruso alcanzó en 2025 unos 16 billones de rublos, cerca del 7,5 % del PIB, aunque para 2026 se presupuestó inicialmente una reducción a 14,9 billones —6,3 % del PIB—, en parte por presiones macroeconómicas y por la necesidad de contener el sobrecalentamiento de la economía (Cooper, 2026). Esa reducción presupuestaria no debe interpretarse automáticamente como desmilitarización: una economía que ha acumulado capacidad industrial, experiencia operacional y mecanismos de movilización durante varios años puede conservar una inercia militar elevada incluso cuando el gasto deja de crecer a tasas extraordinarias. El límite ruso se encuentra en otra parte: demografía, dependencia de ciertos componentes y tecnologías externas, coste de la guerra, calidad desigual de algunas plataformas, desgaste humano y necesidad de sostener, simultáneamente, una base económica civil funcional.

En el plano estrictamente militar, la guerra de Ucrania ha destruido varias certezas heredadas: que las plataformas caras dominan necesariamente a las baratas; que el campo de batalla puede separarse limpiamente de la retaguardia; que la superioridad tecnológica compensa indefinidamente la falta de masa; que la defensa aérea puede proteger grandes superficies a bajo coste; y que la guerra electrónica y la ciberseguridad son disciplinas meramente auxiliares. IISS señala que Rusia ha perfeccionado, en el Báltico, un sistema de denegación de área que combina defensa aérea estratificada, fuegos de largo alcance, guerra electrónica, reconocimiento mediante UAV y sistemas de ataque distribuidos; y que, en Ucrania, la saturación mediante oleadas de drones de ataque y señuelos baratos ha puesto de manifiesto la asimetría económica entre el coste de un vector atacante y el coste de interceptarlo (IISS, 2026a, 2026b).

De aquí se sigue una conclusión decisiva para un eventual conflicto europeo: el arma determinante no sería un sistema aislado, sino la arquitectura de detección, decisión, producción y reposición que conecta satélites, radares, aviones, drones, sensores terrestres, inteligencia humana, redes digitales, centros de mando y municiones. La guerra se desplaza, en otras palabras, desde la plataforma hacia el sistema. Un misil de largo alcance importa, pero importa mucho más la cadena que identifica el objetivo, calcula su prioridad, transmite la información, autoriza el ataque, guía el vector, evalúa el resultado y repite el ciclo. El tiempo de esa cadena es, él mismo, una variable estratégica: si un actor puede cerrar su ciclo de observación-orientación-decisión-acción en minutos mientras el adversario tarda horas, la ventaja se vuelve insalvable.

El segundo gran cambio es la industrialización del dron. La experiencia ucraniana ha convertido a los sistemas no tripulados en una suerte de artillería barata, flexible y renovable. No reemplazan a aviones, misiles, artillería ni tropas, pero alteran considerablemente la economía del combate: una oleada de vehículos baratos puede obligar al defensor a emplear interceptores mucho más costosos; un dron de reconocimiento puede corregir el fuego de una batería de artillería; una munición merodeadora puede atacar un radar; una red de sensores puede convertir un espacio físico en un entorno de vigilancia casi permanente. IISS observa que los ataques masivos con UAV de un solo uso generan «masa de combate» a un coste relativamente bajo, obligando a Europa a reforzar capacidades SHORAD y VSHORAD que durante décadas habían perdido prioridad (IISS, 2026b).

El desarrollo de la empresa Anduril resulta particularmente ilustrativo, porque muestra la convergencia entre industria digital y complejo militar. Su plataforma Lattice integra sensores, efectores y sistemas de mando; su arquitectura Mesh pretende distribuir datos en redes descentralizadas incluso en entornos de ancho de banda limitado; y su proyecto Arsenal persigue el tránsito de la producción de armas como series limitadas a la producción hiperescala de sistemas autónomos mediante software, componentes comerciales y fábricas digitalizadas (Anduril Industries, 2026a, 2026b). Asistimos, así, a la emergencia de una categoría empresarial en la que software, inteligencia artificial, robótica, sensores y fabricación militar dejan de ser sectores separados. Reuters documentó, además, la asociación entre Anduril y Rheinmetall para producir drones militares destinados al mercado europeo, operación que revela la creciente integración transatlántica de estas capacidades (Reuters, 2025a).

La cuestión de la inteligencia artificial es todavía más profunda. La IA no necesita sustituir al comandante para transformar la guerra: basta con que reduzca el tiempo de procesamiento de información, integre datos heterogéneos, detecte patrones, priorice amenazas y permita que un mismo operador gestione un número mayor de sistemas. En ese contexto, los datos dejan de ser un subproducto administrativo y se convierten en materia prima militar. Los sistemas de combate modernos dependen de datos geoespaciales, imágenes satelitales, telemetría, señales electromagnéticas, registros logísticos, patrones de movilidad, comunicaciones y bases de datos —y la frontera entre información civil y militar se vuelve, por ello, mucho más porosa. La ubicación de una antena, un patrón de consumo eléctrico, el movimiento de vehículos, el tráfico marítimo, la actividad financiera o la distribución de mercancías pueden adquirir, de pronto, valor estratégico.

Aquí aparece uno de los elementos más importantes de la guerra híbrida contemporánea: el objetivo no es necesariamente destruir al adversario, sino degradar su capacidad de decidir. Un Estado puede conservar intactos sus tanques y, sin embargo, quedar parcialmente paralizado si sus redes logísticas, telecomunicaciones, sistemas financieros, puertos, energía o administraciones públicas pierden funcionalidad. ENISA registró 4.875 incidentes entre julio de 2024 y junio de 2025, y señaló que la administración pública, el transporte, la infraestructura digital y los servicios financieros se encontraban entre los sectores más atacados; los actores estatales o vinculados a Estados intensificaron operaciones de ciberespionaje y manipulación informativa, mientras el ransomware siguió siendo una de las amenazas de mayor impacto (ENISA, 2025).

La Unión Europea, por su parte, ha atribuido públicamente a actores vinculados con Rusia actividades de sabotaje, ciberataques, manipulación informativa, interferencia electoral y ataques contra infraestructuras críticas. El Consejo de la UE describe estas campañas como persistentes y multidominio, y ha creado instrumentos sancionatorios específicos para responder a ellas (Council of the European Union, 2025a, 2025b). Las atribuciones de operaciones encubiertas son, por naturaleza, difíciles de verificar externamente; y no puede ignorarse que Europa parece culpar a Rusia de cuanto sea posible a través de sus medios de comunicación, un día sí y al otro también. Sin embargo, la convergencia de informes gubernamentales, agencias de ciberseguridad y organismos de inteligencia vuelve imposible tratar la guerra híbrida como una ficción.

El Báltico es un laboratorio especialmente importante. La OTAN ha descrito el mar Báltico como zona crítica por la concentración de cables submarinos, rutas comerciales e infraestructura energética; y la creación de Baltic Sentry, junto con células de coordinación sobre infraestructura submarina, demuestra que el concepto de defensa colectiva se ha extendido hacia el lecho marino, la logística civil y las empresas privadas propietarias de infraestructuras (NATO, 2025b). La importancia estratégica de este cambio es enorme: un cable submarino no necesita ser destruido por un misil para convertirse en objetivo militar; puede ser manipulado, interferido o dañado en circunstancias ambiguas, creando un problema de atribución que dificulta determinar si se trata de accidente, delito, sabotaje o acto de guerra. Esa ambigüedad es, precisamente, la materia prima del conflicto por debajo del umbral.

La posibilidad de sabotaje adquiere aún mayor importancia si se considera la interdependencia energética europea. El gas ruso representaba alrededor del 40 % de la demanda europea en 2021; para 2025 había caído a aproximadamente 10 %, mientras la participación del GNL se acercaba al 45 % (IEA, 2026a). La UE ha acordado eliminar progresivamente las importaciones rusas de gas hasta 2027. Desde una lectura económica, esto constituye una diversificación; desde una lectura estratégica, significa que el sistema energético europeo ha cambiado de una dependencia concentrada en un proveedor terrestre a una mayor exposición a los mercados globales de GNL, el transporte marítimo, la infraestructura portuaria y la disponibilidad de productores alternativos. La dependencia no desaparece: cambia de forma. Y cada nueva forma de dependencia genera nuevas vulnerabilidades.

Esta es una de las razones por las que las causas geoeconómicas deben ocupar un lugar central en cualquier análisis serio de la crisis. La guerra no se explica solamente por territorios, fronteras o doctrinas militares: se explica también por energía, corredores logísticos, materias primas, mercados, tecnologías críticas y capacidad de financiar la producción militar. La separación entre geopolítica y geoeconomía es artificial. Un oleoducto es una infraestructura económica, pero también estratégica; un puerto es comercial, pero puede ser logístico-militar; un cable de fibra óptica es civil, pero sostiene operaciones militares; un semiconductor es un producto industrial, pero su disponibilidad condiciona misiles, radares, drones y sistemas de inteligencia. La guerra contemporánea convierte las cadenas de suministro en mapas estratégicos.

La ruptura energética entre Rusia y Europa ha tenido, además, efectos asimétricos. Europa ha logrado reducir drásticamente su dependencia del gas ruso, pero a costa de una transformación profunda de sus mercados energéticos: la Agencia Internacional de la Energía documentó que los precios del gas, la reducción de la demanda industrial y la necesidad de importar GNL alteraron la estructura económica europea durante la crisis de 2022-2023 y sus secuelas (IEA, 2025). No cabe afirmar mecánicamente que las sanciones «desindustrializaron Europa» —esa formulación atribuiría a una sola causa un fenómeno multicausal, pues la competitividad europea también está condicionada por precios eléctricos, regulación, productividad, demografía, inversión, fiscalidad, competencia global y transición tecnológica—; pero sí puede sostenerse que la ruptura con la energía rusa eliminó una fuente históricamente barata y geográficamente cercana, obligando a sustituirla mediante una combinación de ahorro, renovables, GNL, gas noruego, interconexiones y otras fuentes, con efectos distributivos e industriales significativos (IEA, 2026a; OECD, 2025).

La reorientación económica europea tiene un segundo componente, crucial: la industria de defensa se convierte en política industrial. Durante décadas, Europa redujo reservas, fragmentó adquisiciones y mantuvo una base industrial de defensa relativamente pequeña en relación con la magnitud de su economía; la guerra ha invertido el proceso, y la Comisión pretende que la demanda militar impulse producción, empleo, innovación, cadenas de suministro y capacidad tecnológica. El FMI ha estudiado las consecuencias macroeconómicas de este giro y concluye que el aumento del gasto en defensa puede generar estímulo de corto plazo y efectos de arrastre, aunque también plantea costes fiscales, presión sobre recursos, tipos de interés y necesidad de priorizar inversiones productivas (Furceri et al., 2026). La OCDE llega a una conclusión semejante: el rearme puede fortalecer la capacidad productiva si se acompaña de reformas, competencia y compras eficientes, pero puede agravar las tensiones fiscales si se financia persistentemente mediante deuda sin ampliar la capacidad productiva (Conigrave & Shin, 2026).

Lo que queda claro es que la guerra produce una nueva coalición de intereses materiales. Gobiernos, ejércitos, fabricantes, empresas tecnológicas, proveedores de energía, bancos, fondos de inversión y regiones industriales encuentran ahora un incentivo económico en la expansión de la seguridad. Las guerras tienen causas políticas y estratégicas que preceden a cualquier contrato, pero sería igualmente ingenuo negar que, una vez creada una arquitectura de seguridad, aparecen actores con interés propio en su mantenimiento y expansión. La economía política de la seguridad importa porque modifica los costes de salida de una confrontación.

La identidad digital debe analizarse dentro de este contexto con especial cuidado, porque es aquí donde la dimensión institucional del problema se vuelve más visible. La Unión Europea ha establecido el European Digital Identity Wallet, que deberá estar disponible para ciudadanos, residentes y empresas en todos los Estados miembros al final de 2026; la cartera permitirá identificarse en servicios públicos y privados, almacenar credenciales, firmar documentos y compartir información seleccionada (European Commission, 2026a, 2026b). Esto es un hecho. También lo es que una identidad digital interoperable incrementa la capacidad de integrar servicios administrativos, financieros, sanitarios, educativos y comerciales —con la consecuente facilidad, en principio, para imponer un régimen general de racionamiento de suministros, o para condicionar el acceso a bienes esenciales a una puntuación social—. La cuestión no puede reducirse a la técnica: es, en sentido estricto, una cuestión institucional, porque lo que está en juego es la forma —abierta o cerrada— que adopte la mediación entre el individuo y el conjunto de servicios de los que depende su vida cotidiana.

Una infraestructura de identidad puede usarse para simplificar trámites, reducir el fraude, verificar atributos, facilitar la movilidad o integrar servicios. Exactamente la misma infraestructura puede, bajo otro marco legal y político, ampliar la capacidad de vigilancia o hacer posible una gestión centralizada de derechos de acceso. El riesgo relevante, por tanto, no es la identidad digital en sí misma, sino la concentración de funciones, la interoperabilidad obligatoria, la trazabilidad de las transacciones, la ausencia de alternativas analógicas, el acceso estatal o corporativo a los datos, la retención de información y la posibilidad de usar una credencial para condicionar múltiples dimensiones de la vida social. El problema estratégico es la función de «llave maestra»: cuantos más ámbitos dependan de una misma infraestructura de identificación, mayor será el impacto sistémico de su captura, su abuso, su fallo técnico o su utilización coercitiva. Dicho en los términos que empleo para pensar las instituciones: cuando una sola institución —la credencial digital— pasa a mediar la totalidad de los intercambios entre el individuo y las demás instituciones de las que depende, deja de ser una institución entre otras y se convierte en la condición de posibilidad de todas las demás; ahí, exactamente, reside el peligro.

La guerra aumenta este riesgo por una razón muy concreta: las sociedades sometidas a amenazas tienden a aceptar más coordinación centralizada. Es pura lógica: si una población teme sabotajes, terrorismo, fraude, epidemias, ciberataques o interrupciones de suministros, la demanda de seguridad crece; la seguridad, a su vez, requiere información; la información requiere identificación; la identificación facilita la correlación de datos; y la correlación de datos permite la vigilancia. Cada eslabón de esa cadena es, en sí mismo, razonable; es la cadena completa la que produce un resultado que ninguno de sus eslabones, aislado, habría autorizado.

La Estrategia de Preparación de la Unión, presentada en 2025, propone sistemas de alerta temprana, campañas de concienciación, ejercicios, reservas, cooperación público-privada, cooperación civil-militar y una recomendación de autosuficiencia doméstica mínima de 72 horas (European Commission, 2025d). Desde una perspectiva de defensa civil, esto es razonable: una infraestructura crítica puede fallar por guerra, ciberataque, desastre natural, pandemia, accidente industrial o corte energético. La preparación demuestra que los gobiernos europeos institucionalizan la hipótesis de crisis sistémicas de duración suficiente para afectar simultáneamente energía, transporte, comunicaciones, sanidad y abastecimiento.

Aquí aparece la cuestión de los simulacros y las alarmas. Un ejercicio militar puede cumplir tres funciones a la vez: entrenar fuerzas, comunicar capacidad al adversario y preparar a la población propia. El problema es que cada actor puede interpretarlo de manera distinta: un Estado puede considerar que realiza una maniobra defensiva; el adversario, verla como ensayo de una operación ofensiva. La historia de la Guerra Fría ofrece numerosos ejemplos de cómo los ejercicios aumentaron, temporalmente, el temor a un ataque real; y ese peligro se ha incrementado hoy por la velocidad de las comunicaciones, la omnipresencia de las redes sociales y la facilidad para convertir imágenes de movimientos militares en narrativas de movilización inminente.

La «manipulación de la población» debe analizarse, también, como variable estratégica —aunque no reducida a una sola dirección—. Rusia desarrolla operaciones de influencia; los Estados europeos desarrollan estrategias de comunicación estratégica y lucha contra la manipulación extranjera; actores privados producen contenidos; las redes sociales amplifican mensajes; y los usuarios comunes reinterpretan los acontecimientos. ENISA ha identificado la manipulación de información como dimensión creciente del entorno de amenazas europeo, mientras la UE ha establecido instrumentos específicos para enfrentar la FIMI —foreign information manipulation and interference— (ENISA, 2025; Council of the European Union, 2025a). El fenómeno es real, pero la frontera entre protección informativa y control del discurso político es normativamente delicada. Desde un punto de vista estratégico, una población que deja de confiar en todas sus instituciones es tan vulnerable a la propaganda extranjera como a la doméstica. El equilibrio informativo no consiste en creer al gobierno, sino en disponer de suficientes fuentes independientes, competencia mediática, transparencia institucional y mecanismos de verificación para detectar falsedades sin convertir toda discrepancia en amenaza —algo de lo que Europa carece, ciertamente, de manera grave.

El escenario de guerra híbrida más plausible en Europa sería una secuencia de acciones por debajo del umbral: ciberataques, sabotaje selectivo, interferencias electromagnéticas, presión migratoria, operaciones de influencia, espionaje industrial, manipulación de mercados, perturbación de cables, ataques contra infraestructura energética, drones sobre instalaciones sensibles, campañas de desinformación y acciones encubiertas contra nodos logísticos. El objetivo sería generar costes y desorganización sin cruzar claramente el umbral que obligaría a una respuesta militar colectiva —lógica atractiva para cualquier actor que quiera modificar el comportamiento del adversario evitando, al menos inicialmente, la guerra abierta.

Pero la guerra híbrida tiene un problema: la escalada por atribución. Si un cable es cortado, una red eléctrica cae y un aeropuerto queda paralizado, la pregunta decisiva es quién lo hizo. Si la atribución se considera suficientemente fiable y el daño se interpreta como deliberado, la presión para responder aumenta; y si la respuesta consiste, a su vez, en una operación encubierta, el ciclo puede continuar sin que exista una declaración de guerra. El resultado es una especie de guerra innombrada. Esto es especialmente peligroso en la relación OTAN-Rusia, porque el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte no se limita, conceptualmente, a los ataques con tanques: la cuestión política y jurídica es determinar cuándo una acción híbrida constituye un «armed attack» suficiente para activar la obligación de asistencia colectiva. Esa ambigüedad es una de las zonas de mayor riesgo estratégico.

El segundo gran vector de escalada sería el empleo de armas de largo alcance. Rusia dispone de una amplia familia de misiles y drones de ataque capaces de alcanzar objetivos a gran distancia; Europa amplía sus propias capacidades de precisión profunda. IISS advierte que los países europeos permanecen al alcance de los sistemas rusos de ataque de largo alcance, y que el campo de batalla ucraniano está generando una rápida adaptación en tácticas y ciclos de producción (IISS, 2026). En una guerra directa, los objetivos no se limitarían a unidades militares: puertos, aeródromos, depósitos, centros logísticos, nodos ferroviarios, refinerías, plantas eléctricas, radares y centros de mando serían objetivos estratégicos. Esto introduce un dilema particularmente grave: cuanto más se intente proteger la retaguardia, más deben dispersarse los sistemas defensivos; y cuanto más se dispersen, más difícil resulta concentrar capacidades ofensivas.

La defensa aérea puede convertirse en uno de los cuellos de botella europeos. El ataque con cientos de drones baratos plantea una ecuación económica incómoda: interceptar cada amenaza con un misil caro es insostenible. Por eso el futuro de la defensa aérea europea dependerá de una combinación de misiles, cañones, sistemas de energía dirigida, guerra electrónica, interceptores baratos, drones cazadores y algoritmos de clasificación. La carrera será menos «misil contra misil» y más «coste de ataque contra coste de defensa»: el actor que logre producir más vectores a menor precio puede imponer una presión estratégica incluso sin lograr penetraciones decisivas.

La dimensión espacial completa este cuadro. Satélites de observación, navegación, comunicaciones y alerta temprana son indispensables para el mando contemporáneo; un conflicto directo tendría incentivos para atacar no necesariamente satélites completos, sino estaciones terrestres, enlaces de comunicación, sistemas de navegación o redes de datos. La militarización del espacio incrementa así el riesgo de que una guerra terrestre tenga consecuencias orbitales. Europa intenta desarrollar un Space Shield precisamente porque la vulnerabilidad espacial ya no se considera una cuestión abstracta: el espacio se ha convertido en infraestructura crítica y, como todas las de este tipo, es susceptible de interferencia, degradación o ataque.

China constituye el factor que transforma una crisis europea en un problema verdaderamente mundial. Beijing no necesita entrar militarmente en Europa para alterar radicalmente el equilibrio: puede hacerlo mediante comercio, energía, materias primas críticas, componentes industriales, financiación, tecnología, satélites, diplomacia y apoyo económico a Rusia. La relación sino-rusa se ha profundizado desde 2022, aunque no equivale a una alianza militar formal comparable a la OTAN; la prudencia analítica exige distinguir asociación estratégica de alianza bélica. China tiene intereses propios y enormes incentivos para evitar una guerra directa con Europa o Estados Unidos, porque su economía depende todavía profundamente del comercio global y de las cadenas de suministro internacionales.

Sin embargo, la cuestión cambia si el conflicto europeo se conecta con la rivalidad entre Estados Unidos y China. Europa depende de Estados Unidos para una parte sustancial de su defensa aérea, aviación, inteligencia y capacidades de largo alcance; China depende de los mercados europeos y occidentales; Rusia depende crecientemente de China para determinadas tecnologías y mercados; y la guerra de Ucrania ha convertido los componentes de doble uso en un auténtico campo de batalla económico. SIPRI muestra que las importaciones de armas europeas se multiplicaron más de tres veces entre 2016-2020 y 2021-2025, y que Estados Unidos suministró alrededor del 48 % de las importaciones europeas de armas en ese período; en paralelo, Asia ha aumentado su gasto militar y se intensifica la competencia entre China, Japón, India, Corea del Sur, Australia y Estados Unidos (SIPRI, 2026b).

El escenario asiático tiene varias líneas de fractura. La primera es Taiwán: una guerra europea no implica automáticamente una guerra en el estrecho de Taiwán, pero puede producir incentivos contradictorios, pues China podría aprovechar una concentración estadounidense en Europa y, al mismo tiempo, temer que un conflicto europeo acelere la integración militar de Estados Unidos, Japón, Australia y Europa. La segunda es India-Pakistán, donde SIPRI registra ya un entorno de rearme y una rivalidad que adquirió dimensión militar nuevamente en 2025. La tercera es el mar de China Meridional, donde la competencia entre China y Filipinas, con presencia estadounidense, podría convertirse en escenario de incidentes. La cuarta es Corea, donde Corea del Norte puede utilizar una crisis mundial para ampliar su margen de maniobra. La quinta es el corredor energético del Índico, particularmente vulnerable si Oriente Medio permanece en guerra.

El problema asiático es, por tanto, de interconexión. Una guerra europea absorbe producción de defensa estadounidense; una guerra en Taiwán absorbería recursos navales y aéreos; una crisis en Oriente Medio absorbe capacidades de defensa antimisiles y energía; y una guerra prolongada y simultánea en varios teatros produciría una escasez global de munición, combustible, chips, motores, explosivos, transporte marítimo y seguros. En ese escenario, la pregunta clave sería qué coalición puede sostener más frentes sin colapsar económicamente.

Oriente Medio constituye, precisamente, el multiplicador de riesgo ineludible. En 2026, la guerra entre Estados Unidos e Irán y las perturbaciones en el estrecho de Ormuz han convertido al mercado energético en variable geopolítica capital. La IEA estima que alrededor de 20 millones de barriles diarios y una fracción decisiva del comercio mundial de GNL atraviesan normalmente el estrecho; en 2026, la interrupción del tráfico ha provocado el mayor shock de suministro de gas y uno de los mayores shocks petroleros de la historia reciente (IEA, 2026b, 2026c). Para Europa, la importancia es indirecta pero enorme: incluso cuando la mayor parte del petróleo que cruza Ormuz se dirige hacia Asia, la competencia por cargamentos, seguros, transporte y productos refinados afecta a todos los mercados. La energía tiene precio global.

La dimensión asiática del conflicto de Ormuz es especialmente relevante. China, India, Japón y Corea del Sur son grandes importadores de energía procedente del Golfo; una interrupción prolongada del estrecho puede empujar a China hacia Rusia, Asia Central y otros proveedores, incrementar la demanda de rutas alternativas, estimular reservas estratégicas e intensificar la competencia por petróleo y gas no afectados por el conflicto. Reuters ha documentado que China ha incrementado sus compras de crudo ruso y ha explorado mayores compras de petróleo iraní durante las perturbaciones de 2026 (Reuters, 2026a). De este modo, Oriente Medio puede fortalecer temporalmente la posición económica rusa, complicar las sanciones y acercar aún más las cadenas energéticas euroasiáticas.

Pero China no es simplemente un socio de Rusia; su conducta durante la crisis de Oriente Medio muestra que Beijing también intenta preservar su propia estabilidad energética y comercial. En septiembre de 2026, China instó a Irán a reducir los ataques hutíes contra infraestructura petrolera saudí, señal de que su interés fundamental es mantener el flujo de energía, no necesariamente alinearse sin reservas con Teherán (Reuters, 2026b). Esta es una clave para comprender la futura arquitectura multipolar: los grandes actores no tienen por qué formar bloques ideológicos rígidos, sino que pueden cooperar en un teatro y competir en otro. Rusia y China pueden coordinarse frente a Occidente y, simultáneamente, competir por mercados energéticos, influencia en Asia Central y acceso a recursos.

La guerra total europea sería, por ello, menos probable como conflicto binario que como accidente de sistemas interconectados. Un incidente en el Báltico puede afectar a la OTAN; una respuesta de la OTAN puede afectar a Rusia; Rusia puede responder en el ciberespacio; un ciberataque puede afectar a una empresa energética; la empresa puede activar protocolos de emergencia; el mercado energético puede disparar precios; los gobiernos pueden intervenir; la intervención puede ser interpretada por otro actor como preparación militar; y la secuencia puede seguir creciendo. La guerra del siglo XXI puede comenzar sin que nadie emita una orden inicial llamada «comenzar la guerra»: puede emerger de una cadena de decisiones locales racionales que produce un resultado global irracional.

Aquí adquiere sentido la noción de escalada accidental. Los sistemas nucleares agravan el problema porque reducen el margen de error: Rusia y Estados Unidos siguen siendo las dos mayores potencias nucleares; varios Estados europeos pertenecen a la OTAN, y Francia y el Reino Unido poseen arsenales nucleares propios. La guerra convencional entre Rusia y la OTAN podría, en determinadas circunstancias, generar amenazas percibidas como existenciales por alguno de los actores. La doctrina nuclear no debe interpretarse como un guion automático, pero sí como un límite estructural: la presencia de armas nucleares hace que operaciones que serían normales en una guerra convencional —por ejemplo, ataques profundos contra nodos estratégicos— puedan interpretarse de manera radicalmente distinta.

La lógica de la disuasión sigue siendo relevante: precisamente porque una guerra nuclear sería catastrófica, los actores tienen fuertes incentivos para evitarla. Pero la disuasión funciona mejor cuando los mensajes son claros y las líneas rojas son comprensibles; en un entorno híbrido, donde no siempre está claro quién atacó, qué se atacó y si el ataque constituye una agresión estatal, la disuasión se dificulta. Una respuesta demasiado débil puede incentivar nuevas acciones; una respuesta demasiado fuerte puede provocar escalada. El equilibrio entre credibilidad y control es, probablemente, uno de los problemas estratégicos centrales de Europa en los próximos años.

Las causas profundas de la precipitación europea son múltiples: la guerra rusa contra Ucrania y la percepción europea de que el conflicto no puede tratarse como crisis periférica; la incertidumbre acerca del compromiso estadounidense con la defensa europea, que ha incentivado a los europeos a construir capacidades propias; la transformación tecnológica de la guerra; la vulnerabilidad de las cadenas de suministro; la competencia con China; el shock energético; la percepción de que la arquitectura de seguridad europea posterior a 1991 ya no corresponde al equilibrio de poder actual; y, menos visible pero fundamental, la necesidad de los Estados europeos de reconstruir una cultura estratégica después de décadas en que la guerra de alta intensidad parecía improbable.

Desde esta perspectiva, cuanto ocurre puede entenderse como una reacción a la compresión del tiempo estratégico. Si los gobiernos consideran que Rusia puede regenerar fuerzas, que China puede alterar el equilibrio tecnológico, que Estados Unidos puede reducir su presencia, que las infraestructuras son vulnerables y que la guerra híbrida ya está en curso, el incentivo es actuar antes de que el entorno empeore. El problema es que esa misma urgencia puede conducir a compras aceleradas, dependencia de proveedores concretos, menor deliberación pública y aceptación de medidas excepcionales. La seguridad produce, así, su propia lógica expansiva.

La hipótesis de que todo esto forma parte de un plan deliberado para llevar a las poblaciones europeas a un régimen de suministros controlados surge, y debe tratarse con el mismo estándar de prueba que exige cualquier investigación seria. Hay elementos reales que pueden alimentar esa hipótesis: preparación civil, reservas estratégicas, identidad digital, interoperabilidad de datos, digitalización de servicios, mayor vigilancia de infraestructura y expansión de los sistemas de inteligencia. Pero de estos elementos no se deduce causalmente un plan de racionamiento permanente. Hasta septiembre de 2026, las fuentes oficiales lo niegan. En el mejor de los casos, el riesgo se reduce a la capacidad potencial de la infraestructura, con la consecuente posibilidad de modificar, en el futuro, las reglas de su uso.

No se puede ignorar la dimensión de poder de los datos: significa situarla en el lugar correcto. En una guerra híbrida, la base de datos de población, infraestructura, movilidad y actividad económica es un activo estratégico. Un Estado que conozca qué hospitales tienen generadores, qué puertos tienen capacidad de descarga, qué carreteras concentran combustible, qué empresas fabrican componentes críticos y qué nodos de telecomunicaciones son redundantes posee una ventaja de planificación extraordinaria; en sentido inverso, un adversario que penetre esas bases de datos puede mapear vulnerabilidades sin necesidad de penetrar físicamente un territorio. En los términos de mi propio marco teórico, lo que aquí se vuelve visible es que la institución —entendida como forma estable de mediación entre un material, un operador y una norma— se ha convertido ella misma en objetivo militar: no hace falta destruir la fábrica si se puede corromper el registro que la coordina.

La misma lógica vale para las instituciones en general. Un ataque contra una administración pública no necesita destruir edificios: puede alterar registros, robar credenciales, paralizar pagos, modificar bases de datos, bloquear servicios o sembrar dudas sobre la integridad de la información. Si el ciudadano no puede saber si un documento digital es auténtico, si una cuenta bancaria refleja correctamente sus fondos o si una orden de movilización es legítima, la capacidad del Estado se degrada sin un solo disparo. La guerra cognitiva y la guerra digital convergen, así, en la confianza: el objetivo final no es solamente destruir sistemas, sino conseguir que nadie confíe en ellos —lo que equivale, dicho con precisión, a disolver la institucionalidad misma sin necesidad de derribar ninguno de sus edificios.

La cuestión de la autonomía europea aparece, entonces, bajo una luz distinta. Europa está intentando reducir dependencias militares de Estados Unidos, energéticas de Rusia y tecnológicas de terceros, pero reducir una dependencia puede crear otra: comprar sistemas estadounidenses aumenta capacidad rápidamente, pero puede mantener dependencia tecnológica; comprar sistemas europeos fortalece la industria, pero puede tardar más; producir chips propios aumenta resiliencia, pero requiere enormes inversiones; diversificar energía reduce la dependencia rusa, aunque aumenta la exposición al transporte marítimo y a productores globales. La autonomía estratégica no consiste en no depender de nadie —algo imposible—, sino en controlar suficientes nodos críticos para que ninguna dependencia individual pueda transformarse fácilmente en coerción.

El mismo razonamiento permite comprender la economía rusa. Las sanciones occidentales han reducido el acceso a determinadas tecnologías y mercados, pero Rusia ha reorientado su comercio hacia China, India, Turquía, Asia Central y otros mercados. La efectividad de las sanciones no puede medirse únicamente por si provocan un colapso económico inmediato: su función puede consistir en aumentar costes, limitar tecnologías, reducir inversión, degradar productividad y encarecer la financiación. Pero también generan incentivos para crear sistemas alternativos de pagos, rutas comerciales y cadenas de suministro. La guerra acelera, en consecuencia, una fragmentación económica mundial que podría sobrevivir incluso después de un eventual alto el fuego.

La geoeconomía de los minerales críticos merece atención equivalente. Drones, baterías, misiles, radares, motores, semiconductores y sistemas de comunicación requieren tierras raras, litio, cobalto, grafito, níquel y una amplia gama de materiales. China posee una posición especialmente fuerte en el procesamiento de numerosos minerales críticos; Europa y Estados Unidos intentan diversificar mediante Australia, Canadá, África, América Latina y producción doméstica. Esto introduce un nuevo teatro de competencia: los países productores dejan de ser simples proveedores comerciales y adquieren valor estratégico. Un conflicto europeo prolongado podría acelerar la competencia por África, el Ártico, Asia Central e Iberoamérica —no necesariamente mediante guerras abiertas, sino mediante contratos, financiación, infraestructuras, sanciones, diplomacia y presión política.

El Ártico es particularmente relevante. El deshielo, las nuevas rutas marítimas y la concentración de recursos convierten a la región en un espacio donde Rusia, Estados Unidos, Canadá y los países europeos tienen intereses superpuestos. Una guerra europea incrementaría la importancia de la ruta marítima septentrional, de las capacidades submarinas y de la vigilancia de infraestructuras; el Ártico podría convertirse en zona de competencia militar de baja intensidad incluso sin enfrentamiento directo. El patrón, de nuevo, es el mismo: la guerra contemporánea se extiende hacia las infraestructuras y los espacios de tránsito.

El escenario más peligroso no es, necesariamente, el que comienza con un ataque ruso a un Estado miembro de la OTAN. Puede comenzar con un incidente ambiguo: un dron que cae en territorio de un país aliado; un avión que penetra brevemente un espacio aéreo; un cable que es cortado; una subestación eléctrica que sufre un incendio; un puerto que es objeto de un ciberataque; una campaña de desinformación que altera un proceso electoral; una empresa de defensa que sufre ransomware; o una munición de largo alcance que impacta accidentalmente en territorio de un Estado de la OTAN. Si las atribuciones se endurecen y las sociedades exigen respuesta, el dilema de seguridad se transforma en dilema de escalada.

Por ello, el indicador más importante de riesgo es la densidad de incidentes y la reducción de los mecanismos de comunicación. Una Europa que aumenta su gasto militar, pero mantiene canales de comunicación con Moscú puede estar más preparada y no necesariamente más próxima a la guerra; una Europa con menos armas, pero sin mecanismos de gestión de crisis puede ser más vulnerable. La estabilidad depende de ambas cosas —capacidad de disuasión y capacidad de desescalada—; la ausencia de una de ellas aumenta el riesgo.

El futuro inmediato puede organizarse en cuatro escenarios teóricos. El primero es una «disuasión armada con guerra híbrida persistente»: Europa continúa rearmándose, Rusia mantiene presión indirecta, Ucrania permanece como espacio de confrontación y no se produce guerra abierta OTAN-Rusia. El segundo es una «escalada limitada»: un incidente grave en el Báltico, el mar Negro, el espacio aéreo o el ciberespacio provoca una respuesta militar limitada que permanece localizada mediante negociación urgente. El tercero es una «guerra regional de alta intensidad»: fuerzas rusas y de uno o varios Estados europeos entran en combate directo, con empleo masivo de drones, misiles, guerra electrónica y ataques contra infraestructura. El cuarto es la «crisis sistémica multiteatro»: Europa, Oriente Medio y Asia experimentan simultáneamente conflictos o bloqueos, produciendo un shock energético, industrial y financiero global. Este último no requiere que China entre en guerra para resultar extraordinariamente disruptivo.

El primer escenario no debe confundirse con la paz. Sería una forma de conflicto crónico en la que las sociedades viven bajo preparación militar permanente, campañas de influencia, espionaje, sabotaje y sanciones: la frontera entre paz y guerra quedaría institucionalmente borrosa. El segundo escenario sería particularmente peligroso porque el éxito de la desescalada dependería de la velocidad con la que los gobiernos pudieran establecer atribución, comunicación y proporcionalidad. El tercero transformaría de inmediato la economía europea en economía de guerra. El cuarto produciría una crisis de globalización mucho más profunda, con controles de exportación, racionamiento temporal de energía, restricciones financieras y priorización de industrias estratégicas.

Ahora bien, los sistemas estratégicos producen restricciones, no necesariamente destinos. Las decisiones de liderazgo, la diplomacia, los cambios tecnológicos, la situación económica rusa, la política estadounidense, la evolución de China y la trayectoria de la guerra de Ucrania pueden modificar sustancialmente el resultado; pero tampoco es razonable asumir que la mera continuidad del sistema actual producirá, de manera automática, ninguna estabilidad.

Una variable decisiva será el futuro de Ucrania. Una paz que no resuelva las percepciones fundamentales de seguridad de Rusia, Ucrania y Europa puede convertirse en un alto el fuego prolongado, no en un nuevo orden. Por otra parte, una guerra prolongada puede agotar a Ucrania, Rusia y Europa, aumentando el incentivo de todas las partes para buscar un acuerdo.

La variable estadounidense es igualmente central. Si Estados Unidos mantiene una presencia militar robusta en Europa, el coste de una agresión rusa contra un Estado OTAN permanece extraordinariamente elevado; si reduce significativamente su presencia, Europa deberá asumir mayor carga y Rusia podría interpretar el cambio de manera ambigua. Pero una Europa más autónoma también puede ser una Europa más difícil de intimidar: el resultado depende de cómo Moscú interprete la capacidad europea.

La variable china tiene una estructura igualmente paradójica. Un conflicto europeo debilita a China si interrumpe el comercio global y aumenta los costes energéticos, pero puede fortalecerla relativamente si reduce el peso económico occidental o consume recursos estadounidenses. China tiene, por tanto, incentivos para evitar una guerra mundial y, simultáneamente, incentivos para aprovechar estratégicamente una mayor dispersión de recursos occidentales. Esa combinación explica una política que puede ser cooperativa, competitiva y oportunista al mismo tiempo: no es necesario asumir una conspiración, sino reconocer la racionalidad propia de una gran potencia que intenta maximizar su margen de maniobra.

El factor iraní es semejante. Rusia puede beneficiarse de precios energéticos elevados, pero una guerra prolongada en Oriente Medio también puede reducir la demanda mundial, aumentar la presión sobre China y provocar una recesión que termine perjudicando al propio Kremlin. Irán puede utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coerción, pero su cierre prolongado amenaza a sus propios ingresos y a sus socios. Estados Unidos puede ejercer supremacía militar regional, pero cada semana de guerra consume recursos, aumenta el riesgo de proliferación y obliga a mantener fuerzas dispersas. Todos los actores enfrentan costes; precisamente por eso el sistema permanece abierto.

Hay, finalmente, una dimensión antropológica que merece atención. Las sociedades occidentales han vivido, durante décadas, bajo la expectativa de que la guerra industrial era un fenómeno del pasado. Ucrania ha demostrado que la guerra de alta intensidad puede regresar al continente europeo, y la consecuencia psicológica y política es una transformación de la población en variable estratégica: gobiernos y ejércitos necesitan ciudadanos preparados para apagones, ciberataques, interrupciones de suministros y desinformación; las empresas necesitan planes de continuidad; las escuelas incorporan preparación; las familias almacenan suministros. Estas medidas pueden aumentar la resiliencia, pero también normalizan la excepcionalidad: una sociedad que vive permanentemente en estado de alarma puede terminar aceptando como ordinarias medidas que, en otro contexto, habría considerado extraordinarias.

Aquí reside, quizá, la cuestión más profunda sobre la identidad digital. El problema no es que exista una credencial electrónica; el problema aparece cuando la arquitectura de seguridad, finanzas, salud, movilidad y administración se vuelve tan interdependiente que la identidad digital se transforma en condición transversal de acceso a la vida social. En ese punto, una decisión administrativa puede tener efectos sistémicos: si la guerra híbrida convierte los datos en un activo estratégico, la protección del ciudadano exige impedir que ese activo pueda convertirse, sin controles, en instrumento de coerción. Es exactamente el fenómeno de sujeción posdemocrática: no la imposición abierta de un régimen autoritario, sino la sustitución gradual de la pluralidad institucional por una infraestructura única de mediación.

La misma lógica debe aplicarse a la industria tecnológica de defensa. La privatización parcial de funciones militares puede aumentar innovación y velocidad, pero introduce una cuestión de soberanía: si una empresa privada controla una plataforma de datos que integra sensores, armas, comunicaciones y decisiones operacionales, ¿quién controla el algoritmo?, ¿quién audita sus actualizaciones?, ¿quién garantiza que una vulnerabilidad no comprometa la red?, ¿qué ocurre si la empresa cambia de propietario, entra en crisis financiera o decide no suministrar una capacidad? Reuters informó, en 2025, de advertencias internas del Ejército estadounidense sobre vulnerabilidades potenciales en un sistema de mando y comunicación asociado con Anduril y Palantir, aunque las empresas cuestionaron o matizaron las conclusiones de esas evaluaciones (Reuters, 2025b). El dato revela una tensión estructural: la velocidad de Silicon Valley no siempre coincide con la cultura de aseguramiento propia de los sistemas militares críticos —y esa misma tensión reproduce, a escala corporativa, el problema institucional que venimos describiendo: una función pública indelegable —la defensa— mediada, cada vez más, por una institucionalidad privada que no responde ante los mismos mecanismos de control.

La guerra futura será, en buena medida, una guerra por la continuidad de los sistemas. El vencedor no será necesariamente quien destruya más plataformas, sino quien mantenga funcionando su energía, comunicaciones, logística, producción, satélites, finanzas, hospitales, administración y cadena industrial mientras el adversario pierde coherencia. Esto devuelve la guerra al terreno económico: la resistencia nacional se convierte en capacidad militar. Un país capaz de reparar rápidamente una red eléctrica, producir transformadores, reponer drones, fabricar munición, recuperar satélites, restablecer comunicaciones y sustituir proveedores críticos posee una forma de poder que no aparece en las cifras tradicionales de tanques y aviones.

Desde esa perspectiva, Europa hace algo inusual: está transformando la defensa en una política general de resiliencia. El problema es que una política así tiende a la militarización de la administración pública. La Comisión Europea ya habla de un enfoque «whole-of-society», de cooperación público-privada y de coordinación civil-militar (European Commission, 2025d). Esa estrategia puede ser perfectamente compatible con una democracia liberal, pero aumenta la necesidad de controles: cuanto más se integran sociedad civil, empresas, administraciones y fuerzas armadas, más importante resulta mantener fronteras claras entre funciones militares y civiles, proteger derechos y asegurar que las medidas de emergencia tengan límites temporales y jurídicos.

Iberoamérica ocupa, en este mapa, una posición que rara vez se hace explícita pero que ninguna lectura seria del conflicto puede omitir. La región no es beligerante ni aparece mencionada en ninguna de las líneas de fractura descritas hasta aquí, y sin embargo queda atravesada por casi todos los vectores identificados: energía, minerales críticos, alimentos, finanzas y migración. El primero es el más evidente. La competencia por minerales críticos —litio, cobre, níquel, grafito— convierte al llamado triángulo del litio (Argentina, Bolivia, Chile), a la minería cuprífera peruana y chilena y al níquel brasileño en objeto de una disputa que ya no es solo comercial: Europa y Estados Unidos buscan diversificar respecto de China precisamente allí donde China ya ha construido, durante años, posiciones de inversión, financiamiento y procesamiento difíciles de desplazar. Iberoamérica se convierte, así, en terreno de una competencia geoeconómica en la que los propios países productores tienen escaso margen para fijar los términos del intercambio, a menos que logren coordinar una postura común —lo que, hasta ahora, no han conseguido—. El segundo vector es alimentario: la guerra de Ucrania ya demostró, desde 2022, cómo una disrupción en el mar Negro puede transformar a los grandes exportadores agrícolas latinoamericanos —Argentina, Brasil— en piezas de sustitución del suministro global de granos, con el consiguiente efecto sobre precios internos y márgenes de negociación externa; una escalada mayor en Europa, sumada a la crisis de Oriente Medio, no haría sino intensificar esa función, con beneficios coyunturales para algunos países y presión inflacionaria para quienes son importadores netos de energía y fertilizantes.

El tercer vector es financiero y migratorio, y es el menos visible pero quizá el más profundo. Una fragmentación económica mundial acelerada por la guerra —sistemas de pago alternativos, bloques comerciales, controles de capital— obliga a los Estados iberoamericanos a decidir, aunque sea por omisión, de qué lado de esa fragmentación quieren situarse; y una crisis energética o financiera global golpea con particular dureza a economías que dependen de remesas, de inversión extranjera directa y de mercados de deuda denominados en divisas ajenas a su control. A esto se suma la posibilidad, nada remota, de que la región reciba presión migratoria indirecta si el conflicto europeo o el de Oriente Medio genera desplazamientos hacia rutas atlánticas. Pero hay, además, una dimensión propiamente institucional, la que aquí más importa. Iberoamérica no dispone de una arquitectura de seguridad ni de una voz geoeconómica comparable a la europea o a la asiática; su capacidad de convertir sus propios recursos críticos en poder de negociación depende, precisamente, de la fortaleza de sus instituciones nacionales y regionales frente a actores externos —estatales y corporativos— con mucha mayor capacidad de movilización de capital y de coacción diplomática. En ese sentido, la guerra europea no es, para Iberoamérica, un asunto ajeno que observar a distancia: es un test de la solidez institucional con que la región puede administrar su propia riqueza material sin que esta termine, una vez más, sirviendo a proyectos de poder decididos en otra parte.

La conclusión sobre la inminencia, por tanto, debe formularse con precisión. Hay evidencia robusta de que Europa está preparando sus estructuras militares, industriales y civiles para la posibilidad de una guerra de alta intensidad, mientras Rusia mantiene una economía y unas fuerzas armadas orientadas a un conflicto prolongado y desarrolla capacidades de denegación de área, guerra electrónica, drones y ataques de largo alcance. Hay, además, una guerra híbrida ya observable —aunque la atribución de cada incidente particular requiere análisis específico—; y existe un entorno global en el que Oriente Medio y Asia pueden amplificar cualquier crisis europea mediante energía, comercio, tecnología y alianzas. La guerra total no es inevitable, pero el sistema europeo está más preparado para ella y más expuesto a ella que en cualquier momento desde el final de la Guerra Fría. Lo más preocupante es la convergencia de variables: en un sistema así, pequeñas perturbaciones pueden producir grandes efectos porque los subsistemas están acoplados. El mayor error sería, por tanto, esperar una señal única que anuncie la llegada de la guerra total: la guerra moderna no necesariamente llega con una declaración.

Entre los umbrales, conviene vigilar especialmente cinco. Primero, el despliegue permanente de fuerzas europeas de combate en contacto operativo directo con fuerzas rusas fuera de Ucrania. Segundo, ataques deliberados y atribuidos con alto grado de confianza contra territorio de la OTAN que produzcan víctimas o daños estratégicos. Tercero, una movilización rusa sustancial acompañada de concentración logística orientada hacia un teatro OTAN específico. Cuarto, ataques coordinados contra infraestructura crítica europea en múltiples países y dominios simultáneamente. Quinto, señales de degradación de los mecanismos de comunicación y control nuclear. La aparición conjunta de varios de estos indicadores modificaría sustancialmente la evaluación del riesgo.

Hay que vigilar también la dimensión económica: controles de exportación más severos, restricciones al movimiento de capital, reconversión acelerada de industrias civiles, contratos de defensa plurianuales de emergencia, almacenamiento extraordinario de combustible y alimentos, priorización estatal de cadenas de suministro y restricciones de transporte.

La población debe ser tratada, en este marco, no como objeto pasivo de manipulación, sino como parte del sistema de seguridad. Una ciudadanía aterrorizada es menos resiliente; una ciudadanía informada, capaz de distinguir hechos, atribuciones, hipótesis y propaganda, es más difícil de manipular —y más capaz de sostener con las instituciones que la protegen una relación de balance genuina, en lugar de una relación de mera dependencia pasiva—.

Asistimos a la reconfiguración de un sistema internacional que, durante tres décadas, descansó sobre supuestos que ya no funcionan: energía rusa barata para Europa, primacía militar estadounidense incuestionada, globalización relativamente despolitizada, cadenas de suministro optimizadas por coste y no por seguridad, separación entre infraestructura civil y militar, y confianza en que la guerra de alta intensidad pertenecía a una etapa histórica superada. Todos esos supuestos han sido erosionados. El resultado es un mundo más caro, más armado, más fragmentado y, precisamente por ello, más propenso a errores de cálculo.

El horizonte estratégico, entonces, no es el Armagedón anunciado por los apocalípticos, ni la normalidad tranquilizadora de quienes confunden la ausencia de guerra declarada con la ausencia de conflicto. Es una época de competencia permanente en la que la guerra puede permanecer por debajo del umbral durante años y, sin embargo, modificar profundamente instituciones, economías, tecnologías y sociedades. Y es precisamente ahí —en esa modificación lenta, acumulativa, casi invisible mientras ocurre— donde el análisis institucional demuestra su necesidad: porque la guerra que no se declara no deja de librarse; simplemente cambia de terreno, y ese terreno es, cada vez con mayor nitidez, el de las instituciones mismas.

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