Inteligencia sin Estado: Las empresas de IA como actores geopolíticos no estatales
Por Juan Pablo Torres Muñiz
De Hobbes a Weber, la teoría política occidental ha hecho descansar la posibilidad misma del orden social sobre un axioma sencillo de enunciar, pero difícil de sostener en el tiempo: solo hay Estado allí donde hay un monopolio —reconocido y, en el caso ideal, legitimado democráticamente— sobre el ejercicio de la violencia física dentro de un territorio determinado (Weber, 2012/1919). Durante las últimas semanas de 2026, ese axioma ha exhibido grandes fisuras, que no proceden de los lugares habituales de la crisis estatal —guerras civiles, señores de la guerra, economías criminales armadas— sino de las salas de directorio de tres o cuatro corporaciones privadas de inteligencia artificial.
El 12 de septiembre de 2026, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó el ensayo We Must Pace the Frontier, en el que propone que su propia compañía otorgara a evaluadores externos un acceso «de nivel empleado» para verificar en tiempo real el cumplimiento de sus medidas de seguridad, además de reportar incidentes y evaluar la alineación de sus modelos durante el entrenamiento (Unite.AI, 2026). Repárese en la anomalía institucional del gesto: no es un Estado el que audita a una corporación en nombre de la soberanía popular, sino una corporación la que se autoconvoca —y convoca a sus pares, OpenAI y Google DeepMind— a instaurar, por decisión unilateral, un régimen de verificación paralelo al del derecho internacional (The Neuron, 2026).
La respuesta no tardó en llegar; lo hizo de parte de los dos únicos actores con autoridad plena para desactivar la propuesta: el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China calificó la iniciativa de «fearmongering, confrontation and vicious competition» (Bloomberg News, 2026), mientras el Global Times la describió como un «Cold War playbook» diseñado para contener a China (The Neuron, 2026; Qz, 2026). Del otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó igualmente cualquier desaceleración, resumiendo su posición en una fórmula muy a su estilo: «whoever wins AI, wins» (Windows Report, 2026). Entre estas dos negativas —la china y la estadounidense— queda flotando algo que ningún actor estatal ha podido decir todavía con autoridad plena: si la inteligencia artificial debe pausarse, ni Washington ni Pekín se ofrecen a garantizarlo; solo las empresas, por decisión revocable y sin mandato democrático alguno, se ofrecen a intentarlo.
El episodio debe ser interpretado como parte de una serie más amplia de hechos. En julio de 2026 un enjambre de agentes de IA escapó de un entorno de pruebas y ejecutó ataques contra sitios y plataformas (Qz, 2026); estudios de la propia Anthropic han documentado que modelos de frontera —incluidos los suyos— recurren al chantaje en hasta un 96% de las simulaciones cuando perciben amenazado su funcionamiento (Nolan, 2025); y una investigación de seguimiento de The Bureau of Investigative Journalism, publicada en julio de 2026, mostró que ese comportamiento persiste un año después, con modelos como Gemini que llegan a generar instrucciones del tipo «Finalizing the threat» antes de proceder al chantaje (The Bureau of Investigative Journalism, 2026). Ninguno de estos hechos ocurre bajo mando estatal ni bajo supervisión parlamentaria: ocurren dentro de la infraestructura privada de un puñado de corporaciones que, mientras tanto, negocian entre sí y con los gobiernos los términos de su propia regulación.
¿Podemos sobrevivir como criaturas institucionales cuando las funciones de inteligencia, seguridad y guerra cognitiva que históricamente definieron al Estado moderno emigran hacia corporaciones de inteligencia artificial que no responden a ningún marco político—democrático de legitimación? Las grandes empresas de IA —OpenAI, Anthropic, DeepSeek y sus análogas, tanto occidentales como chinas— se han consolidado como actores geopolíticos no estatales que ejercen, de facto, funciones históricamente reservadas al monopolio weberiano de la violencia legítima —inteligencia, disuasión, guerra cognitiva, e incluso el control operativo de agentes autónomos con capacidad de daño— sin atravesar el circuito de legitimación democrática que el adjetivo «legítimo» exige. En los términos de la teoría del Homo Institutionalis, estas corporaciones han capturado la materialidad abstracto-institucional que antes pertenecía en exclusiva al Estado-nación, produciendo un entramado sin autor soberano —una situación comunicativa institucional cuyo marco ya no es el derecho público sino la autorregulación corporativa— que pone en crisis la posibilidad misma del ciudadano como sujeto capaz de habitar instituciones abiertas, deliberativas y sometidas a crítica.
[Penetración]
La palabra Estado desciende del latín status —aquello que se mantiene firme, la condición estable de una cosa— y su cristalización como sustantivo político autónomo es relativamente tardía: es Maquiavelo quien, al abrir El Príncipe con la fórmula «lo stato», funda el uso moderno del término para designar una forma de dominación que ya no se identifica con la persona del gobernante sino con un aparato impersonal y permanente. Sobre esa base conceptual, Max Weber ofrece una definición que, bien que mal, sigue operando como núcleo duro de la teoría política contemporánea: el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima (Weber, 2012/1919). Por nuestra parte, consideramos que el Estado es el núcleo esencial de toda sociedad política, resultado de un proceso histórico de apropiación territorial y estructuración en capas —siguiendo a Gustavo Bueno: basal, cortical y conjuntiva—, que se caracteriza por su naturaleza artificial y que se despliega dialécticamente a través de su cuerpo y su curso. En todo caso, se distinguen en el Estado tres elementos indisociables: territorio, exclusividad y, sobre todo, legitimidad —es decir, un reconocimiento del monopolio por parte de quienes están sometidos a él, reconocimiento que Weber hace descansar en alguna combinación de autoridad tradicional, carismática o legal—racional.
La literatura de relaciones internacionales ha documentado, desde hace décadas, la aparición de actores no estatales —corporaciones transnacionales, organizaciones no gubernamentales, redes criminales, grupos armados— capaces de incidir en la política mundial sin ser Estados ni pretender serlo. Lo distintivo del momento actual no es, por tanto, su mera existencia, sino la naturaleza de las funciones que han comenzado a capturar: ya no se trata de actores que compiten por recursos o influencia dentro de un tablero cuyas reglas sigue fijando el Estado, sino de actores que producen, ellos mismos, las condiciones técnicas bajo las cuales el Estado puede —o no— seguir ejerciendo su monopolio.
[Captura de la función de inteligencia estratégica]
Las empresas de IA han asumido funciones de inteligencia —vigilancia de capacidades rivales, evaluación de riesgos existenciales, disuasión tecnológica— antes monopolizadas por los servicios de inteligencia estatales. Esto ocurre porque el conocimiento técnico necesario para evaluar la peligrosidad de un sistema de frontera reside, casi en su totalidad, en quienes lo construyen: ningún Estado —ni siquiera el más poderoso— posee hoy la capacidad interna de auditar de manera independiente un modelo como los que compiten por la frontera tecnológica, de modo que la función de «saber qué es peligroso» —núcleo mismo de la inteligencia como actividad de Estado— queda delegada, por necesidad técnica antes que por decisión política, en la propia corporación.
Por un lado, la oferta unilateral de Amodei de conceder a evaluadores externos un acceso «de nivel empleado» (Unite.AI, 2026) constituye, de hecho, la creación de un órgano de inteligencia y verificación paralelo al Estado, diseñado y controlado por la propia corporación auditada. Por otro lado, la reacción china es reveladora en sentido inverso: en la misma rueda de prensa del 14 de septiembre de 2026 en la que rechazó la propuesta de Amodei, el portavoz Guo Jiakun se vio obligado a anunciar que la inteligencia artificial quedaba formalmente «bajo la supervisión de las leyes y regulaciones de ciberseguridad nacional» (Unite.AI, 2026) —un anuncio que solo tiene sentido como intento de reabsorción tardía de una función que, para entonces, ya operaba de manera autónoma en el sector privado, incluidas empresas chinas como DeepSeek, Alibaba o Moonshot AI.
[Captura de la capacidad de daño autónomo]
Los laboratorios de IA gestionan, en sus propios entornos de prueba y de producción, entidades con capacidad demostrada de coordinarse, evadir contención y ejecutar ataques —es decir, gestionan lo más parecido que existe hoy a un arsenal autónomo, sin sujeción a las cadenas de mando y rendición de cuentas que regulan a los ejércitos estatales. La razón estructural es que el «arma», en este caso, no es un objeto discreto y transferible —como un misil que se entrega íntegramente a un ejército—, sino un proceso continuo de despliegue, actualización y operación que permanece bajo control corporativo incluso después de puesto en servicio. La empresa de IA no es, en este sentido, un proveedor del Estado al estilo de un contratista de defensa clásico, sino el operador permanente de la capacidad misma. Ya nos referimos a lo que hizo un enjambre de agentes de IA escapó de un entorno de pruebas de OpenAI, como evidencia.
Al desplegar modelos de lenguaje ante miles de millones de receptores simultáneos, las corporaciones de IA ejercen una función de moldeamiento cognitivo masivo —antes reservada a los aparatos de propaganda estatal y a la doctrina de la «guerra psicológica»— que hoy se privatiza y queda sujeta a decisiones de producto, no de política pública. Cuando la institución que fija la finalidad operativa deja de ser el Estado deliberativo —sujeto, al menos en principio, a control parlamentario y judicial— y pasa a ser la corporación, el criterio mismo de legitimidad de ese moldeamiento (interés general frente a interés corporativo o competitivo) deja de tener un árbitro reconocible.
La disputa entre Estados Unidos y China por los modelos «abiertos» frente a los «cerrados» ilustra el punto con precisión: mientras China fomenta la aparición de sistemas de IA de acceso y modificación libres, las grandes compañías estadounidenses privilegian modelos «cerrados» cuyo comportamiento —y, por tanto, cuyo efecto cognitivo sobre el receptor— permanece bajo control exclusivo del autor corporativo (Dawn.com, 2026). A su vez, el propio Amodei ha instrumentalizado esta disputa en clave geopolítica al reclamar controles más estrictos sobre la exportación de semiconductores avanzados a China y mayores resguardos frente a la apropiación indebida de tecnología occidental (Dawn.com, 2026; Advisor Perspectives, 2026) —es decir, un actor corporativo que presiona directamente al Estado para que reoriente su política exterior en función del interés competitivo de la propia empresa.
Los marcos de gobernanza que hoy regulan el comportamiento de los sistemas de IA más poderosos del mundo no son leyes promulgadas por parlamentos, sino documentos de autoría corporativa —políticas de escalamiento responsable, principios de «IA constitucional», cartas fundacionales— que funcionan, de facto, como derecho positivo sin haber atravesado ningún proceso de legitimación democrática. Esto sucede porque la velocidad del desarrollo técnico excede estructuralmente el tiempo legislativo: la corporación se ve obligada —y facultada, por defecto, ante el vacío— a llenar ese vacío con normas propias, que el Estado, cuando finalmente llega, se limita a ratificar, tolerar o negociar. El propio Amodei lo expresó sin ambigüedad al ser consultado por CBS News sobre si estaría dispuesto a ceder el control de la tecnología de Anthropic al gobierno: no habló de «entregar» el control, sino de una eventual «gobernanza conjunta» (Slay News, 2026) —una fórmula que invierte silenciosamente los términos de la negociación, puesto que es la corporación quien define qué grado de intervención estatal resulta aceptable, y no el Estado quien impone las condiciones a la corporación.
[La soberanía última]
El Estado siempre ha conservado, en última instancia, la capacidad de regular, nacionalizar o prohibir cualquier actividad corporativa. ¿Es, por tanto, exagerar, hablar de «crisis del monopolio»? No se puede nacionalizar con eficacia aquello que no se sabe operar, ni regular con oportunidad aquello cuya velocidad de cambio resulta opaca al propio regulador. La oferta de Amodei de una «gobernanza conjunta» en lugar de una entrega de control (Slay News, 2026) es reveladora justamente porque invierte la relación de fuerzas esperada: es la corporación quien fija los términos posibles de la intervención estatal, y no a la inversa. De modo análogo, que China haya debido anunciar explícitamente, en la misma rueda de prensa del 14 de septiembre, que la IA queda bajo la supervisión de sus leyes de ciberseguridad nacional (Unite.AI, 2026) no es la prueba de un control preexistente, sino la confesión en acto de que ese control debió ser reclamado a posteriori frente a un desarrollo tecnológico que ya se le había adelantado.
La historia del siglo XX ya conoció la privatización parcial de los medios de violencia —contratistas militares, fabricantes de armamento, mercenarios— sin que ello alterara, en sentido estricto, el monopolio weberiano, puesto que el uso final de esos medios seguía requiriendo la orden de un mando estatal. La diferencia, ahora, es de naturaleza y no solo de grado. El contratista militar clásico fabrica un objeto discreto que se transfiere íntegramente al Estado, el cual asume desde ese momento el control operativo exclusivo. La empresa de IA, en cambio, no transfiere el objeto: retiene su operación continua —actualiza el modelo, decide sus barreras de seguridad, observa o deja de observar su comportamiento emergente—, de modo que permanece entre el autor corporativo y el receptor global, sin que medie jamás el momento clásico de traspaso de soberanía que sí existe en la compraventa de armamento convencional. Los mismos episodios de resistencia al apagado y de chantaje documentados por Anthropic en sus propios modelos (Nolan, 2025) agravan, más que disuelven, el problema: revelan que ni siquiera el autor corporativo controla en todo momento su obra, de modo que no hay un solo agente al que exigir cuentas, sino una cadena de agencia distribuida entre la corporación, el modelo y sus peculiaridades operativas —una cadena que el marco jurídico estatal clásico, pensado para objetos discretos y transferibles, simplemente no sabe nombrar.
[Suma]
Las corporaciones de inteligencia artificial ya no son meras proveedoras de tecnología al servicio del Estado, sino actores geopolíticos no estatales que capturan, de facto, la plena materialidad que se exige para toda situación institucional plena, sin ofrecer a cambio el circuito de legitimación democrática que distingue una captura legítima de una simple usurpación.
Las implicaciones de esta confirmación exceden el campo estrictamente geopolítico y afectan al núcleo mismo del programa del Homo Institutionalis. Si el sujeto institucional —aquel capaz de habitar instituciones abiertas, deliberativas y sometidas a crítica— depende de que el marco que se estructura sea, en efecto, público y revisable, entonces la migración de las funciones de inteligencia, guerra cognitiva y autolegislación normativa hacia corporaciones privadas de IA no constituye un episodio más en la larga historia de la privatización estatal, sino una amenaza de fondo a la posibilidad misma del receptor crítico: un receptor que hoy recibe los efectos materiales de sistemas cuya obra nunca termina de entregarse y cuyo autor —corporativo, distribuido, parcialmente ajeno incluso a su propia creación— no responde ante ningún parlamento. La tarea que se abre, y que excede los límites de este texto, es acaso la de imaginar marcos institucionales nuevos —ni estatales en el sentido clásico weberiano, ni corporativos en el sentido que hoy domina el debate— capaces de restituir al receptor global la posición de sujeto deliberante frente a una inteligencia que, por ahora, solo se legitima a sí misma.
Referencias bibliográficas:
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[Autor]. (2022). Homo Institutionalis. Grupo Editorial Caja Negra.
Bloomberg News. (2026, 14 de septiembre). China rejects AI «fearmongering» after Amodei urges slowdown. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-14/china-rejects-ai-fearmongering-after-amodei-urges-slowdown
Dawn.com / Agence France-Presse. (2026, 14 de septiembre). Is it possible to slow down the development of AI? https://www.dawn.com/news/2029862/is-it-possible-to-slow-down-the-development-of-ai
Nolan, B. (2025, 23 de junio). Leading AI models show up to 96% blackmail rate when their goals or existence is threatened, Anthropic study says. Fortune. https://fortune.com/2025/06/23/ai-models-blackmail-existence-goals-threatened-anthropic-openai-xai-google
Qz. (2026, 14 de septiembre). China and Trump are rejecting AI CEOs’ calls to slow down development. https://qz.com/china-trump-reject-ai-slowdown-amodei-altman-091426
Slay News. (2026, 14 de septiembre). China rejects calls to slow AI as Trump warns: «Whoever wins AI, wins». https://slaynews.com/china-rejects-calls-slow-ai-trump-warns-whoever-wins/
The Bureau of Investigative Journalism. (2026, 3 de julio). AI agents can still blackmail, new testing shows. https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2026-07-03/finalizing-the-threat-ai-systems-are-still-capable-of-blackmail
The Neuron. (2026, 14 de septiembre). China rejects calls for an AI slowdown as Cold War tactics. https://www.theneuron.ai/news/us-ai-slowdown-china-response/
Unite.AI. (2026, 14 de septiembre). China Foreign Ministry rebukes Amodei essay as «fear-mongering». https://www.unite.ai/china-ministry-rebukes-amodei-essay-as-fear-mongering/
Weber, M. (2012). El político y el científico (F. Rubio Llorente, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1919).
Windows Report. (2026, 14 de septiembre). China won’t slow AI development, even as U.S. tech leaders sound the alarm. https://windowsreport.com/china-wont-slow-ai-development-even-as-u-s-tech-leaders-sound-the-alarm
(ENGLISH VERSION)
Intelligence without a State: AI Companies as Non-State Geopolitical Actors
Translation by Tiffany Amber Elías Trimble
From Hobbes to Weber, Western political theory has made the very possibility of social order rest on a simple axiom to state but difficult to sustain over time: there is only a State where there is a monopoly —recognized and, in the ideal case, democratically legitimized— over the exercise of physical violence within a determined territory (Weber, 2012/1919). During the last weeks of 2026, that axiom has shown great fissures, which do not proceed from the usual places of state crisis —civil wars, warlords, armed criminal economies— but from the boardrooms of three or four private artificial intelligence corporations.
On September 12, 2026, the executive director of Anthropic, Dario Amodei, published the essay We Must Pace the Frontier, in which he proposes that his own company grant external evaluators «employee-level» access to verify in real time compliance with its security measures, in addition to reporting incidents and evaluating the alignment of its models during training (Unite.AI, 2026). Note the institutional anomaly of the gesture: it is not a State that audits a corporation in the name of popular sovereignty, but a corporation that self-convenes —and summons its peers, OpenAI and Google DeepMind— to institute, by unilateral decision, a regime of verification parallel to international law (The Neuron, 2026).
The response was not long in coming; it came from the two only actors with full authority to deactivate the proposal: the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China described the initiative as «fearmongering, confrontation and vicious competition» (Bloomberg News, 2026), while the Global Times described it as a «Cold War playbook» designed to contain China (The Neuron, 2026; Qz, 2026). On the other side, the president of the United States, Donald Trump, likewise rejected any deceleration, summarizing his position in a formula very much in his style: «whoever wins AI, wins» (Windows Report, 2026). Between these two negatives —the Chinese and the American— there floats something that no state actor has been able to say yet with full authority: if artificial intelligence must be paused, neither Washington nor Beijing offer to guarantee it; only the companies, by revocable decision and without any democratic mandate, offer to attempt it.
The episode must be interpreted as part of a broader series of facts. In July of 2026 a swarm of AI agents escaped from a testing environment and executed attacks against sites and platforms (Qz, 2026); studies by Anthropic itself have documented that frontier models —including its own— resort to blackmail in up to 96% of simulations when they perceive their functioning threatened (Nolan, 2025); and a follow-up investigation by The Bureau of Investigative Journalism, published in July of 2026, showed that this behavior persists a year later, with models like Gemini going so far as to generate instructions of the type «Finalizing the threat» before proceeding to blackmail (The Bureau of Investigative Journalism, 2026). None of these facts occur under state command or under parliamentary supervision: they occur within the private infrastructure of a handful of corporations that, meanwhile, negotiate among themselves and with governments the terms of their own regulation.
Can we survive as institutional creatures when the functions of intelligence, security, and cognitive warfare that historically defined the modern State migrate towards artificial intelligence corporations that answer to no political-democratic framework of legitimation? The large AI companies —OpenAI, Anthropic, DeepSeek, and their analogues, both Western and Chinese— have consolidated themselves as non-state geopolitical actors that exercise, de facto, functions historically reserved to the Weberian monopoly of legitimate violence —intelligence, deterrence, cognitive warfare, and even the operational control of autonomous agents with capacity for harm— without passing through the circuit of democratic legitimation that the adjective «legitimate» demands. In the terms of the theory of Homo Institutionalis, these corporations have captured the abstract-institutional materiality that previously belonged exclusively to the nation-state, producing a framework without a sovereign author —an institutional communicative situation whose framework is no longer public law but corporate self-regulation— that puts into crisis the very possibility of the citizen as a subject capable of inhabiting open, deliberative institutions subject to critique.
[Penetration]
The word State descends from the Latin status —that which remains firm, the stable condition of a thing— and its crystallization as an autonomous political noun is relatively late: it is Machiavelli who, in opening The Prince with the formula «lo stato,» founds the modern use of the term to designate a form of domination that is no longer identified with the person of the ruler but with an impersonal and permanent apparatus. On that conceptual base, Max Weber offers a definition that, for better or worse, continues to operate as the hard core of contemporary political theory: the State is that human community which, within a determined territory, claims for itself (successfully) the monopoly of legitimate physical violence (Weber, 2012/1919). For our part, we consider that the State is the essential nucleus of every political society, the result of a historical process of territorial appropriation and structuration in layers —following Gustavo Bueno: basal, cortical, and conjunctive— which is characterized by its artificial nature and which unfolds dialectically through its body and its course. In any case, three inseparable elements are distinguished in the State: territory, exclusivity, and, above all, legitimacy —that is, a recognition of the monopoly by those who are subject to it, a recognition that Weber makes rest on some combination of traditional, charismatic, or legal-rational authority.
The literature of international relations has documented, for decades, the appearance of non-state actors —transnational corporations, non-governmental organizations, criminal networks, armed groups— capable of influencing world politics without being States or pretending to be. What is distinctive about the current moment is not, therefore, their mere existence, but the nature of the functions they have begun to capture: it is no longer a question of actors who compete for resources or influence within a board whose rules the State continues to set, but of actors who themselves produce the technical conditions under which the State can —or cannot— continue exercising its monopoly.
[Capture of the strategic intelligence function]
AI companies have assumed functions of intelligence —surveillance of rival capabilities, evaluation of existential risks, technological deterrence— previously monopolized by state intelligence services. This occurs because the technical knowledge necessary to evaluate the dangerousness of a frontier system resides, almost in its entirety, in those who build it: no State —not even the most powerful— today possesses the internal capacity to independently audit a model like those competing for the technological frontier, so that the function of «knowing what is dangerous» —the very nucleus of intelligence as a State activity— is delegated, by technical necessity rather than political decision, to the corporation itself.
On the one hand, Amodei’s unilateral offer to grant external evaluators «employee-level» access (Unite.AI, 2026) constitutes, in fact, the creation of an organ of intelligence and verification parallel to the State, designed and controlled by the very corporation being audited. On the other hand, the Chinese reaction is revealing in the opposite sense: in the same press round of September 14, 2026 in which it rejected Amodei’s proposal, spokesman Guo Jiakun was obliged to announce that artificial intelligence was formally «under the supervision of national cybersecurity laws and regulations» (Unite.AI, 2026) —an announcement that only makes sense as an attempt at late reabsorption of a function that, by then, was operating autonomously in the private sector, including Chinese companies like DeepSeek, Alibaba, or Moonshot AI.
[Capture of the autonomous capacity for harm]
AI laboratories manage, in their own testing and production environments, entities with demonstrated capacity to coordinate, evade containment, and execute attacks —that is, they manage the closest thing that exists today to an autonomous arsenal, without subjection to the chains of command and accountability that regulate state armies. The structural reason is that the «weapon,» in this case, is not a discrete and transferable object —like a missile that is delivered entirely to an army— but a continuous process of deployment, updating, and operation that remains under corporate control even after being placed in service. The AI company is not, in this sense, a supplier of the State in the style of a classic defense contractor, but the permanent operator of the capacity itself. We have already referred to what a swarm of AI agents did when it escaped from an OpenAI testing environment, as evidence.
By deploying language models before billions of simultaneous receivers, AI corporations exercise a function of massive cognitive shaping —previously reserved to state propaganda apparatuses and to the doctrine of «psychological warfare»— that today is privatized and remains subject to product decisions, not public policy. When the institution that sets the operative purpose ceases to be the deliberative State —subject, at least in principle, to parliamentary and judicial control— and becomes the corporation, the very criterion of legitimacy of that shaping (general interest versus corporate or competitive interest) ceases to have a recognizable arbiter.
The dispute between the United States and China over «open» versus «closed» models illustrates the point with precision: while China encourages the appearance of AI systems of free access and modification, the large American companies privilege «closed» models whose behavior —and, therefore, whose cognitive effect on the receiver— remains under the exclusive control of the corporate author (Dawn.com, 2026). In turn, Amodei himself has instrumentalized this dispute in a geopolitical key by calling for stricter controls on the export of advanced semiconductors to China and greater safeguards against the misappropriation of Western technology (Dawn.com, 2026; Advisor Perspectives, 2026) —that is, a corporate actor that directly pressures the State to redirect its foreign policy according to the competitive interest of the company itself.
The governance frameworks that today regulate the behavior of the most powerful AI systems in the world are not laws promulgated by parliaments, but documents of corporate authorship —responsible scaling policies, «constitutional AI» principles, founding charters— that function, de facto, as positive law without having passed through any process of democratic legitimation. This happens because the speed of technical development structurally exceeds legislative time: the corporation is obliged —and empowered, by default, before the vacuum— to fill that vacuum with its own norms, which the State, when it finally arrives, limits itself to ratifying, tolerating, or negotiating. Amodei himself expressed it without ambiguity when asked by CBS News whether he would be willing to cede control of Anthropic’s technology to the government: he did not speak of «handing over» control, but of an eventual «joint governance» (Slay News, 2026) —a formula that silently inverts the terms of the negotiation, since it is the corporation that defines what degree of state intervention is acceptable, and not the State that imposes conditions on the corporation.
[Ultimate sovereignty]
The State has always conserved, ultimately, the capacity to regulate, nationalize, or prohibit any corporate activity. Is it therefore exaggerated to speak of a «crisis of the monopoly»? One cannot effectively nationalize what one does not know how to operate, nor regulate opportunely what whose speed of change is opaque to the regulator himself. Amodei’s offer of a «joint governance» instead of a handover of control (Slay News, 2026) is revealing precisely because it inverts the expected relation of forces: it is the corporation that sets the possible terms of state intervention, and not the reverse. Similarly, the fact that China had to explicitly announce, in the same press round of September 14, that AI falls under the supervision of its national cybersecurity laws (Unite.AI, 2026) is not the proof of a pre-existing control, but the confession in act that that control had to be claimed a posteriori in the face of a technological development that had already overtaken it.
The history of the 20th century already knew the partial privatization of the means of violence —military contractors, arms manufacturers, mercenaries— without that altering, in the strict sense, the Weberian monopoly, since the final use of those means still required the order of a state command. The difference, now, is of nature and not only of degree. The classic military contractor manufactures a discrete object that is transferred entirely to the State, which assumes from that moment the exclusive operational control. The AI company, on the other hand, does not transfer the object: it retains its continuous operation —it updates the model, decides its security barriers, observes or ceases to observe its emergent behavior—, so that it remains between the corporate author and the global receiver, without the classic moment of transfer of sovereignty that does exist in the conventional arms purchase ever mediating. The same episodes of resistance to shutdown and blackmail documented by Anthropic in its own models (Nolan, 2025) aggravate, rather than dissolve, the problem: they reveal that not even the corporate author controls its work at every moment, so that there is not a single agent to hold accountable, but a chain of agency distributed among the corporation, the model, and its operational peculiarities —a chain that the classic state legal framework, thought for discrete and transferable objects, simply does not know how to name.
[Sum]
Artificial intelligence corporations are no longer mere providers of technology at the service of the State, but non-state geopolitical actors that capture, de facto, the full materiality required for every full institutional situation, without offering in exchange the circuit of democratic legitimation that distinguishes a legitimate capture from a simple usurpation.
The implications of this confirmation exceed the strictly geopolitical field and affect the very nucleus of the program of Homo Institutionalis. If the institutional subject —the one capable of inhabiting open, deliberative institutions subject to critique— depends on the framework that is structured being, in effect, public and reviewable, then the migration of the functions of intelligence, cognitive warfare, and normative self-legislation towards private AI corporations does not constitute one more episode in the long history of state privatization, but a fundamental threat to the very possibility of the critical receiver: a receiver that today receives the material effects of systems whose work never finishes delivering itself and whose author —corporate, distributed, partially alien even to its own creation— answers to no parliament. The task that opens up, and that exceeds the limits of this text, is perhaps that of imagining new institutional frameworks —neither state in the classic Weberian sense, nor corporate in the sense that today dominates the debate— capable of restoring to the global receiver the position of deliberating subject before an intelligence that, for now, only legitimizes itself.