Orwell se quedó chico, dicen, refiriéndose a cuanto plantea su célebre novela 1984 (por lo mismo, prohibida hoy en varias escuelas anglosajonas). Es cierto. Pero conviene diferenciar entre la censura representada en dicha ficción y ésa de la que se habla sobre todo en redes sociales: la censura en general, como si sólo hubiera una y fuera siempre «mala».

Mientras la discriminación, por ejemplo, es una operación intelectiva más, una que, de por sí, no es ni buena ni mala, pero resulta, por supuesto, reprobable cuando se aplica a personas por motivos de raza, nacionalidad, credo o preferencia sexual en contra de su dignidad; la censura ha tenido desde sus orígenes, como lo revela el término mismo, una función de control moral y del comportamiento ciudadano. Por lo tanto, la cuestión de si es ésta es buena o mala requiere tener en cuenta el aspecto moral y el tipo de comportamiento que pretende regular, así como su ámbito. Si se aplica en las escuelas para impedir la propagación de discursos terroristas o de pornografía, bienvenida, por ejemplo. Como fuere, toda censura implica que se asume como riesgosa la difusión de determinada información o la comunicación de ciertas ideas, lo que pasa por el juicio que se tiene de la capacidad crítica del público al que, por tanto, se dice proteger.

Sirva lo dicho, simplemente, para dejar bien a las claras que, aunque la aplicación de la censura es discutible en contadas situaciones, no cabe en ningún caso que ataña directamente a los interesados a propósito del destino de sus bienes o, más gravemente, respecto a su integridad y seguridad personales. No en un supuesto Estado de Derecho. Mucho menos en una supuesta democracia. Pero es lo que hay. Eso y que, además, ahora no la ejercen solamente determinadas instituciones formales, sino, más que nunca, y con fuerza inusitada, lo que tan a las buenas llaman pueblo.

A quien tenga dudas, se lo invita cordialmente a decir algo políticamente incorrecto —lo que guste— en redes sociales. Verá que ninguna autoridad con credencial le hará frente antes que una buena turba de usuarios, digamos, pares. Lamentablemente, si lo que dice es lo suficientemente «incorrecto», las consecuencias no cesarán allí. De modo que, piénseselo un par de veces antes de acceder.

Debido a ello, a la facilidad con la que el control se ejerce desde determinadas coordenadas, con denominador común en el miedo —como fácilmente se percibe de la lectura de los once principios establecidos por el mismísimo Joseph Goebbels para la propaganda, cuya vigencia se nota hasta en los diez principios de manipulación de medios que señala Noam Chomsky—, quienes se apropian de los medios de comunicación y mensajería, pues tienen el poder.

Entonces…, más allá de dichos como el de que 1984 bien puede llegar a ser 2030, ¿en qué estamos?

En los últimos años, la Unión Europea (UE) ha impulsado una serie de iniciativas legales que, bajo el argumento de combatir la desinformación, el terrorismo y los discursos de odio, generan un marco de creciente vigilancia y control sobre las comunicaciones digitales. Proyectos como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) buscan regular plataformas y redes sociales, mientras que propuestas más controvertidas, como el Chat Control o la regulación de cifrado, amenazan la privacidad y la libertad de expresión.

Basta echar un ojo a documentos oficiales de la UE, informes de organizaciones de derechos digitales como Electronic Frontier Foundation (EFF) y Access Now, así como a The Guardian, Politico Europe y Le Monde para constatar multitud de propuestas y proyectos en marcha.

Uno de los más polémicos es el de «Chat Control», que obligaría a plataformas de mensajería cifrada (como Signal, WhatsApp o Telegram) a escanear automáticamente los mensajes en busca de material de abuso infantil (CSAM). Aunque el objetivo es legítimo, la técnica propuesta («client-side scanning») implica un monitoreo masivo y previo, violando el principio de «puertas traseras» en el cifrado, algo que expertos en ciberseguridad consideran un riesgo para la privacidad global (EFF, 2023). 

Pero ya desde antes (2024), el DSA impone a las grandes plataformas (Meta, Google, Twitter/X) la obligación de eliminar contenido ilegal de forma «rápida y eficaz». El problema aquí radica en qué determina que de dicho material sea considerado tal. Organizaciones como Access Now advierten que las medidas del DSA, incluido su hermetismo para la clasificación de información como «de cuidado», conlleva a una sobre-censura automatizada, donde algoritmos eliminan discursos legítimos «por error».

Hasta el momento, la UE ha presionado a empresas como Meta para que abandonen el cifrado en Messenger e Instagram, alegando razones de seguridad nacional. Algo que, como es fácil de advertir, más allá de los intereses legítimos y las políticas de seguridad de distintos estados, pone en riesgo a periodistas y disidentes, pero también a usuarios comunes.

[Vacíos normativos]

Twitch y YouTube son las principales plataformas de streaming y contenido audiovisual a nivel global, y operan en un vacío normativo: no son medios tradicionales (sujetos a regulación estricta), pero tampoco son meros «foros neutrales». Su capacidad para eliminar contenido, desmonetizar canales o silenciar voces bajo políticas de «comunidad» ha dado pie a un patrón de censura selectiva, especialmente en temas sensibles como la pandemia, la guerra en Ucrania o críticas a la UE. Impera quien paga más o presiona mejor al «socio». Ocurre, principalmente, a través de:

a) Desmonetización y shadow banning: YouTube aplica algoritmos que restringen la visibilidad de videos con palabras clave como «COVID-19», «vacunas» o «Ucrania», incluso cuando no violan ninguna política. Por ejemplo: En 2021, YouTube eliminó entrevistas a médicos críticos con las vacunas (Robert Malone, Peter McCullough), alegando «desinformación médica». Por su parte, Twitch ha suspendido cuentas sin explicación clara, como la del analista geopolítico Pedro Baños (2023), cuya emisión sobre Ucrania con más visitas hasta ese momento fue retirada.

b) Cambios arbitrarios en políticas de moderación: En 2022 YouTube actualizó sus normas para prohibir «contenido que contradiga a la OMS» sobre COVID-19, incluso si lo que planteaba era un debate legítimo referido a fuentes probas. Twitch, por su parte, censuró multitud de transmisiones (2023) que cuestionaban el envío de armas a Ucrania, bajo la excusa de «discursos de odio».

c) Persecución a divulgadores críticos con la UE: El Coronel Pedro Baños, analista geopolítico, así como otros divulgadores, ha sufrido desmonetización, borrado de vídeos y acoso en redes por criticar la política de la OTAN en Ucrania. El mismo Alfredo Jalife, considerado actualmente el más importante especialista en la materia en español, padeció algo de lo propio hace tan sólo unos años, con el cierre de su cuenta de X, entonces, Twitter; hasta que se dio una cortesía de Elon Musk.

Pero el caso más sonado es acaso el de Russell Brand. En 2023, YouTube desmonetizó todos sus vídeos, tras acusaciones no probadas, en lo que muchos vieron un intento de silenciar sus críticas a la industria farmacéutica y la geopolítica occidental.

[Casos tópicos]

Entre los asuntos sobre los que más información ha sido removida y por la que más difusores han padecido perjuicios, tenemos:

a) COVID-19: YouTube borró más de 800.000 videos bajo la excusa de «desinformación médica», incluyendo discusiones sobre orígenes del virus, efectos adversos de vacunas y tratamientos alternativos.

b) Guerra de Ucrania: YouTube bloqueó canales rusos (RT, Sputnik) pero también a analistas occidentales críticos, como John Mearsheimer (Universidad de Chicago), por cuestionar la expansión de la OTAN. Del mismo modo, Twitch suspendió cuentas de streamers que mostraban imágenes de civiles en Donetsk, alegando «propaganda prorrusa».

Y aunque todavía resulta complicado referirse a la pandemia sin problemas, y más todavía al proceder de multitud de autoridades de entidades internacionales durante la respetiva crisis sanitaria, el tema sobre el que resulta cada vez más complicado hablar es, en definitiva, el del negocio de la guerra.

En los últimos años, los países de la Unión Europea (UE) y la OTAN han incrementado drásticamente su gasto militar, superando el 2% del PIB exigido por Washington, que ahora, además, lo eleva a 5%. Este aumento ha sido justificado por la guerra en Ucrania y la supuesta «amenaza rusa», pero no ha sido sometido a debate público serio; se ha financiado con deuda pública, beneficiando a la industria armamentística estadounidense; y las voces críticas al respecto han sido censuradas en plataformas digitales bajo acusaciones de «desinformación prorrusa».

En 2023, el gasto militar europeo alcanzó $380.000 millones, el mayor desde la Guerra Fría (SIPRI, 2024). Ahora, luego del más reciente acuerdo de la UE con Trump, la inversión será de $650.000 millones. Y, por si fuera poco, el nuevo acuerdo de inversiones en energía, compromete a los europeos a emplear nada menos que $750.000 millones en gas estadounidense, para no comprarle a Rusia. Como si EEUU no hubiera reconocido ya que «intervino» en Nord Stream hace un tiempo, dejándolo inoperativo.

Pero volvamos a la materia militar. Los megacontratos con EEUU son varios: Polonia compró 250 tanques Abrams y 32 aviones F-35 por $15.000 millones; y Alemania acordó 100.000 millones en modernización militar, incluyendo sistemas Lockheed Martin, por citar un par de ejemplos. Así, la deuda pública de la UE se dispara, mientras EEUU vende armas a crédito (como en la posguerra con el Plan Marshall). De hecho, el 68% del gasto militar europeo termina en contratos con empresas de EEUU (SIPRI, 2024); la Ley de Préstamo y Arriendo (Lend-Lease) para Ucrania (2022) obliga a Europa a comprar armas estadounidenses.

El sistema de contactos comerciales para agilizar las operaciones es harto complejo, pero no muy difícil de rastrear. Lockheed Martin, Raytheon y Boeing gastan millones en lobbying en la UE. En 2022, se reveló que al menos 34 exaltos cargos de la OTAN trabajaban para empresas de defensa. Otro tanto de lo mismo ocurre con el Qatargate (2022), en que se mostró cómo una serie de sobornos influyen hasta hoy en políticas de defensa. Y, ojo, todo esto, antes de los últimos acuerdos.

Como era de esperarse, los analistas que cuestionan el gasto militar y la compra de gas a EEUU, lo pasan mal, sin importar sus credenciales, salvo, acaso, para empeorar su situación. A Jacques Baud (exoficial de la OTAN), le eliminaron un par de artículos en Medium y Substack, bajo acusaciones de desinformación, como el inicio de una campaña de anulación y desprestigio cuyos márgenes se pierden a lo lejos. Lo lógico, dado que sistemas como EUvsDisinfo (UE) y NewsGuard (EEUU) etiquetan como «fake news» análisis críticos con el gasto militar.

La corrupción aflora a través de casos que se procura, resuenen poco, como el del FMI y el Banco Mundial, que condicionan préstamos a mayor gasto militar (caso de Polonia, que emitió bonos de guerra por $10.000 millones en Wall Street). Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (2023), halló sobreprecios en contratos de defensa, mientras que Airbus era multado en 2023 por sobornos en ventas de armas.

[Iberoamérica en la Geopolítica de la Censura]

Por estos lares, la situación, de por sí complicada, y nada al margen de los juegos de información y desinformación, reviste, no obstante, una enorme importancia, no sólo por la importancia de la Nueva Ruta de la Seda y la vinculación con China, sino, sobre todo por el debilitamiento del dólar y el del control narrativo global, hasta el momento, todavía con preponderancia de la Anglosfera. Por un lado, es blanco de presiones para adoptar modelos regulatorios europeos y estadounidenses que restringen la libertad de expresión. Por otro, ha surgido como refugio de voces disidentes frente al cerco mediático occidental, impulsado, convenientemente, por sus opositores, nada inocentes.

Hasta el momento, la UE ya ha exportado su modelo regulatorio a través de acuerdos comerciales y de cooperación con países latinoamericanos. Por ejemplo, en México, la Ley de Redes Sociales (2023) exige a plataformas retirar contenido «dañino» en 24 horas, similar al DSA; en Brasil, el PL 2630/2020 («Ley de Fake News») propone mecanismos de moderación que activistas consideran riesgosos para la libertad de expresión; pero en Argentina, ya en 2023, un juez ordenó a WhatsApp entregar mensajes de un grupo de protesta, algo técnicamente imposible sin romper el cifrado, mientras que en Colombia, el gobierno debatía medidas de vigilancia preventiva, similares a las europeas en nombre de la «seguridad ciudadana». Por otro lado, Ecuador han aumentado su gasto militar con préstamos de EEUU, mientras medios críticos en su territorio son etiquetados como de «desinformación» y tratados en consecuencia.

RT en Español, HispanTV, Telesur, aunque acusados de «propaganda», ofrecen, de algún modo, narrativas distintas a las habituales occidentales. Eso, mientras Odysee, Rumble, Telegram y Substack han ganado usuarios hispanos tras censura en YouTube/Twitter. EEUU no podría estar más preocupado al respecto; hace menos de un mes, se confirmó que RT en inglés cuenta ahora mismo con una audiencia mayor que CNN en su territorio, algo histórico.

Por el momento, mientras la UE y EEUU avanzan hacia un modelo chino «light»: censura algorítmica, etiquetado de «fake news», persecución legal, leyes como el DSA y DMA se extienden a más países. Los países alineados con ellos probablemente implementarán más pronto que tarde un conjunto de leyes de «transparencia digital» que en realidad censurarán toda forma de disidencia, mientras que los gobiernos que podemos calificar de soberanistas procurarán resistir la presión, mientras sufren las mayores campañas de desprestigio que quepan. En este panorama, más de un experto señala que Paraguay y Nicaragua se convertirán quizá en refugios para periodistas censurados en otras regiones.

De 2025 a 2030 veremos una mayor polarización entre países censores y libres. El gran riesgo es que Iberoamérica repita el modelo europeo de «censura benevolente»; mientras la gran oportunidad es que se consolide como último bastión de prensa libre.

Referencias bibliográficas:

– «Airbus Corruption Scandal Reveals Dirty Deals in Defense» (Der Spiegel, 2023). 

– «Argentina: Corte ordena a WhatsApp entregar chats cifrados, ¿es viable?» (La Nación, 2023). 

– «Automated Censorship in the EU: The DSA’s Hidden Costs» (Access Now, 2024). 

– «Brazil’s Fake News Bill Could Harm Free Speech, Warns RSF» (Reporters Without Borders, 2023). 

– «Brasil’s ‘Fake News Bill’ Could Criminalize Dissent» (The Intercept, 2023). 

– «Client-Side Scanning and the Apple-Style Backdoor to Encryption» (EFF, 2021). 

– «Cómo los medios alternativos ganan terreno en Latinoamérica» (Público, 2024). 

– «Cómo las Big Tech deciden qué opiniones son aceptables» (El Confidencial, 2024). 

– «Colombia evalúa medidas de vigilancia digital al estilo europeo» (El Tiempo, 2024). 

– «Digital Services Act: How the EU’s New Law Could Chill Free Speech» (The Guardian, 2023). 

– «El éxodo digital: periodistas migran a plataformas sin censura» (El Confidencial, 2023). 

– «El futuro de la libertad de expresión en la era de la censura algorítmica» (EFF, 2024). 

– «Europe’s Military Spending Boom: Who Benefits?» (Financial Times, 2023). 

– «EU Pushes Meta to Drop Encryption in Messenger, Citing Child Safety» (Bloomberg, 2023). 

– «EU’s ‘Chat Control’ Proposal Would Undermine Encryption, Experts Warn» (Politico Europe, 2022). 

– «EU Military Spending: Billions Lost to Corruption» (EU Observer, 2023). 

– «How Arms Companies Influence EU Defense Policies» (Transparency International, 2023). 

– «How EU-Funded Fact-Checkers Censor Dissent on Ukraine» (Consortium News, 2023). 

– «How the US Uses Debt to Control European Defense Policies» (The American Conservative, 2023). 

– «IMF Pushes Ukraine-Linked Military Spending in Europe» (Bloomberg, 2024). 

– «Is the EU Becoming a Digital Authoritarian Regime?» (Foreign Policy, 2024). 

– «Latinoamérica: ¿Nuevo campo de batalla por la libertad digital?» (Deutsche Welle, 2024). 

– «México aprueba polémica ley que obliga a redes a censurar contenido» (Animal Político, 2023). 

– «NewsGuard’s Blacklist: Who Decides What’s ‘Misinformation’?» (WSWS, 2024). 

– «Silenced Dissent: How NATO Controls the Narrative» (Caitlin Johnstone, 2023). 

– «The Censorship Industrial Complex» (Matt Taibbi, 2023). 

– «The Military-Industrial Complex’s Grip on EU Policy» (Politico EU, 2023). 

– «The Military-Industrial Complex’s Stranglehold on Europe» (Jacques Baud, 2024). 

– «US Arms Exports to Europe Hit Record High After Ukraine Invasion» (Reuters, 2024). 

– «Why Encryption Backdoors Threaten Democracy» (Internet Society, 2022). 

– «YouTube demonetizes geopolitical analysts questioning NATO spending» (MintPress News, 2023). 

– «¿América Latina seguirá el camino autoritario de Europa en regulación digital?» (Derechos Digitales, 2024). 

– «Hispanoamérica frente al nuevo orden digital» (Le Monde Diplomatique, 2024). 

– «Twitter suspends The Grayzone after reports on US proxy wars» (The Intercept, 2023). 

Informes y documentos institucionales:

– Artículos varios de The Intercept, MintPress News y Le Monde. 

– Casos verificados de creadores de contenido afectados (Pedro Baños, Russell Brand, etc.). 

– Documentos de la Electronic Frontier Foundation (EFF) sobre regulación digital. 

– Informes de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19. 

– Informes de RSF (Reporteros Sin Fronteras) y EFF (Electronic Frontier Foundation). 

– Informes del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) sobre gasto militar. 

– Investigaciones de The Grayzone, MintPress News y medios independientes latinoamericanos. 

– Investigaciones de Transparency International sobre lobbies militares.