Éxodo institucional y reflujo atlántico: Sobre Iberoamérica como destino para Europa
Por Juan Pablo Torres Muñiz
Hoy conviven, a ambos lados del Atlántico y dentro de la propia Iberoamérica, varias escenas migratorias que parecen de mundos distintos y que, sin embargo, forman parte de una misma recomposición institucional. En la costa de Colón, en Panamá, zarpan cada semana lanchas cargadas de migrantes venezolanos que ya no buscan llegar a Estados Unidos, sino regresar a Sudamérica: según reportes de 2026, son parte de un flujo de retorno que alcanza varios miles de personas, el 92% de ellas venezolanas, en lo que la Organización Internacional para las Migraciones ha descrito como una inversión de la ruta históricamente más transitada del hemisferio. Al mismo tiempo, en Montevideo, agentes inmobiliarios atienden a europeos, norteamericanos y brasileños que compran propiedades, estudian su residencia fiscal y comparan la estabilidad uruguaya con la de un continente europeo envejecido, endeudado y en pie de guerra. Uruguay exhibía en mayo de 2026, según el índice EMBI de JP Morgan citado por análisis especializados, un riesgo soberano de 56 puntos básicos, el más bajo de la región; Paraguay aparecía con 108 puntos; Argentina, mucho más volátil, con 556. Más al norte, Ciudad de México y Medellín reciben nómadas digitales cuya llegada presiona los alquileres y acelera procesos de gentrificación transnacional. Por gentrificación debe entenderse, en sentido riguroso, un proceso de reinversión y transformación socioeconómica de barrios previamente desinvertidos o de menor renta, acompañado por la llegada de población con mayor poder adquisitivo, aumento de precios y alquileres, cambios en los servicios urbanos y en la composición social, y posible desplazamiento directo o indirecto de residentes; ese desplazamiento, sin embargo, no es automático en todos los casos, y las formas latinoamericanas de gentrificación no reproducen mecánicamente el modelo anglosajón, sino que adoptan configuraciones propias según la estructura urbana, la informalidad, la política de vivienda y el papel del Estado (Janoschka & Sequera, 2014/2018; Schnake-Mahl et al., 2020). En el Darién, el flujo que antes subía hacia Estados Unidos se ha reducido de forma abrupta —las fuentes hablan de caídas superiores al 90% e incluso del 99% respecto de 2024, según el recorte temporal y la metodología— por el endurecimiento de la política migratoria de Washington. No hay, por tanto, una sola migración, ni una sola Iberoamérica, ni tan siquiera un solo Atlántico: hay un reflujo múltiple, desigual, simultáneamente forzado y electivo, coercitivo y mercantil, diplomático y patrimonial.
Ahora bien, ¿a qué nombra exactamente ese reflujo cuando la prensa económica y los operadores de residencia por inversión lo describen como una «tendencia» o como un «mercado»?
El vocabulario económico captura una parte del fenómeno —la compra de vivienda, el arbitraje fiscal, el tipo de cambio, la residencia por inversión, el visado de nómada digital—, pero deja sin nombrar su naturaleza más profunda: no se trata solo de personas que cambian de territorio, ni de capitales que se diversifican, sino de sujetos que abandonan unas instituciones y buscan otras. Desde el marco del Homo Institutionalis, ni el inmigrante ni el emigrante pueden reducirse a unidad estadística ni a agente racional-instrumental que optimiza variables. Deben ser comprendidos como sujetos constituidos por instituciones —familia, propiedad, ciudadanía, seguridad, transmisión patrimonial, proyecto vital— que, ante la erosión de esas mediaciones en su lugar de origen, procuran desinstitucionalizarse en un espacio para reinstitucionalizarse en otro. Migrar, en el ser humano, no es simplemente pasar de un punto a otro del mapa: es romper, desplazar o recomponer una vinculación institucional compleja.
La palabra «migración» procede del latín migrare, «cambiar de residencia», emparentado con meare, «pasar», «ir de un lugar a otro». No designa, en su raíz, un viaje cualquiera, sino un desplazamiento con vocación de permanencia. «Geopolítica», formada a partir del griego gê, «tierra», y politiká, «asuntos de la ciudad», remite al modo en que la disposición territorial condiciona el poder entre Estados. «Diplomacia» procede de díploma, el documento doblado en dos que acreditaba credenciales oficiales, de donde deriva la idea de una negociación mediada por instrumentos formales y no por la fuerza directa. Las tres nociones convergen hoy en un mismo campo problemático: el desplazamiento humano se ha convertido en una variable del cálculo estatal; se administra, cuando el sistema funciona, mediante normas, visados, acuerdos y declaraciones conjuntas; y se degrada, cuando el sistema colapsa, en coerción directa. Kelly Greenhill documentó al menos setenta y seis episodios desde 1951 de lo que denominó «armas de migración masiva»: la creación o explotación deliberada de movimientos migratorios masivos, reales o potenciales, como instrumento de presión política. Bielorrusia frente a Polonia en 2021 y Marruecos frente a España en Ceuta son los casos recientes más citados: un Estado que, en vez de contener el flujo hacia su vecino, lo tolera o lo organiza como forma de negociación por otros medios.
Esta precisión importa porque buena parte de la bibliografía migratoria contemporánea cae en una naturalización equívoca: presentar la migración como condición esencial del ser humano, como si nuestra especie fuese, en sentido propio, nómada. Esa tesis, tributaria de un ancestralismo que primitiviza el vínculo humano, equipara al hombre con especies migratorias no institucionales —aves, cetáceos, ungulados— y oculta un hecho decisivo: el Homo Institutionalis se constituye precisamente mediante formas de arraigo, sedentarismo, ciudad, derecho, memoria transmisible e institución. No se sigue de ello que migrar sea una anomalía moral ni una patología histórica; se sigue algo más exacto: que migrar, para el ser humano, es siempre un fenómeno institucional, forzado o electivo, y no el regreso a una supuesta esencia errante. El desplazado ucraniano, el venezolano que cruza o desanda el Darién, el nómada digital que se instala en Medellín o Ciudad de México, el inversor europeo que adquiere residencia fiscal en Uruguay o Paraguay y el solicitante de ciudadanía argentina por inversión no participan del mismo drama, aunque todos necesiten documentos, fronteras, normas y cierres jurídicos para existir como residentes legales. La confusión entre esas figuras impide pensar el fenómeno con rigor.
Europa no expulsa hoy a sus nacionales en el sentido masivo en que Venezuela expulsó a los suyos ni en el sentido en que Ucrania produjo millones de desplazados por la guerra. Conviene mantener la proporción: la migración europea hacia Iberoamérica prevista para 2026-2030 seguirá siendo cuantitativamente modesta frente a los grandes desplazamientos forzados contemporáneos. Pero su valor analítico no reside en su magnitud, sino en su carácter sintomático. La Organización Internacional para las Migraciones ya documentó que en 2012 emigraron desde Europa hacia el resto del mundo más personas de las que emigraron en sentido contrario, con España como principal origen hacia Iberoamérica y el Caribe. Análisis de 2025 describieron ese patrón como una posible «respuesta histórica» invertida: descendientes de quienes fueron acogidos por Iberoamérica hace un siglo podrían protagonizar ahora el movimiento contrario. Sin embargo, lo decisivo no es la inversión sentimental del relato migratorio, sino la desinstitucionalización europea que la hace verosímil.
La paz continental, que Europa occidental había institucionalizado desde 1945 como presupuesto casi metafísico de su forma de vida, dejó de operar como dato de fondo. Entre 2022 y 2026, el conflicto de Ucrania y la existencia de cerca de 5,9 millones de personas desplazadas fuera del país a comienzos de 2026, según ACNUR, convirtieron la paz en objeto de gestión activa. A ello se suma el rearme europeo: el fondo alemán de defensa de 100.000 millones de euros, el programa polaco de rearme, el compromiso español y belga con el objetivo de gasto de la OTAN, y la lectura política que vincula ese giro con el ascenso de fuerzas de extrema derecha en Francia y Alemania. En 2026, además, la fricción entre Estados Unidos y Europa por el sostenimiento de Ucrania se había vuelto un eje de incertidumbre geopolítica: Hungría vetaba el paquete de financiamiento europeo para Kiev, mientras analistas hablaban de carrera armamentística y de una posible escalada mayor entre la OTAN y Rusia, antes considerada remota.
El intento de reinstitucionalizar el reclutamiento militar en Alemania, según reportes de 2026, apenas habría logrado 530 alistamientos voluntarios frente a una meta de 40.000. Si la paz deja de funcionar como institución y su sustituto —el ejército profesional-voluntario o el retorno parcial de la conscripción— tampoco logra constituirse racionalmente para una parte de la juventud, el sujeto queda suspendido entre un orden que ya no le garantiza seguridad y otro que le exige un sacrificio que no reconoce como propio. En ese vacío, emigrar puede convertirse, para ciertos segmentos —predominantemente varones jóvenes, según indican foros especializados, aunque las estadísticas migratorias consolidadas todavía no lo confirman con rigor—, en una vía de facto para sustraerse a un camino de armas que no aceptan como criterio de vida.
A la crisis de seguridad se suma el colapso del criterio de progreso. El diagnóstico de Mario Draghi sobre la competitividad europea, publicado en 2024, y los seguimientos de 2025-2026 que constatan la ejecución de apenas el 15% de sus recomendaciones, no describen una recesión ordinaria. Señalan la erosión de una economía que, desde la posguerra, permitió al europeo medio suponer que el futuro sería, en general, mejor que el pasado. Que solo cuatro de las cincuenta mayores empresas tecnológicas del mundo sean europeas dice lo suyo: la institución «progreso» ha dejado de renovarse desde dentro. La demografía agrava el cuadro. Eurostat sitúa por encima del 21% —21,3% en algunas formulaciones— la población de la Unión Europea con sesenta y cinco años o más, y las proyecciones anticipan que hacia 2050 habrá dos personas mayores por cada joven en edad de trabajar en la Península Ibérica e Italia.
El ascenso de fuerzas de extrema derecha en Francia y Alemania, interpretado por parte del análisis político como voto de castigo al eje franco-alemán por su alineamiento con la OTAN y el rearme, fractura el consenso institucional que durante décadas ofreció previsibilidad a la vida civil europea. Paz, progreso y consenso político: tres ideales que no desaparecen de golpe, pero dejan de operar como suelo. En ese contexto, Iberoamérica no gana atractivo por una superioridad natural, climática o cultural indemostrable, sino por ciertas instituciones iberoamericanas con nombre propio: regímenes de residencia fiscal, tributación territorial, programas de ciudadanía por inversión, visados de nómada digital, movilidad regional y promesas de previsibilidad jurídica.
No todos los países de la región compiten con la misma intensidad ni con los mismos instrumentos. Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Perú y, con matices y mayor volatilidad, Argentina aparecen como destinos de corto y mediano plazo para la migración europea regular, patrimonial o calificada. A su alrededor, Brasil, Colombia, Ecuador, México y otros países participan del mercado de visados para nómadas digitales, que en 2026 forma parte de una competencia global de más de cincuenta países. Pero conviene no confundir esa arquitectura de atracción con la región que expulsa o recibe migración forzada. Venezuela, buena parte de Centroamérica y Haití siguen formando parte de otro régimen migratorio, susceptible de instrumentalización diplomática y coercitiva. La crisis venezolana llegó a movilizar, en su momento álgido, a más de siete millones de personas fuera del país. Lo distintivo de 2026 no es que esa crisis haya desaparecido, sino que el flujo se ha invertido parcialmente: el Darién, antes símbolo de tránsito hacia el norte, aparece casi vacío en comparación con 2024, y muchos venezolanos retornan por rutas marítimas no exentas de riesgo, evitando la selva. Esto no libera a Colombia, Panamá ni Venezuela de presión institucional; les impone otra, la de reintegrar retornados con programas insuficientes.
La cumbre CELAC-UE celebrada en Santa Marta en noviembre de 2025 certificó ese doble carácter. Su punto 47 declarativo comprometió a ambos bloques a fortalecer la cooperación en la gestión migratoria, «incluidos los procesos de retorno», de manera «regular, segura y ordenada». Pero ese lenguaje diplomático, necesario aunque insuficiente, se ocupó sobre todo del régimen de la migración forzada y del retorno. Guardó casi absoluto silencio sobre la competencia por captar talento, capital y residencia fiscal, que cada Estado libra por su cuenta. La diplomacia formal mira una mitad del fenómeno; la otra avanza mediante reformas tributarias, agencias de ciudadanía, inmobiliarias, consultoras privadas y plataformas de visado. Esta disociación es políticamente peligrosa: permite que una misma región reclame cooperación en materia de retorno vulnerable mientras algunos de sus Estados compiten por atraer patrimonios europeos mediante rebajas fiscales y accesos acelerados a residencia o ciudadanía.
Uruguay representa, dentro de esta competencia, un modelo de continuidad institucional. No exige al europeo un retorno a un origen nuevo, sino la prolongación, en otro territorio, de instituciones reconocibles: seguridad jurídica, respeto a la propiedad, previsibilidad fiscal, estabilidad política. Su régimen de residencia no se apoya necesariamente en una inversión mínima obligatoria, sino en solvencia económica demostrable; su reforma de residencia fiscal, mediante la Ley de Presupuesto 20.446 vigente desde enero de 2026, exonera durante once años las rentas de fuente extranjera y, para inversores inmobiliarios de al menos dos millones de dólares, reduce el requisito de presencia física a sesenta días al año. No hay contradicción entre ambas formulaciones si se distingue residencia migratoria, residencia fiscal general y beneficio fiscal asociado a inversión inmobiliaria de alto monto. Uruguay no vende tanto velocidad como continuidad: ofrece la posibilidad de trasladar una vida institucional europea a un marco rioplatense de baja fricción cultural.
Paraguay representa un modelo de fundación acelerada. Su sistema tributario territorial puro —sin impuesto al patrimonio ni a la herencia, con tasa única del 10% sobre la renta local y exención total de la renta extranjera—, sumado a un crecimiento del producto interno bruto sostenido entre el 4% y el 5% anual, lo ha convertido, según analistas especializados, en una jurisdicción de relocalización patrimonial con alta relación costo-beneficio. Sus solicitudes de residencia pasaron de 28.000 en 2024 a más de 47.000 en 2025, con una proyección de 80.000 para 2026, según IMI Daily. Ese crecimiento coincide con la obtención de grado de inversión por parte de Moody’s en 2024 y S&P en 2025, y con la modernización de su bolsa de valores sobre plataforma Nasdaq desde enero de 2026. Aquí no opera solo una etiqueta comercial: se fortalecen instituciones de segundo orden —mercados de capitales, calificación crediticia, infraestructura financiera— que pueden funcionar como garantías genuinas. Al mismo tiempo, el «Investor Pass», descrito por Forbes e IMI Daily como una nueva modalidad de «golden visa» o residencia por inversión, con umbrales entre 40.000 y 200.000 dólares según versiones del sector, introduce una tensión evidente: cuanto más rápido su proceso, mayor el riesgo de que la institución sea reducida a transacción.
Argentina representa un modelo de supuesta restauración, apenas simbólica. Su atractivo no descansa principalmente en estabilidad macroeconómica —su historia reciente lo desaconseja—, sino en la conveniencia de un pasaporte asociado a una nación de fuerte afinidad itálico-española y en la promesa de una ciudadanía directa por inversión. Aquí los materiales disponibles divergen y deben conservarse sin forzar una síntesis artificial: algunas fuentes periodísticas y sectoriales señalan que Argentina formalizó en julio de 2025 un programa de ciudadanía por inversión sin residencia previa ni plazos mínimos, con una Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión creada para tramitarlo; otras, como Forbes e IMI Daily en 2026, lo presentan como confirmado o en preparación para ese año. El propio sector estima un potencial de captación superior a 2.500 millones de dólares, y el acercamiento político con Washington aparece asociado a la expectativa de una futura exención de visa estadounidense para ciudadanos argentinos. Pero la objeción es fuerte: pese al giro de mercado impulsado por Javier Milei, la inversión extranjera directa de no residentes registró entre enero y noviembre de 2025 un flujo neto negativo de 1.800 millones de dólares, cifra negativa, mientras multinacionales como HSBC y Carrefour continuaron retirándose del país. ¿Tiene sentido hablar de atractivo cuando los indicadores de inversión productiva contradicen el relato? Sí, pero solo si se distingue el atractivo migratorio-patrimonial del atractivo de inversión corporativa de largo plazo. Un residente fiscal individual, un comprador inmobiliario y un solicitante de ciudadanía no operan con los mismos horizontes que una multinacional.
Costa Rica y Panamá completan, con menos centralidad teórica, pero con importancia práctica, el mapa de atracción. Ambos ofrecen estabilidad relativa, conectividad, servicios y marcos de residencia o visados orientados a rentistas, jubilados, inversionistas o trabajadores remotos. Panamá, además, ocupa una posición paradójica: es al mismo tiempo nodo logístico, plataforma de servicios y país directamente afectado por el giro del Darién. Costa Rica, por su parte, se proyecta como destino de seguridad jurídica, calidad ambiental y residencia para perfiles de renta internacional, aunque su escala y su presión inmobiliaria plantean límites. México y Colombia, especialmente Ciudad de México y Medellín, muestran el reverso urbano de la apertura: visados de bajo umbral, turismo prolongado y trabajo remoto pueden dinamizar servicios y consumo, pero también encarecer barrios enteros. Según Immigrant Invest, Colombia ofrecía en 2026 una visa de nómada digital con umbral de ingresos de 750 dólares mensuales; esa accesibilidad, institucionalmente eficaz para atraer población móvil, es socialmente ambivalente cuando aterriza en mercados de vivienda rígidos.
Perú debe añadirse a ese mapa con una cautela particular. No aparece como destino inequívocamente superior, ni conviene presentarlo como sustituto simple de Uruguay, Paraguay, Panamá o Costa Rica. Su interés reside en una combinación distinta: estabilidad macroeconómica relativa, apertura a la inversión, posición en el Pacífico, riqueza cultural y natural, y una vía oficial de residencia para inversionistas. El Banco Mundial informó un crecimiento de 3,4% en 2025 y proyectó 3,1% para 2026, al tiempo que subrayó la estabilidad macroeconómica del país, pero también sus problemas de baja productividad, informalidad, brechas territoriales, debilidad institucional e inseguridad ciudadana (Banco Mundial, 2026). El Fondo Monetario Internacional, por su parte, proyectó para 2026 un crecimiento real de 2,8% y una inflación de 2,5% (Fondo Monetario Internacional, 2026). El Banco Central de Reserva del Perú estimó inflación de 2,4% para 2026, superávit de cuenta corriente de 3,2% del PBI y un incremento de la inversión privada de 9,5%, cifras que refuerzan la imagen de una economía ordenada en términos macroeconómicos, aunque no eliminan sus fragilidades estructurales (Banco Central de Reserva del Perú, 2026). La divergencia entre organismos —3,1% según el Banco Mundial, 2,8% según el FMI— aconseja prudencia: no invalida la tesis del atractivo relativo, pero impide convertir una proyección favorable en certeza institucional.
La posición geopolítica peruana añade un elemento decisivo. China es el principal socio comercial de Perú, mientras Estados Unidos conserva relaciones comerciales, de seguridad y cooperación con Lima; además, Perú mantiene acuerdos de libre comercio con China, Estados Unidos y la Unión Europea (Klein, 2025). El puerto de Chancay, operativo desde noviembre de 2024 y mayoritariamente controlado por capital chino, puede convertir al país en un nodo logístico del Pacífico. Según el Center for Strategic and International Studies, si alcanza 3,5 millones de TEU, Chancay sería el tercer puerto más grande de Iberoamérica y el Caribe y el mayor controlado enteramente por una empresa estatal china (Berg et al., 2025). Pero esa promesa logística es también una fricción. Lust sostiene, desde un artículo académico, que Chancay puede profundizar la dependencia extractiva y el modelo primario-exportador, aun cuando prometa crecimiento, empleo e integración logística; advierte, además, sobre beneficios distributivos limitados, informalidad, riesgos ambientales y necesidad de planificación urbana (Lust, 2026). Perú puede beneficiarse de su posición de bisagra entre Beijing y Washington, pero también quedar expuesto a presiones estratégicas, vulnerabilidades comerciales y dependencia de infraestructura. No se trata de afirmar una militarización del puerto ni la existencia de una base china, sino de reconocer riesgos documentados de influencia, comercio, dependencia y vulnerabilidad estratégica.
En el plano migratorio, Perú ofrece algo específico, no un mero gesto promocional. La Superintendencia Nacional de Migraciones permite solicitar la calidad migratoria de residente para inversionista a extranjeros que establezcan, desarrollen o administren inversiones lícitas; exige una inversión conforme al monto normativo, transferencia internacional en un solo desembolso mediante entidad supervisada y ausencia de antecedentes, con trámite virtual y plazo indicado de 30 días hábiles (Superintendencia Nacional de Migraciones, 2026). No corresponde inventar un monto de inversión cuando la fuente oficial disponible no lo especifica. Lo relevante aquí es que Perú participa de la competencia iberoamericana por atraer capital y residencia mediante un dispositivo formal, pero lo hace bajo una doble condición: fortaleza macroeconómica relativa y fragilidad institucional persistente; oportunidad logística y exposición geopolítica; atractivo cultural y natural, pero también informalidad, inseguridad y desigualdad territorial. Se abre así a la especulación. Algo singularmente atractivo para quien tiene información de primera mano o, sin más, opera como agente extranjero.
En general, la gentrificación constituye una objeción central. En Ciudad de México, investigaciones académicas han documentado una gentrificación transnacional vinculada a la llegada de nómadas digitales, con incrementos de renta de hasta 60% en tres años en colonias como Roma y Condesa. En Medellín, el Banco de la República la ubicó como la ciudad más cara de Colombia para el alquiler, con arriendos hasta 13,7% superiores a los de Bogotá; otros reportes periodísticos han hablado de incrementos de hasta 81% en Medellín y Bogotá, y la Defensoría del Pueblo colombiana ha advertido sobre desplazamiento de población vulnerable. La objeción debe formularse sin atenuantes: si la apertura a migrantes de mayor poder adquisitivo expulsa a la población local de sus barrios, la oportunidad migratoria se convierte en una forma silenciosa de desposesión. La respuesta no puede consistir en negar el problema ni en sacrificarlo al beneficio fiscal agregado. La investigación urbana sugiere que la causa no es la migración en sí, sino la ausencia de una política de vivienda que la acompañe: limitada construcción de vivienda social, restricciones urbanísticas locales, regulación insuficiente del alquiler temporal y captura inmobiliaria de barrios centrales. Un Estado que abre la puerta al capital humano y patrimonial extranjero sin regular simultáneamente el mercado de vivienda no ejerce una institución abierta, sino una incompleta: privatiza el beneficio y socializa el costo.
La crítica debe ir todavía más lejos. La residencia y la ciudadanía son construcciones abstractas que regulan pertenencia, derechos, deberes, transmisión y cierre político. Cuando se reducen a un umbral de inversión expresado en dólares, se produce un rebajamiento de la complejidad material a simple mercancía. La ciudadanía deja de ser reconocimiento racional de una pertenencia efectiva —cultural, lingüística, laboral, generacional o política— y se convierte en producto financiero adquirible, valorado por rapidez de trámite, fiscalidad favorable o número de países accesibles sin visado. El lenguaje del sector es revelador: Lincoln Global Partners describe estos programas como un «sistema de soberanía regional» combinable a la carta. La soberanía, institución de cierre por excelencia, aparece ofrecida como menú para el consumidor internacional. Entonces, ¿qué ocurre cuando los Estados compiten no solo por inversión, sino por vender fragmentos de su propia pertenencia política?
No se sigue de esta advertencia que toda residencia por inversión sea simulacro o corrupción. La cuestión es distinguir entre fricción productiva y simple transacción. Una política migratoria puede atraer capital y, al mismo tiempo, reinstitucionalizar de forma genuina a sujetos que trabajan, habitan, pagan impuestos, transmiten patrimonio, aprenden códigos locales y se integran en comunidades políticas. Pero también puede producir residentes nominales, ciudadanos de papel, sujetos que compran una prótesis documental sin arraigo ni reciprocidad. El problema no es que el dinero participe de la institución, sino que la sustituya por completo.
El caso del ius sanguinis italiano muestra una inversión genealógica particularmente significativa. Desde 2025, Italia restringió la ciudadanía por descendencia a quienes tienen padre, madre o abuelo nacido en Italia, excluyendo a bisnietos y generaciones posteriores, según Arletti Partners. Durante más de un siglo, esa institución genealógica operó como puente para que descendientes de emigrantes italianos en el Río de la Plata reclamaran pertenencia europea. Al cerrarse en el origen, invierte su función: redirige a esas poblaciones, ya marcadas por vínculos culturales y lingüísticos europeos, hacia una consolidación sudamericana. Uruguay, por su cercanía cultural con la matriz europea rioplatense, aparece como receptor natural de esa reinstitucionalización. La institución genealógica no desaparece; se pliega sobre sí misma y refuerza, por vía negativa, la vinculación regional.
Desde esta perspectiva, los modelos de Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú no son intercambiables. Uruguay ofrece continuidad: estabilidad, previsibilidad, baja fricción cultural, exención fiscal de once años sobre renta financiera extranjera, solvencia demostrable y, en ciertos supuestos inmobiliarios de dos millones de dólares, presencia física reducida. Paraguay ofrece velocidad: residencia permanente inmediata o acelerada, fiscalidad territorial, bajo costo relativo, ausencia de impuesto patrimonial y de herencia, grado de inversión reciente y modernización bursátil. Argentina ofrece símbolo: ciudadanía, afinidad cultural itálico-española, posible proyección geopolítica del pasaporte y expectativa de acercamiento a Washington, aunque bajo alta volatilidad macroeconómica. Perú ofrece bisagra: estabilidad macroeconómica relativa, Pacífico, inversión, logística, riqueza cultural y residencia para inversionistas, pero bajo informalidad persistente, inseguridad, desigualdad territorial, dependencia extractiva y presión geopolítica entre China y Estados Unidos. Todos compiten por capital, pero sobre todo por criterios racionales de reconstitución: continuidad, velocidad, símbolo y bisagra.
El pasaporte, la residencia fiscal y la ciudadanía por inversión pueden entenderse, además, como prótesis institucionales: no extienden el cuerpo ni la mente del migrante, sino su condición de sujeto de derecho. Le permiten trabajar, poseer, heredar, circular, tributar y proyectar vida en un sistema distinto del que lo constituyó originalmente. El nómada digital instalado en Ciudad de México o Medellín con una visa de bajo umbral y el inversor patrimonial que obtiene residencia uruguaya mediante solvencia económica son variantes de un mismo Homo Proteticus institucional. El nómada digital suele portar una prótesis desmontable: puede regresar o desplazarse a otro país con bajo costo patrimonial. El inversor que compra propiedad, traslada residencia fiscal o compromete capital significativo vuelve su reinstitucionalización más profunda, pero también más vulnerable a cambios de régimen en el país receptor.
La asimetría entre migrante forzado, nómada digital e inversor es una de las zonas de sombra que la teoría debe abordar. Los tres difieren radicalmente en su capacidad de elegir el cierre. El desplazado ucraniano, el venezolano retornado por el Darién o el migrante usado como presión en Bielorrusia, Ceuta o cualquier frontera coercitiva no escoge entre paquetes institucionales; busca sobrevivir a una ruptura. El nómada digital elige entre jurisdicciones de conveniencia, aunque con precariedades propias. El inversor compara fiscalidad, pasaporte, riesgo soberano y horizonte patrimonial. Si Homo Institutionalis presupone un sujeto racional constituyente, debe reconocer que la racionalidad opera bajo grados muy distintos de coerción, información, capital y reversibilidad. La universalidad formal del sujeto no elimina la desigualdad material de sus opciones.
Gran parte de los datos que permiten describir el auge de residencias por inversión, «Investor Pass», programas de ciudadanía, inmobiliaria premium, visados de nómada digital o proyecciones de captación de capital proviene de prensa económica, consultoras especializadas y operadores con interés comercial directo en el sector. Deben leerse como indicadores de tendencia, no como estadística oficial verificada de forma independiente. Lo mismo vale para foros especializados que sugieren perfiles masculinos jóvenes entre europeos que migran por temor a la conscripción: son señales, no series consolidadas. En cambio, otros datos —Eurostat, ACNUR, OIM, declaraciones CELAC-UE, informes institucionales, fuentes oficiales peruanas, organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI, centros de estudios como CSIS o CRS, y artículos académicos como el de Lust— poseen naturaleza distinta. Un análisis riguroso no puede mezclar sin advertencia datos oficiales, prensa, consultoría, centros de estudios, organismos internacionales, artículos académicos y publicidad sectorial.
Sí, existen países iberoamericanos que se perfilan como destinos atractivos para una parte de la migración europea: Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Perú y Argentina, con la participación adicional de México, Colombia, Brasil, Ecuador y otros en el circuito de nómadas digitales. Lo hacen porque han construido instituciones capaces de capturar fragmentos de la crisis europea: residencia fiscal, tributación territorial, ciudadanía por inversión, visados, seguridad jurídica, movilidad regional, diplomacia económica, apertura a la inversión y, en el caso peruano, una posición logística singular en el Pacífico. Pero, al mismo tiempo, Iberoamérica sigue siendo escenario de migración forzada, retorno vulnerable e instrumentalización coercitiva: Venezuela, Darién, Colombia, Panamá, Centroamérica, Haití, y los precedentes iberoamericanos estudiados por Greenhill, como la crisis de los balseros cubanos, recuerdan que la movilidad humana puede ser arma antes que oportunidad. No hay un destino llamado Iberoamérica; hay una bifurcación institucional del continente.
Las implicaciones son concretas. La primera es urbana: ningún país que busque atraer europeos, rentistas, nómadas digitales o inversionistas puede sostener esa apertura sin política de vivienda, regulación del alquiler temporal, inversión en infraestructura y mecanismos de integración local. De lo contrario, la institución que atrae se convierte en institución que expulsa. La segunda es fiscal: la competencia por ventajas tributarias puede ser legítima si fortalece el conjunto institucional, pero se vuelve destructiva si reduce ciudadanía y residencia a mercancías de bajo arraigo. La tercera es diplomática: los Estados que se benefician de la migración europea de alto poder adquisitivo deberían impedir, por coherencia y cálculo estratégico, que sus territorios se conviertan en escenarios de instrumentalización de migraciones forzadas. La cuarta es geopolítica: los países que se ofrecen como bisagras logísticas o financieras deben evitar que la atracción de capital se transforme en dependencia estratégica
El nuevo reflujo atlántico revela algo más amplio sobre Occidente. Un número creciente de sujetos europeos ya no reconoce en los ideales que históricamente los inspiraron —paz garantizada, progreso económico continuo, pacto intergeneracional del Estado de bienestar, consenso político estable— un criterio suficiente para proyectar su vida futura. La realidad, como bien sabemos, tritura los ideales. Pues bien, algunos buscan en el Cono Sur, y en otros enclaves iberoamericanos, una alternativa: parcial, desigual, a veces genuina, a veces mercantilizada. Que esa oferta provenga en buena medida de países con tradiciones institucionales históricamente más frágiles que las europeas no es una paradoja menor, sino el dato más revelador: la institucionalidad no es patrimonio adquirido de una vez y para siempre; es una operación racional que debe renovarse permanentemente. Puede desplazarse de centro a periferia, del norte al sur, del viejo continente a repúblicas que parecían destinadas a exportar población y hoy compiten por recibirla. La lección final es sobria: no atrae el territorio por sí mismo, sino la institución que ese territorio consigue construir sobre sí; y no migra simplemente el poblador censado, sino el sujeto institucional entero, con sus miedos, propiedades, documentos, filiaciones, derechos y expectativas de futuro.
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(ENGLISH VERSION)
Institutional Exodus and Atlantic Reflux: On Ibero-America as a Destination for Europe
Translation by Tiffany Amber Elias Trimble
Today, on both sides of the Atlantic and within Ibero-America itself, several migratory scenes coexist that seem to belong to different worlds and yet are part of the same institutional recomposition. On the coast of Colon, in Panama, boats loaded with Venezuelan migrants set sail each week, no longer seeking to reach the United States but to return to South America: according to 2026 reports, they are part of a return flow reaching several thousand people, 92% of them Venezuelan, in what the International Organization for Migration has described as an inversion of the hemisphere’s historically busiest route. At the same time, in Montevideo, real estate agents attend to Europeans, North Americans, and Brazilians who buy properties, study their tax residency, and compare Uruguayan stability with that of an aging, indebted, and war-footing European continent. Uruguay in May 2026, according to the JP Morgan EMBI index cited by specialized analyses, showed a sovereign risk of 56 basis points, the lowest in the region; Paraguay appeared with 108 points; Argentina, much more volatile, with 556. Further north, Mexico City and Medellin receive digital nomads whose arrival pressures rents and accelerates processes of transnational gentrification. By gentrification, in a rigorous sense, one must understand a process of reinvestment and socioeconomic transformation of previously disinvested or lower-income neighborhoods, accompanied by the arrival of a population with higher purchasing power, rising prices and rents, changes in urban services and social composition, and possible direct or indirect displacement of residents; this displacement, however, is not automatic in all cases, and Latin American forms of gentrification do not mechanically reproduce the Anglo-Saxon model, but adopt configurations particular to their urban structure, informality, housing policy, and the role of the state (Janoschka & Sequera, 2014/2018; Schnake-Mahl et al., 2020). In the Darien, the flow that previously headed north to the United States has sharply declined – sources speak of drops of over 90% and even 99% compared to 2024, depending on the time frame and methodology – due to the hardening of Washington’s migration policy. There is not, therefore, a single migration, nor a single Ibero-America, nor even a single Atlantic: there is a multiple, unequal reflux, simultaneously forced and elective, coercive and mercantile, diplomatic and patrimonial.
Now, what exactly does this reflux name when the economic press and residence-by-investment operators describe it as a trend or as a market?
The economic vocabulary captures part of the phenomenon – the purchase of housing, tax arbitrage, the exchange rate, residence by investment, the digital nomad visa – but leaves unnamed its deepest nature: it is not only people changing territory, nor capital diversifying, but subjects abandoning some institutions and seeking others. From the framework of Homo Institutionalis, neither the immigrant nor the emigrant can be reduced to a statistical unit nor to a rational-instrumental agent optimizing variables. They must be understood as subjects constituted by institutions – family, property, citizenship, security, patrimonial transmission, life project – who, faced with the erosion of those mediations in their place of origin, seek to disinstitutionalize themselves in one space to reinstitutionalize themselves in another. To migrate, for the human being, is not simply to pass from one point to another on the map: it is to break, displace, or recompose a complex institutional bond.
The word migration comes from the Latin migrare, to change residence, related to meare, to pass, to go from one place to another. It does not designate, in its root, just any journey, but a displacement with a vocation for permanence. Geopolitics, formed from the Greek ge, earth, and politika, affairs of the city, refers to the way territorial disposition conditions power among states. Diplomacy comes from diploma, the document folded in two that accredited official credentials, from which derives the idea of a negotiation mediated by formal instruments and not by direct force. The three notions converge today in the same problematic field: human displacement has become a variable of state calculation; it is administered, when the system works, through norms, visas, agreements, and joint declarations; and it degrades, when the system collapses, into direct coercion. Kelly Greenhill documented at least seventy-six episodes since 1951 of what she called weapons of mass migration: the deliberate creation or exploitation of massive migratory movements, real or potential, as an instrument of political pressure. Belarus against Poland in 2021 and Morocco against Spain in Ceuta are the most cited recent cases: a state that, instead of containing the flow towards its neighbor, tolerates or organizes it as a form of negotiation by other means.
This precision matters because much of contemporary migration bibliography falls into a misleading naturalization: presenting migration as an essential condition of the human being, as if our species were, in a proper sense, nomadic. That thesis, tributary of an ancestralism that primitivizes the human bond, equates man with non-institutional migratory species – birds, cetaceans, ungulates – and hides a decisive fact: Homo Institutionalis is constituted precisely through forms of rootedness, sedentarism, city, law, transmissible memory, and institution. It does not follow from this that migration is a moral anomaly nor a historical pathology; something more precise follows: that migrating, for the human being, is always an institutional phenomenon, forced or elective, and not a return to a supposed wandering essence. The displaced Ukrainian, the Venezuelan crossing or retracing the Darien, the digital nomad settling in Medellin or Mexico City, the European investor acquiring tax residency in Uruguay or Paraguay, and the applicant for Argentine citizenship by investment do not participate in the same drama, although all need documents, borders, norms, and legal closures to exist as legal residents. The confusion between these figures prevents thinking about the phenomenon rigorously.
Europe does not expel its nationals today in the massive sense in which Venezuela expelled its own nor in the sense in which Ukraine produced millions of displaced persons by war. It is worth maintaining proportion: European migration towards Ibero-America projected for 2026-2030 will remain quantitatively modest compared to the great forced displacements of our time. But its analytical value does not lie in its magnitude, but in its symptomatic character. The International Organization for Migration already documented that in 2012 more people emigrated from Europe to the rest of the world than in the opposite direction, with Spain as the main origin towards Latin America and the Caribbean. 2025 analyses described this pattern as a possible inverted historical response: descendants of those who were welcomed by Ibero-America a century ago could now star in the opposite movement. However, the decisive factor is not the sentimental inversion of the migratory narrative, but the European deinstitutionalization that makes it plausible.
Continental peace, which Western Europe had institutionalized since 1945 as an almost metaphysical presupposition of its way of life, ceased to operate as background data. Between 2022 and 2026, the conflict in Ukraine and the existence of nearly 5.9 million people displaced outside the country by early 2026, according to UNHCR, turned peace into an object of active management. Added to this is European rearmament: the German defense fund of 100 billion euros, the Polish rearmament program, the Spanish and Belgian commitment to the NATO spending target, and the political reading that links this shift with the rise of far-right forces in France and Germany. In 2026, moreover, friction between the United States and Europe over the support of Ukraine had become an axis of geopolitical uncertainty: Hungary vetoed the European funding package for Kiev, while analysts spoke of an arms race and a possible major escalation between NATO and Russia, previously considered remote.
The attempt to reinstitutionalize military conscription in Germany, according to 2026 reports, would have barely achieved 530 voluntary enlistments against a target of 40,000. If peace ceases to function as an institution and its substitute – the professional-volunteer army or the partial return of conscription – also fails to constitute itself rationally for a part of the youth, the subject remains suspended between an order that no longer guarantees security and another that demands a sacrifice they do not recognize as their own. In that void, emigration can become, for certain segments – predominantly young males, according to specialized forums, although consolidated migration statistics do not yet confirm this rigorously -, a de facto way to evade a path of arms they do not accept as a criterion of life.
To the security crisis is added the collapse of the criterion of progress. Mario Draghi’s diagnosis of European competitiveness, published in 2024, and the 2025-2026 follow-ups that confirm the execution of barely 15% of its recommendations, do not describe an ordinary recession. They point to the erosion of an economy that, since the postwar period, allowed the average European to suppose that the future would be, in general, better than the past. That only four of the fifty largest technology companies in the world are European says something: the institution progress has ceased to renew itself from within. Demographics aggravate the picture. Eurostat places the population of the European Union aged 65 and over above 21% – 21.3% in some formulations – and projections anticipate that by 2050 there will be two elderly people for every young person of working age in the Iberian Peninsula and Italy.
The rise of far-right forces in France and Germany, interpreted by part of the political analysis as a punishment vote against the Franco-German axis for its alignment with NATO and rearmament, fractures the institutional consensus that for decades offered predictability to European civil life. Peace, progress, and political consensus: three ideals that do not disappear suddenly, but cease to operate as ground. In that context, Ibero-America does not gain attractiveness through an unprovable natural, climatic, or cultural superiority, but through certain Ibero-American institutions with a proper name: tax residency regimes, territorial taxation, citizenship-by-investment programs, digital nomad visas, regional mobility, and promises of legal predictability.
Not all countries in the region compete with the same intensity nor with the same instruments. Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panama, Peru and, with nuances and greater volatility, Argentina appear as short- and medium-term destinations for regular, patrimonial, or skilled European migration. Around them, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, and other countries participate in the digital nomad visa market, which in 2026 is part of a global competition of more than fifty countries. But one should not confuse this architecture of attraction with the region that expels or receives forced migration. Venezuela, much of Central America, and Haiti continue to be part of another migratory regime, susceptible to diplomatic and coercive instrumentalization. The Venezuelan crisis came to mobilize, at its peak, more than seven million people outside the country. What is distinctive about 2026 is not that this crisis has disappeared, but that the flow has partially reversed: the Darien, formerly a symbol of transit to the north, appears almost empty compared to 2024, and many Venezuelans return by sea routes not exempt from risk, avoiding the jungle. This does not free Colombia, Panama, or Venezuela from institutional pressure; it imposes another one on them: reintegrating returnees with insufficient programs.
The CELAC-EU summit held in Santa Marta in November 2025 certified this double character. Its declaratory point 47 committed both blocs to strengthening cooperation in migration management, including return processes, in a regular, safe, and orderly manner. But that diplomatic language, necessary though insufficient, dealt above all with the regime of forced migration and return. It kept almost absolute silence on the competition to attract talent, capital, and tax residency, which each state wages on its own. Formal diplomacy looks at one half of the phenomenon; the other advances through tax reforms, citizenship agencies, real estate agencies, private consultancies, and visa platforms. This dissociation is politically dangerous: it allows the same region to claim cooperation on vulnerable return while some of its states compete to attract European assets through tax breaks and accelerated access to residency or citizenship.
Uruguay represents, within this competition, a model of institutional continuity. It does not demand from the European a return to a new origin, but the prolongation, in another territory, of recognizable institutions: legal security, respect for property, fiscal predictability, political stability. Its residency regime is not necessarily based on a mandatory minimum investment, but on demonstrable economic solvency; its tax residency reform, through Budget Law 20.446 in force since January 2026, exempts foreign-source income for eleven years and, for real estate investors of at least two million dollars, reduces the physical presence requirement to sixty days per year. There is no contradiction between both formulations if one distinguishes migratory residency, general tax residency, and the tax benefit associated with high-amount real estate investment. Uruguay does not sell so much speed as continuity: it offers the possibility of transferring a European institutional life to a Rio de la Plata framework of low cultural friction.
Paraguay represents a model of accelerated foundation. Its pure territorial tax system – without wealth or inheritance tax, with a single rate of 10% on local income and total exemption on foreign income -, added to sustained gross domestic product growth between 4% and 5% annually, has made it, according to specialized analysts, a jurisdiction for patrimonial relocation with a high cost-benefit ratio. Its residency applications went from 28,000 in 2024 to more than 47,000 in 2025, with a projection of 80,000 for 2026, according to IMI Daily. That growth coincides with the obtaining of investment grade by Moody’s in 2024 and S&P in 2025, and with the modernization of its stock exchange on the Nasdaq platform since January 2026. It is not just a commercial label operating here: second-order institutions are being strengthened – capital markets, credit rating, financial infrastructure – that can function as genuine guarantees. At the same time, the Investor Pass, described by Forbes and IMI Daily as a new modality of golden visa or residence by investment, with thresholds between 40,000 and 200,000 dollars according to sector versions, introduces an evident tension: the faster the process, the greater the risk that the institution is reduced to a transaction.
Argentina represents a model of supposed restoration, barely symbolic. Its appeal does not rest mainly on macroeconomic stability – its recent history advises against it – but on the convenience of a passport associated with a nation of strong Italian-Spanish affinity and on the promise of direct citizenship by investment. Here the available materials diverge and must be preserved without forcing an artificial synthesis: some journalistic and sectoral sources indicate that Argentina formalized in July 2025 a citizenship-by-investment program without prior residency or minimum time requirements, with an Investment Citizenship Programs Agency created to process it; others, such as Forbes and IMI Daily in 2026, present it as confirmed or in preparation for that year. The sector itself estimates a potential attraction of over 2.5 billion dollars, and the political rapprochement with Washington appears associated with the expectation of a future US visa exemption for Argentine citizens. But the objection is strong: despite the market turn driven by Javier Milei, non-resident foreign direct investment between January and November 2025 recorded a negative net flow of 1.8 billion dollars, a negative figure, while multinationals such as HSBC and Carrefour continued to withdraw from the country. Does it make sense to speak of attractiveness when productive investment indicators contradict the narrative? Yes, but only if one distinguishes migratory-patrimonial attractiveness from long-term corporate investment attractiveness. An individual tax resident, a property buyer, and a citizenship applicant do not operate with the same horizons as a multinational.
Costa Rica and Panama complete, with less theoretical centrality but with practical importance, the map of attraction. Both offer relative stability, connectivity, services, and residency or visa frameworks oriented towards rentiers, retirees, investors, or remote workers. Panama, moreover, occupies a paradoxical position: it is at once a logistics hub, a services platform, and a country directly affected by the Darien shift. Costa Rica, for its part, projects itself as a destination for legal security, environmental quality, and residency for international income profiles, although its scale and real estate pressure pose limits. Mexico and Colombia, especially Mexico City and Medellin, show the urban reverse of openness: low-threshold visas, prolonged tourism, and remote work can boost services and consumption, but also make entire neighborhoods more expensive. According to Immigrant Invest, Colombia offered in 2026 a digital nomad visa with an income threshold of 750 dollars per month; that accessibility, institutionally effective for attracting mobile population, is socially ambivalent when it lands in rigid housing markets.
Peru must be added to that map with particular caution. It does not appear as an unequivocally superior destination, nor should it be presented as a simple substitute for Uruguay, Paraguay, Panama, or Costa Rica. Its interest lies in a different combination: relative macroeconomic stability, openness to investment, Pacific position, cultural and natural wealth, and an official residency path for investors. The World Bank reported growth of 3.4% in 2025 and projected 3.1% for 2026, while emphasizing the country’s macroeconomic stability, but also its problems of low productivity, informality, territorial gaps, institutional weakness, and citizen insecurity (World Bank, 2026). The International Monetary Fund, for its part, projected for 2026 real growth of 2.8% and inflation of 2.5% (International Monetary Fund, 2026). The Central Reserve Bank of Peru estimated inflation of 2.4% for 2026, a current account surplus of 3.2% of GDP, and an increase in private investment of 9.5%, figures that reinforce the image of an orderly economy in macroeconomic terms, although they do not eliminate its structural fragilities (Central Reserve Bank of Peru, 2026). The divergence between institutions – 3.1% according to the World Bank, 2.8% according to the IMF – advises prudence: it does not invalidate the thesis of relative attractiveness, but prevents turning a favorable projection into institutional certainty.
Peru’s geopolitical position adds a decisive element. China is Peru’s main trading partner, while the United States maintains commercial, security, and cooperation relations with Lima; moreover, Peru maintains free trade agreements with China, the United States, and the European Union (Klein, 2025). The port of Chancay, operational since November 2024 and majority controlled by Chinese capital, could turn the country into a Pacific logistics hub. According to the Center for Strategic and International Studies, if it reaches 3.5 million TEUs, Chancay would be the third largest port in Latin America and the Caribbean and the largest controlled entirely by a Chinese state-owned enterprise (Berg et al., 2025). But this logistical promise is also a friction. Lust argues, from an academic article, that Chancay can deepen extractive dependence and the primary-export model, even though it promises growth, employment, and logistical integration; he also warns about limited distributive benefits, informality, environmental risks, and the need for urban planning (Lust, 2026). Peru can benefit from its hinge position between Beijing and Washington, but it can also be exposed to strategic pressures, commercial vulnerabilities, and infrastructure dependence. It is not about affirming a militarization of the port nor the existence of a Chinese base, but about recognizing documented risks of influence, commerce, dependence, and strategic vulnerability.
In the migratory field, Peru offers something specific, not a mere promotional gesture. The National Superintendence of Migration allows requesting the migratory status of resident for investor from foreigners who establish, develop, or administer lawful investments; it requires an investment according to the regulatory amount, an international transfer in a single disbursement through a supervised entity, and absence of criminal record, with a virtual procedure and an indicated period of 30 business days (National Superintendence of Migration, 2026). It is not appropriate to invent an investment amount when the available official source does not specify it. What is relevant here is that Peru participates in the Ibero-American competition to attract capital and residency through a formal device, but it does so under a double condition: relative macroeconomic strength and persistent institutional fragility; logistical opportunity and geopolitical exposure; cultural and natural appeal, but also informality, insecurity, and territorial inequality. It thus opens itself to speculation. Something singularly attractive for those with first-hand information or, simply, operating as a foreign agent.
In general, gentrification constitutes a central objection. In Mexico City, academic research has documented transnational gentrification linked to the arrival of digital nomads, with rent increases of up to 60% in three years in neighborhoods such as Roma and Condesa. In Medellin, the Banco de la Republica placed it as the most expensive city in Colombia for rent, with rents up to 13.7% higher than those in Bogota; other journalistic reports have spoken of increases of up to 81% in Medellin and Bogota, and the Colombian Ombudsman’s Office has warned about the displacement of vulnerable populations. The objection must be formulated without attenuations: if openness to migrants with higher purchasing power expels the local population from their neighborhoods, the migratory opportunity becomes a silent form of dispossession. The response cannot consist of denying the problem nor sacrificing it to the aggregate fiscal benefit. Urban research suggests that the cause is not migration itself, but the absence of a housing policy to accompany it: limited social housing construction, local urban planning restrictions, insufficient regulation of temporary rentals, and real estate capture of central neighborhoods. A state that opens the door to foreign human and patrimonial capital without simultaneously regulating the housing market does not exercise an open institution, but an incomplete one: it privatizes the benefit and socializes the cost.
Criticism must go even further. Residency and citizenship are abstract constructions that regulate belonging, rights, duties, transmission, and political closure. When they are reduced to an investment threshold expressed in dollars, a reduction of material complexity to mere commodity occurs. Citizenship ceases to be rational recognition of an effective belonging – cultural, linguistic, labor, generational, or political – and becomes an acquirable financial product, valued by processing speed, favorable taxation, or number of countries accessible without a visa. The sector’s language is revealing: Lincoln Global Partners describes these programs as a regional sovereignty system combinable à la carte. Sovereignty, the closure institution par excellence, appears offered as a menu for the international consumer. So, what happens when states compete not only for investment, but to sell fragments of their own political belonging?
It does not follow from this warning that all residency-by-investment is simulacrum or corruption. The question is to distinguish between productive friction and simple transaction. A migration policy can attract capital and, at the same time, genuinely reinstitutionalize subjects who work, reside, pay taxes, transmit wealth, learn local codes, and integrate into political communities. But it can also produce nominal residents, paper citizens, subjects who buy a documentary prosthesis without roots or reciprocity. The problem is not that money participates in the institution, but that it completely substitutes for it.
The case of Italian ius sanguinis shows a particularly significant genealogical inversion. Since 2025, Italy restricted citizenship by descent to those who have a father, mother, or grandparent born in Italy, excluding great-grandchildren and subsequent generations, according to Arletti Partners. For over a century, this genealogical institution operated as a bridge for descendants of Italian emigrants in the Rio de la Plata to claim European belonging. By closing at the origin, it inverts its function: it redirects these populations, already marked by European cultural and linguistic ties, towards a South American consolidation. Uruguay, due to its cultural proximity to the European Rio de la Plata matrix, appears as a natural recipient of that reinstitutionalization. The genealogical institution does not disappear; it folds back on itself and reinforces, through a negative path, regional linkage.
From this perspective, the models of Uruguay, Paraguay, Argentina, and Peru are not interchangeable. Uruguay offers continuity: stability, predictability, low cultural friction, eleven-year tax exemption on foreign financial income, demonstrable solvency and, in certain real estate cases of two million dollars, reduced physical presence. Paraguay offers speed: immediate or accelerated permanent residency, territorial taxation, relative low cost, absence of wealth and inheritance tax, recent investment grade, and stock market modernization. Argentina offers symbol: citizenship, Italian-Spanish cultural affinity, possible geopolitical projection of the passport, and expectation of rapprochement with Washington, although under high macroeconomic volatility. Peru offers hinge: relative macroeconomic stability, Pacific, investment, logistics, cultural wealth, and residency for investors, but under persistent informality, insecurity, territorial inequality, extractive dependence, and geopolitical pressure between China and the United States. All compete for capital, but above all for rational criteria of reconstitution: continuity, speed, symbol, and hinge.
The passport, tax residency, and citizenship-by-investment can also be understood as institutional prostheses: they do not extend the migrant’s body or mind, but their condition as a subject of rights. They allow them to work, own, inherit, circulate, pay taxes, and project life in a system different from the one that originally constituted them. The digital nomad settled in Mexico City or Medellin with a low-threshold visa and the patrimonial investor who obtains Uruguayan residency through economic solvency are variants of the same institutional Homo Proteticus. The digital nomad usually carries a removable prosthesis: they can return or move to another country with low patrimonial cost. The investor who buys property, transfers tax residency, or commits significant capital makes their reinstitutionalization deeper, but also more vulnerable to regime changes in the receiving country.
The asymmetry between forced migrant, digital nomad, and investor is one of the shadow areas that theory must address. The three differ radically in their ability to choose closure. The displaced Ukrainian, the Venezuelan returnee through the Darien, or the migrant used as pressure in Belarus, Ceuta, or any coercive border does not choose between institutional packages; they seek to survive a rupture. The digital nomad chooses between jurisdictions of convenience, although with their own precariousness. The investor compares taxation, passport, sovereign risk, and patrimonial horizon. If Homo Institutionalis presupposes a rational constituting subject, it must recognize that rationality operates under very different degrees of coercion, information, capital, and reversibility. The formal universality of the subject does not eliminate the material inequality of their options.
Much of the data that allows describing the rise of residence-by-investment, Investor Pass, citizenship programs, premium real estate, digital nomad visas, or capital attraction projections comes from the economic press, specialized consultancies, and operators with a direct commercial interest in the sector. They should be read as trend indicators, not as independently verified official statistics. The same applies to specialized forums suggesting young male profiles among Europeans migrating due to fear of conscription: they are signals, not consolidated series. In contrast, other data – Eurostat, UNHCR, IOM, CELAC-EU declarations, institutional reports, official Peruvian sources, international organizations such as the World Bank and the IMF, study centers such as CSIS or CRS, and academic articles such as Lust’s – have a different nature. A rigorous analysis cannot mix official data, press, consultancy, study centers, international organizations, academic articles, and sectoral advertising without warning.
Yes, there are Ibero-American countries that are emerging as attractive destinations for a portion of European migration: Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panama, Peru, and Argentina, with the additional participation of Mexico, Colombia, Brazil, Ecuador, and others in the digital nomad circuit. They do so because they have built institutions capable of capturing fragments of the European crisis: tax residency, territorial taxation, citizenship-by-investment, visas, legal security, regional mobility, economic diplomacy, openness to investment and, in the Peruvian case, a unique logistical position in the Pacific. But, at the same time, Ibero-America continues to be a stage for forced migration, vulnerable return, and coercive instrumentalization: Venezuela, the Darien, Colombia, Panama, Central America, Haiti, and the Ibero-American precedents studied by Greenhill, such as the Cuban balsero crisis, remind us that human mobility can be a weapon before it is an opportunity. There is no destination called Ibero-America; there is an institutional bifurcation of the continent.
The implications are concrete. The first is urban: no country seeking to attract Europeans, rentiers, digital nomads, or investors can sustain that openness without housing policy, temporary rental regulation, infrastructure investment, and local integration mechanisms. Otherwise, the institution that attracts becomes an institution that expels. The second is fiscal: competition for tax advantages can be legitimate if it strengthens the institutional whole, but becomes destructive if it reduces citizenship and residency to low-rooted commodities. The third is diplomatic: states that benefit from high-purchasing-power European migration should prevent, for consistency and strategic calculation, their territories from becoming scenarios for the instrumentalization of forced migrations. The fourth is geopolitical: countries that offer themselves as logistical or financial hinges must avoid the attraction of capital transforming into strategic dependence.
The new Atlantic reflux reveals something broader about the West. A growing number of European subjects no longer recognize in the ideals that historically inspired them – guaranteed peace, continuous economic progress, the intergenerational pact of the welfare state, stable political consensus – a sufficient criterion for projecting their future life. Reality, as we well know, crushes ideals. Well, some seek in the Southern Cone, and in other Ibero-American enclaves, an alternative: partial, unequal, sometimes genuine, sometimes commodified. That this offer comes largely from countries with historically more fragile institutional traditions than those of Europe is not a minor paradox, but the most revealing fact: institutionality is not acquired once and for all; it is a rational operation that must be permanently renewed. It can move from center to periphery, from north to south, from the old continent to republics that seemed destined to export population and today compete to receive it. The final lesson is sobering: it is not the territory itself that attracts, but the institution that that territory manages to build upon itself; and it is not simply the enumerated inhabitant that migrates, but the entire institutional subject, with their fears, properties, documents, affiliations, rights, and expectations for the future.