Me han invitado aquí para compartir con ustedes algo que debiera de resultar obvio a todo mundo, pero que, cortesía del más burdo relativismo subjetivista, el idealismo lucrativo y su principal obra: la galopante infantilización y adolescentización de gran parte de nuestra población, no lo es.

Tengo entendido que quienes en este momento tienen la generosidad de sacrificar su tiempo escuchándome, esperan que les resulte útil para, luego, poder compartir con otros, fuera de este ámbito, acaso más fácilmente que por sí mismos, algunas observaciones que de hecho compartimos.

Procuraré no decepcionarlos:

Desde una perspectiva histórico-cultural y comunicacional, la homosexualidad ha existido en múltiples sociedades a lo largo del tiempo, aunque no siempre haya sido entendida o valorada de la misma manera. En contraste, la identidad transgénero es un fenómeno reciente, profundamente ligado al desarrollo del constructivismo posmoderno, la medicalización de la subjetividad y la expansión del activismo identitario en el ámbito digital.

Reconocemos la validez y dignidad de las relaciones homosexuales como elección sexual legítima, no definitoria de identidad totalizadora, sino como forma de vinculación afectiva y carnal que no niega la realidad biológica del sexo, y que, por tanto, se diferencia radicalmente de las premisas del movimiento trans y del paradigma queer.

Ciertos sectores radicales del movimiento LGTBIQ+ han terminado instrumentalizando la causa de la equidad para promover narrativas que perjudican a mujeres y personas homosexuales, desviando la atención de problemas reales de discriminación y exclusión.

[Diversidad]

Desde Grecia clásica hasta China imperial, pasando por el mundo islámico medieval y las culturas americanas precolombinas, las relaciones homosexuales han estado presentes en múltiples contextos, aunque no siempre bajo el marco identitario moderno de «ser gay».

La identidad no es una esencia inmutable, sino una construcción social contingente. Por eso, cuando hablamos de homosexualidad, debemos distinguir entre una práctica erótica y una identidad política. Muchas personas homosexuales prefieren no verse reducidas a una etiqueta identitaria, sino entender su orientación sexual como una elección afectiva y carnal, sin necesidad de adherir a una narrativa institucionalizada.

La homosexualidad reconoce y acepta la dimensión biológica del sexo. Un hombre homosexual mantiene relaciones sexuales con otro hombre, sin negar su condición biológica de varón; una mujer lesbiana elige tener vínculos afectivos con otras mujeres, sin desconocer su naturaleza femenina. Esta visión contrasta profundamente con la del movimiento trans, que pone en cuestión la categoría de sexo, proponiendo una separación radical entre cuerpo y mente, entre sexo y género, entre anatomía y autopercepción. Como resultado, el discurso trans genera ambigüedad conceptual y normativa, especialmente en espacios donde el reconocimiento del sexo es crucial: deporte, prisión, refugios, etc.

Al respecto, es pertinente recordar que el movimiento trans funciona ni más ni menos que con constructos, es decir, construcciones racionales abstractas, representaciones elaboradas en función de problemas científicos o de otra índole (al caso, supuestamente social), solo para poder resolverlos a nivel teórico, y que, una vez desvinculadas de la realidad material de la que surgieron, carecen de consistencia. Se trata de planteamientos discursivos sin soporte material alguno, de los que se expresan en ocurrencias como «todo es lenguaje», «control del poder», etcétera.

[Queer]

El término queer, originalmente utilizado como insulto hacia personas homosexuales, fue recuperado en los años 90 por teóricos como Judith Butler, quien propuso una reinterpretación radical del género. Su teoría de la performatividad sostiene que el género no es una propiedad fija, sino una serie de actos repetidos que van conformando una identidad cultural (un constructo). Esta idea, aunque curiosa desde el punto de vista filosófico, carece de base empírica sólida, como denuncian Errasti y Pérez (2023), y ha terminado generando una confusión conceptual que afecta a la ciencia, la educación y el derecho.

[ Radicalización e instrumentalización]

En los últimos años, el movimiento queer ha dejado atrás su vocación crítica y emancipatoria para convertirse en una fuerza ideológica que prioriza la sensibilidad individual sobre el debate público racional. Esto ha generado una dinámica de sanción social y moralización extrema, donde cualquier cuestionamiento a las nuevas categorías de género se tacha automáticamente de «transfobia».

Un sistema donde la autoatribución de opresión se convierte en moneda de cambio política, y donde la verdad objetiva cede espacio a la percepción subjetiva sólo puede encaminarse al caos. De hecho, este fenómeno ya ha tenido consecuencias graves, especialmente para mujeres y homosexuales, algo que miles de activistas y marchantes espontáneos no han querido ni quieren ver.

Históricamente, la lucha por los derechos LGTBIQ+ estuvo centrada en la despenalización de la homosexualidad, la lucha contra el VIH/SIDA, así como la protección frente a la violencia homofóbica, aparte el mal llamado matrimonio igualitario (una figura que, como unión civil, podría ser viable, pero que bajo su actual denominación incurre en una desnaturalización del acto jurídico, asunto del que no nos ocuparemos aquí). Ahora bien, en los últimos años, gran parte del espacio político y mediático ha sido ocupado por el activismo trans, muchas veces sin consultar ni considerar a otros colectivos dentro de la propia sigla.

Esto ha llevado a situaciones problemáticas, como la eliminación de espacios específicos para mujeres lesbianas, sustituidos por eventos inclusivos que permiten la entrada de hombres trans; la criminalización de la disidencia dentro del colectivo LGTBIQ+, como en el caso de artistas musicales o escritores que expresan dudas sobre el modelo trans y son acusados de «traidores»; la confusión en leyes antidiscriminatorias, que terminan priorizando la identidad autodeclarada por encima del sexo biológico, afectando derechos adquiridos por homosexuales y mujeres.

[Cordura]

La negación del sexo biológico pone en peligro, curiosamente, los fundamentos mismos del feminismo, que entiende que la «opresión patriarcal» se basa precisamente en la diferenciación anatómica entre hombres y mujeres, en sus diferencias tangibles, operatorias, de desempeño en diferentes labores. Dicho de otro modo, se entiende que las mujeres han sido y son aún discriminadas, aunque a menor escala, por su cuerpo, por su capacidad reproductiva, por su vulnerabilidad física ante la violencia masculina. Si se elimina la categoría de «mujer» y se reemplaza por «personas con identidad femenina», se vacían de sentido las luchas feministas por la igualdad y la seguridad.

Este debate se ha hecho visible en múltiples escenarios, como el caso de Germaine Greer o Sheila Jeffreys, figuras históricas del feminismo que han sido calificadas como «transfóbicas» simplemente por defender la importancia del sexo biológico.

Aunque el discurso público suele presentar a la población trans como un grupo mayoritario y ampliamente discriminado, los datos verificados muestran otra realidad. Como muestra, algunos datos del muy serio trabajo hecho por Errasti y Pérez en Nadie nace en un cuerpo equivocado, libro publicado en 2023:

– La prevalencia de identidades trans se sitúa entre el 0.3% y el 0.6% de la población general, lejos de las cifras alarmantes difundidas en redes sociales.

– En el Reino Unido, investigaciones del Servicio Nacional de Salud (NHS) indican que un número creciente de personas está revirtiendo su identidad trans después de haber seguido tratamientos hormonales o quirúrgicos, lo que plantea serias dudas sobre la praxis médica actual.

– Estudios en Estados Unidos, como el realizado por Human Rights Campaign Foundation y Whitman-Walker Health (2017), muestran definiciones ambiguas y contradictorias de términos como «sexo» y «género», lo cual contribuye a la confusión conceptual en ámbitos educativos, sanitarios y jurídicos.

[En aulas…]

Lo que inicialmente se presentó como una lucha por la inclusión y la diversidad ha derivado en una reconfiguración ideológica del sistema educativo a nivel global, con implicaciones profundas en la enseñanza, la formación docente, las políticas institucionales y, especialmente, en la relación entre los estudiantes y su cuerpo.

El planteamiento queer, aplicado al ámbito educativo, promueve la eliminación progresiva de cualquier referencia al sexo binario en el currículo escolar, sustituyéndolo por conceptos abstractos como «identidad de género» o «género fluido». En segundo lugar, se establecen protocolos de actuación en los centros educativos que priorizan la autoidentificación del estudiante por encima de su realidad biológica, lo cual afecta directamente a espacios segregados por sexo, como vestuarios, baños o deportes escolares.

Un ejemplo paradigmático de esta tendencia es Estados Unidos, donde en 2021 el Departamento de Educación bajo la administración Biden emitió una directriz interpretando el Título IX de la Ley de Derechos Civiles para incluir la identidad de género como una categoría protegida contra la discriminación. Esto significó un giro radical en la política educativa federal, ya que permitió que estudiantes trans participaran en equipos deportivos según su identidad de género autodeclarada, sin necesidad de haber iniciado tratamientos hormonales o quirúrgicos. Este cambio generó críticas no solo por parte de grupos conservadores, sino también de atletas femeninas que denunciaron la desigualdad física en competencias donde participaban chicas nacidas mujeres frente a estudiantes asignados como hombres al nacer.

En el Reino Unido, organizaciones como Mermaids y Gendered Intelligence han influido en la elaboración de guías para escuelas sobre cómo abordar casos de disforia de género en menores. Sin embargo, estas mismas organizaciones han sido investigadas por entidades médicas independientes, como la revisión liderada por Hilary Cass, ex presidenta del Colegio de Médicos Pediátricos del Reino Unido, quien concluyó en 2022 que «no hay suficiente evidencia científica para respaldar la implementación de protocolos afirmativos basados únicamente en la autodeclaración de género en niños y adolescentes».

En España, trece comunidades autónomas han firmado protocolos de actuación en centros educativos públicos que obligan a respetar la identidad de género autoproclamada de los estudiantes, incluso sin consentimiento parental. Estos protocolos, en muchos casos redactados por colectivos activistas, establecen medidas como el uso de nombres y pronombres acordes a la identidad de género declarada, la prohibición de cuestionar dicha identidad dentro del centro educativo y la creación de comités internos que monitorizan posibles «conductas transfóbicas» entre el profesorado y el alumnado. La falta de regulación central y la dispersión normativa han generado una situación de inseguridad jurídica y confusión pedagógica, especialmente en colegios e institutos donde se carece de criterios claros sobre cómo actuar ante conflictos relacionados con la identidad de género.

En Suecia, se produce una reacción contraria. Desde 2023, el gobierno sueco ha anunciado cambios en su política sanitaria respecto a la atención a menores con disforia de género, limitando el acceso a bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales hasta que haya más estudios científicos sólidos. Esta decisión fue tomada tras una evaluación del Servicio Nacional de Salud que señalaba que los beneficios de estos tratamientos no estaban demostrados y que los riesgos a largo plazo eran desconocidos. Este giro político contrasta claramente con la postura oficial del Reino Unido o Canadá, donde aún prevalece el modelo afirmativo.

Hispanoamérica tampoco ha quedado al margen de este debate. Argentina, orgullosa pionera en legislación trans en la región, aprobó en 2012 la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio registral del nombre y sexo en documentos oficiales sin necesidad de intervención médica ni judicial. Esta ley sirvió de modelo para otros países, como Uruguay o Ecuador, aunque con matices. Sin embargo, en Chile, donde en 2021 se aprobó una ley similar, surgieron críticas desde sectores feministas y de izquierdas que señalaron cómo la nueva normativa omitía garantizar espacios seguros para las mujeres, especialmente en contextos como prisiones o refugios, donde la presencia de personas asignadas como hombres al nacer pero que se identifican como mujeres genera tensiones en términos de seguridad y protección.

En Australia, el debate ha centrado en el contenido curricular destinado a educación primaria y secundaria. El caso más polémico fue el programa Safe Schools, lanzado en 2010, que introducía contenidos sobre identidad de género y sexualidad en edades muy tempranas. Tras una campaña mediática y política impulsada por padres y maestros, el programa fue cancelado en 2016, pero no antes de generar un intenso debate sobre la edad adecuada para hablar de estas cuestiones y si deben formar parte del currículo obligatorio.

Lo que subyace detrás de todos estos casos es una tensión profunda entre dos concepciones distintas de la educación: una que prioriza la libertad individual y la autodefinición del yo, y otra que defiende la objetividad científica, la protección infantil y la equidad en espacios segregados por sexo. Mientras el movimiento queer insiste en que el sexo es una construcción social y que debe dejarse de lado para construir nuevas categorías inclusivas, numerosos estudios científicos avalan que el dimorfismo sexual es una realidad biológica observable, con implicaciones evolutivas, anatómicas y psicológicas que no pueden ignorarse sin consecuencias.

Además, hay que tener en cuenta el papel de grandes corporaciones tecnológicas y fundaciones internacionales en la expansión de estas políticas. Empresas como Google, Facebook y Microsoft han financiado campañas educativas que promueven la visión queer del género, mientras que fundaciones como Open Society de George Soros o la Fundación Ford han apoyado proyectos de supuesta investigación y divulgación en esta misma línea. Esto ha generado un entorno donde el discurso disidente es cada vez más difícil de expresar, especialmente en espacios académicos y educativos, donde el miedo al linchamiento digital o a represalias laborales inhibe el debate plural.

(Por cierto, hagan la prueba de buscar en Internet información sobre Open Society en relación a estos mismos temas y verán como todo es calificado, literalmente, de filantropía, prácticamente sin opción crítica alguna. Salvo, claro, que quieran que su historial de búsquedas sea objeto de seguimiento por bots.)

[Emancipación]

La verdadera emancipación no pasa por la imposición de identidades, sino por la libertad de elegir y de pensar diferente. En este sentido, el movimiento LGTBIQ+ debería recuperar su vocación inclusiva y plural, sin caer en el dogmatismo identitario. Del mismo modo, el feminismo debe seguir defendiendo el derecho de las mujeres a organizarse en función de su sexo, sin temor a ser calificadas de excluyentes o retrógradas.

Además, claro, queda un larguísimo camino para garantizar que:

– Se respete la autonomía personal sin eliminar categorías necesarias para la protección legal.

– Se mantengan espacios segregados por sexo en contextos donde sea necesario (deporte, refugios, hospitales, escuelas).

– Se revise la medicalización acelerada de menores con disforia de género, priorizando evaluaciones psicológicas profundas y seguimiento multidisciplinario.

Referencias bibliográficas:

– Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.

– Errasti, J. y Pérez, M. Nadie nace en un cuerpo equivocado (2023). Planeta de Libros.

– Human Rights Campaign Foundation & Whitman-Walker Health (2017). Understanding Gender Terms and Definitions.

– NHS England. (2022). Rising Numbers of People Detransitioning After Medical Transition.

– Pew Research Center. (2020). Public Attitudes Toward Transgender People and Issues.