Al cadalso: Sobre el ataque contra el coronel Baños y el precio del desengaño
Por Juan Pablo Torres Muñiz
Una evidente asimetría condiciona la vida intelectual de todos: el error se tolera, se archiva, se olvida, mientras el desengaño, ay, se castiga, se persigue. Se ejecuta. El error dice algo del mundo y puede, en su caso, repararse; el desengaño dice algo del poder, y el poder, a diferencia del mundo, dispone de respuesta. Quien ha seguido los telediarios de los últimos años con la atención mínima que exige la supervivencia ciudadana habrá notado, en efecto, que ciertos analistas pueden equivocarse una docena de veces sobre un conflicto sin que su crédito se resienta, mientras que otro, que se equivoca como todos, ve desencadenarse contra su persona una furia que no se detiene en la corrección de sus tesis, sino que apunta, con medios y con método, a la destrucción de su nombre. El caso más instructivo de esta asimetría en el mundo hispánico contemporáneo es, con diferencia, el del coronel Pedro Baños, militar en situación de retiro, autor de superventas de geopolítica y víctima confesa de lo que él mismo no dudó en llamar un asesinato social (Barragán, 2019). Cabe preguntarse, entonces, con la mayor precisión posible: ¿por qué el trabajo de difusión y desengaño geopolítico practicado por Pedro Baños fue objeto de una campaña de desprestigio que no se detuvo en la refutación de sus ideas, y qué revela esa campaña, examinada con rigor, sobre el estado de nuestras instituciones de interpretación?
La propia arquitectura conceptual de Baños permite afinar esta primera intuición. En Así se domina el mundo, la geopolítica no aparece como un inventario neutral de acontecimientos, sino como el estudio de la influencia: quién intenta orientar la conducta de otros actores, con qué recursos y mediante qué combinaciones de fuerza, economía, información, alianzas y manipulación. Su distinción entre geopolítica —la determinación de fines e intereses— y geoestrategia —los procedimientos y medios para alcanzarlos— resulta especialmente útil aquí, porque obliga a separar tres cuestiones que con frecuencia se confunden: que exista una estructura de poder, que un actor disponga de instrumentos para influir y que, en un caso concreto, pueda demostrarse que los utilizó deliberadamente. El libro aporta, por tanto, una teoría de la posibilidad de la influencia; no constituye por sí mismo prueba de una operación contra Baños. Esa distinción es indispensable para que el desengaño no se convierta en una nueva forma de dogmatismo (Baños, 2017, pp. 9–13).
Sostenemos que el ataque a Baños no constituye una controversia sobre tesis geopolíticas, sino una operación de defensa de un monopolio: el monopolio de la interpretación estratégica, cuya titularidad efectiva comparten los expertos oficiales, los medios de comunicación y las estructuras de alianza. Se sostiene, además, que lo que se castigó no fue la equivocación —que Baños ha cometido, como se verá— sino la difusión: el delito real fue haber devuelto a ciudadanos ordinarios una facultad que el orden contemporáneo reserva como escasez administrada, la facultad de juzgar por sí mismos los movimientos del poder mundial. Y se sostiene, por último, que la anatomía de esa operación —su cronología, su repertorio, sus técnicas— resulta incomprensible si no se la examina como lo que es: no una crítica, que es operación judicial, sino una campaña, que es operación militar.
Baños sostiene que el poder internacional se ejerce también sobre dimensiones intangibles —economía, finanzas, información, percepción, opinión pública e inteligencia— y que, en un mundo globalizado, la influencia puede alcanzar incluso a sociedades muy alejadas del escenario físico donde se origina una decisión (Baños, 2017, pp. 11–13). Aplicado al caso que aquí se examina, ello significa que una controversia aparentemente periodística puede adquirir relevancia estratégica si consigue modificar quién es escuchado, qué interpretaciones resultan legítimas y qué fuentes son consideradas autorizadas. Pero la inferencia debe detenerse ahí: la existencia de un mecanismo plausible de influencia no demuestra que todos los actores que intervienen en una controversia formen parte de una coordinación. El rigor académico exige probar la coordinación, no simplemente descubrir que la coordinación sería posible.
Conviene partir de las palabras, porque estas, bien entendidas, de algún modo piensan por nosotros. El término desengaño pertenece al patrimonio moral más severo del español: es categoría de Siglo de Oro, quevedesca antes que escolar, y designa la operación de retirar el engaño bajo cuyo amparo el poder, cualquier poder, ejerce con mayor comodidad. No designa la decepción —sentimiento subjetivo que hoy corroe las redes—, sino la destitución de un velo que alguien necesita. El desengaño, en rigor, nunca es ingrato con el mundo; es ingrato con quien se beneficia de que el mundo no se vea. La palabra fama, por su parte, procede del latín fama, derivado de fari, hablar: es el crédito que la palabra de los otros deposita en un nombre, y constituye, a la vez, la materia primera de la persona pública, pues nadie habla desde un nombre que nadie recoge. De ahí que la difamación —diffamare, deshacer la fama— sea una operación de tan distinta naturaleza que la refutación: refutar un argumento es juzgarlo, y juzgar es lo propio de la crítica; difamar un nombre es, en cambio, intervenir sobre el depósito de palabra ajena, sobre el eje circular que vincula a quien habla con quien escucha, y dejar al hablante sin audiencia antes de dejarlo sin razón. La crítica desarma la tesis; la campaña ejecuta al hombre. Y la campaña, hay que decirlo, procede de campus, el campo donde se despliegan los ejércitos: su forma no es la del juicio sino la del despliegue.
Entre sus «geoestrategias inmortales», como apunta el coronel, aparecen la simulación y el disimulo, la creación del enemigo, el breaking point, la división del adversario, la dominación indirecta, la mentira repetida, las armas de comunicación masiva y el pensamiento único (Baños, 2017, pp. 113–117, 118–128, 185–231). Ninguna de estas categorías debe utilizarse como una etiqueta que convierta automáticamente cualquier desacuerdo en conspiración. Su utilidad analítica es otra: proporcionan hipótesis comprobables acerca de la forma que podría adoptar una operación de influencia. Si se afirma que hubo campaña, habrá que buscar, por tanto, indicios de coordinación, selección de blancos, sincronización temporal, circulación de mensajes, repetición de marcos narrativos o mecanismos de amplificación; si esos indicios no aparecen, la hipótesis deberá debilitarse o abandonarse.
Examinada la cronología, la operación contra Baños revela desde su primer episodio las propiedades que distinguen la campaña de la controversia. La noche del 7 de junio de 2018, víspera del primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, trascendió que el coronel sería nombrado director del Departamento de Seguridad Nacional, el órgano asesor de La Moncloa con capacidad para aconsejar al presidente sobre cuestiones tan graves como la entrada de España en una guerra. En cuestión de horas, no de días —y esta simultaneidad es el primer dato que exige explicación—, el entonces director de la sección de opinión de El País publicaba un hilo denuncia en la red social Twitter que comenzaba así: «El Gobierno se dispone a nombrar al Coronel Baños, conocido por sus posiciones prorrusas y pro-Putin en los conflictos de Siria y Ucrania» (Torreblanca, 2018), y el día siguiente el mismo diario titulaba en su portada digital, con categórica economía: «El candidato a director de la Seguridad Nacional es un defensor de Rusia» (El País, 2018). Ni el hilo ni el titular discutían una sola tesis; ambos adjudicaban una identidad. Las reacciones del Partido Popular y de Ciudadanos rechazando el nombramiento «por prorruso» (Agencias, 2018), y la sustitución del candidato por el general Miguel Ángel Ballesteros días después, completaron el ciclo con una eficiencia que El Confidencial, en una investigación basada en fuentes propias, atribuyó a la presión decisiva de Javier Solana (Barragán, 2019). Meses después, el diario El Español documentó la filtración que apuntaba a la Integrity Initiative, supuesta ONG británica contra la desinformación vinculada a un think tank financiado por el gobierno del Reino Unido, como artífice de la campaña, y el diputado laborista Chris Williamson llegó a dirigir una carta a Pedro Sánchez alertándole de que Baños habría sido víctima de una operación de ese signo (Ossorio, 2018). Cabe ser prudentes con la atribución de mandos: lo que consta con certeza documental es la velocidad, la simultaneidad y el resultado. ¿Y por qué importaba ese resultado tanto? Porque el Departamento de Seguridad Nacional es, en términos rigurosos, la oficina interpretativa del Estado: es el lugar desde donde se decide qué significa una amenaza, y quien interpreta las amenazas interpreta, en última instancia, los enemigos. Instalar en ese lugar a un coronel que sostiene que «no hay buenos ni malos» en la política internacional, que cada país busca sus intereses y que Europa cometió un error alejándose de Rusia (El País, 2018), habría compartido en el propio centro del Estado las imágenes enemigas sobre las que se alimenta la disciplina de alianza. La operación no se dirigió contra lo que Baños era, sino contra el lugar desde el que iba a hablar.
La importancia del episodio de 2018 queda reforzada, aunque también matizada, por la naturaleza institucional del cargo. El propio Departamento de Seguridad Nacional explica que el DSN es el órgano permanente de asesoramiento y apoyo técnico a la Presidencia del Gobierno en materia de Seguridad Nacional, y que integra información procedente de organismos públicos y fuentes externas, incluidas noticias, internet y redes sociales (Departamento de Seguridad Nacional, s. f.). Por ello, la disputa por quién ocuparía esa posición no era una mera discusión sobre la reputación de un comentarista: afectaba a la incorporación de una determinada lectura del entorno estratégico al aparato asesor del Estado. La cobertura contemporánea de El País documenta que Baños era presentado como candidato y que sus posiciones sobre Rusia fueron utilizadas como elemento central de caracterización; pocos días después, el Gobierno optó por el general Miguel Ángel Ballesteros (Díez & Casqueiro, 2018; Díez, 2018). Lo que esta evidencia permite afirmar con seguridad es la secuencia pública de acontecimientos. No permite, por sí sola, atribuir causalidad secreta a un actor determinado.
El segundo rasgo de la campaña es su repertorio, y este repertorio actúa directamente sobre la fama y no sobre las tesis. A lo largo de los años, el inventario de adjetivos aplicados al coronel ha sido notablemente estable: prorruso, antisemita, conspiranoico, negacionista, «adulador de Putin y anti-OTAN» (Arias, 2018), «defensor de Putin, avistador de ovnis» (Lucas-Torres, 2018), hasta «coronel soviético de la KGB», según la propia, amarga y probablemente exacta enumeración de Baños (Barragán, 2019). ¿Por qué este repertorio y no otro? Porque refutar una tesis geopolítica exige entrar en el terreno del argumento, que es lento, incierto y reversible: el refutador puede perder. La descalificación, en cambio, opera sobre el depósito de palabra ajena, secciona el eje circular —la audiencia— dejando intacto el eje radial —los hechos—, y ejecuta al intérprete sin haber juzgado la interpretación; convierte además a la persona en algo muy parecido a la persona de plataforma que la economía de la atención administra mediante puntuaciones opacas, una entidad cuyo crédito es calculado por terceros con criterios que ni ella conoce (Zuboff, 2019). El episodio de la edición británica de su primer libro ilustra la mecánica con claridad desnuda: una campaña encabezada por el escritor Jeremy Duns consiguió que Penguin suspendiera la impresión de la versión inglesa tras acusarla de antisemitismo por la imagen de la portada —un pulpo, diseño ajeno al autor— y por una cita de Goebbels; el estudio independiente encargado por la propia editorial, dirigido por la rabina Julia Neuberger con la participación de especialistas en antisemitismo, concluyó que ni la portada ni la traducción inglesa eran antisemitas, aunque detectó «ecos» de teorías conspirativas en pasajes omitidos en esa traducción, cuya presencia en la edición española —que siguió imprimiéndose— debía, en opinión de las investigadoras, examinarse (Wikipedia, 2022). Obsérvese lo que el hecho prueba y lo que no prueba: prueba que las acusaciones exigían matiz y que el estudio las matizó; prueba también que la penalización —suspensión de un libro— se ejecutó antes y con independencia del matiz. En octubre de 2022, el diario El Mundo le dedicó un artículo que le acusaba, por primera vez de manera explícita, de estar a sueldo del Kremlin bajo el sugerente titular de «El coronel Baños y el batallón pro Putin de los Moscú Bizum» (Valdeón, 2022), acusación que se sostiene, según el propio artículo, en la reproducción de declaraciones y tuits del acusado, es decir, en la interpretación de su discurso público, no en prueba alguna de remuneración. Y en febrero de 2023, Baños publicó unos vídeos denunciando anticipadamente un «Proyecto Pedro Baños», una campaña organizada, según él, para destruirle socialmente mediante bulos multilingües (Baños, 2023). Piense el lector lo que piense del denunciante: el dato cronológico, de nuevo, impone respeto por la pregunta, pues describe un ataque que el atacado denuncia antes de verlo desplegado, y esa anticipación —sea veraz, sea fantasmagórica— pertenece al fenómeno mismo y exige explicación.
Aquí adquiere especial valor otra advertencia del propio Baños: en geopolítica «simular y disimular» significa administrar la apariencia, mientras que la información puede emplearse para ocultar intenciones, desorientar al adversario o condicionar su percepción. En su tratamiento de las armas de comunicación masiva insiste, además, en que la sobreabundancia informativa puede producir la ilusión de autonomía intelectual mientras determinados marcos interpretativos se repiten y adquieren centralidad (Baños, 2017, pp. 113–117, 208–231). La investigación contemporánea permite traducir esta intuición a un lenguaje más verificable. El efecto de verdad ilusoria está bien documentado: la repetición de una afirmación facilita su procesamiento y puede aumentar su apariencia de veracidad incluso cuando el receptor posee conocimientos previos relevantes (Fazio et al., 2015). De este modo, la cuestión decisiva no es simplemente cuántas veces apareció el calificativo «prorruso», sino quién lo introdujo, quién lo reprodujo, en qué contextos, con qué fuentes y si su reiteración modificó la evaluación pública del sujeto.
El tercer rasgo revela la apuesta más honda, que no es el hombre sino la audiencia. La autojustificación de Baños ante la academia que le reprocha su falta de rigor es, desde su boca, un programa: jamás pretendió hacer una tesis doctoral, sino que «yo he democratizado y popularizado la geopolítica», con la finalidad última de «culturizar a la población para que pueda comprender las noticias» (Barragán, 2019). Hay en esta confesión algo más incómodo para el orden establecido que cualquiera de sus posiciones sobre Rusia o sobre la OTAN: la pretensión de que la geopolítica —saber árido, reservado, instrumento de castas— sea inteligible para la gente de a pie. ¿Por qué esa pretensión es intolerable? Porque el gobierno por la emoción, esa reducción de la política a administración de relatos que el coronel denuncia con acierto creciente, requiere que el mundo aparezca como ininteligible fuera del círculo de los expertos: un ciudadano que aprende a leer un mapa es un ciudadano menos disponible para el miedo, y la disponibilidad para el miedo es, en las sociedades de masas, un recurso administrable. Ortega y Gasset describió hace casi un siglo al hombre-masa, el tipo humano que se siente perfecto sin esfuerzo ni mérito y que quiere tener derecho a la opinión sin haber construido la facultad de opinar (Ortega y Gasset, 1930); lo que aquí se defiende no es ese hombre, sino su inverso exacto: el ciudadano que construye su facultad y, al construirla, estorba la administración de sus afectos. De ahí que la campaña contra el desengañador proteja, en el fondo, una escasez: la escasez artificial de la interpretación, tan rentable para quienes la monopolizan como lo fue, en otros órdenes, la escasez del sacramento o del sello.
Baños advierte que las sociedades pueden ser inducidas mediante información, propaganda y construcción de marcos de interpretación, hasta el punto de que la batalla por el poder pasa por «mentes y corazones» y por la capacidad de fijar qué relato parece razonable (Baños, 2017, pp. 193–231). La literatura reciente sobre comunicación confirma que el periodismo no sólo transmite hechos: también distribuye autoridad, selecciona quién puede hablar con legitimidad y determina qué actores quedan habilitados para caracterizar la realidad (Edy et al., 2025). Un estudio comparativo publicado en 2026 muestra, además, que la manera de presentar las declaraciones de expertos puede reforzar o erosionar su autoridad epistémica y que la prensa puede movilizar voces expertas para respaldar marcos políticos determinados (Räikkönen, 2026). La tesis que sostenemos gana así profundidad: una campaña reputacional, si existiera, no tendría que demostrar que su objetivo «es falso»; bastaría con alterar el ecosistema de credibilidad en el que el público decide a quién escuchar.
Podría objetarse, en primer lugar, y con derecho pleno, que el expediente fáctico contra Baños no es despreciable: ridiculizó durante meses las advertencias sobre la invasión rusa de Ucrania —a tres días del ataque, el 20 de febrero de 2022, bromeaba con que Putin podía no invadir precisamente para dejar en evidencia a Estados Unidos, a la OTAN y al Reino Unido (Baños, 2022)—; cuestionó acusaciones contra Rusia que después confirmaron instituciones solventes, como la responsabilidad rusa en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, establecida por la sentencia del tribunal de distrito de La Haya de noviembre de 2022, o el uso de armas químicas en Duma y el envenenamiento de los Skripal, confirmados por inspectores de la OPAQ (Wikipedia, 2022). ¿No basta este expediente para justificar las objeciones a su autoridad, sin necesidad de apelar a operaciones de inteligencia? La respuesta exige tres precisiones. La primera: la falibilidad es el precio del género que Baños practica, que es el de la prognosis, no el del archivo, y la prognosis en geopolítica equivoca como pronostica el tiempo; el expediente de errores prueba falibilidad, no venalidad, y equivocarse no es, en ningún ordenamiento moral serio, un delito que merezca pena de muerte social. La segunda: la prensa institucional que encabezó la descalificación difundió, con toda su autoridad, las armas de destrucción masiva de Irak, cuya inexistencia documentaron después los propios servicios que las habían alegado, error cuyo coste se midió en cientos de miles de vidas y cuyo coste profesional para sus difusores se midió en nada; si el error autorizara la ejecución de la fama, los cadalsos serían insuficientes. La tercera, y decisiva: la cronología. La campaña contra Baños comenzó en junio de 2018, cuando el expediente ucraniano que hoy se esgrime no existía todavía, y fue en aquella fecha tan implacable como después. Toda explicación del ataque que necesita hechos posteriores al ataque no es una explicación, sino una racionalización retrospectiva: lo que se castigó no fue un error de análisis, porque los errores que ahora se le imputan aún no se habían cometido ni desmentido; se castigó la audacia de la difusión. Y aquí el rigor obliga a una corrección simétrica: quien ejerce el desengaño debe someterse al tribunal del hecho con más exigencia que nadie, porque su oficio consiste en desnudar al poder precisamente de sus mentiras; aquí apelamos a ese tribunal, y a ningún otro, tanto para Baños como contra Baños. Lo que rechaza es el andamiaje: el tribunal del hecho se ha sustituido por el cadalso de la fama, y esa sustitución es la operación que aquí se anatomiza.
En cuanto a los hechos que sustentan parte de esa objeción, conviene actualizar la jerarquía de fuentes. La sentencia de la rechtbank Den Haag de 17 de noviembre de 2022 estableció que el vuelo MH17 fue derribado por un misil Buk disparado desde un área controlada por separatistas y condenó a tres acusados; por su parte, la misión de investigación de la OPAQ concluyó en 2019 que había fundamentos razonables para afirmar que en Duma se empleó una sustancia química tóxica como arma (Rechtbank Den Haag, 2022; Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 2019). La existencia de estas conclusiones oficiales obliga a reconocer errores sustantivos en algunas posiciones públicas de Baños, pero no resuelve por sí sola la cuestión diferente de si tales errores explican retrospectivamente el episodio de 2018. Precisamente la cronología impide esa inferencia.
La primera objeción, sin embargo, obliga a incorporar una autocrítica que también está contenida en Baños. Su capítulo sobre los «pecados capitales de la geopolítica» recuerda que las decisiones estratégicas no están gobernadas exclusivamente por cálculos racionales: orgullo, prestigio, miedo, egoísmo, necesidad de salvar la cara y autoengaño pueden deformar el juicio de dirigentes, instituciones y analistas (Baños, 2017, pp. 341–354). Esta observación es particularmente pertinente para un ensayo que defiende a un analista controvertido. Que Baños haya acertado en unas previsiones, errado en otras o interpretado de manera discutible determinados acontecimientos no puede resolverse por la vía moral. El criterio debe ser comparativo: ¿qué afirmó?, ¿cuándo lo afirmó?, ¿qué evidencia tenía disponible?, ¿qué probabilidad asignó explícita o implícitamente?, ¿qué ocurrió después?, ¿revisó su posición?, y ¿se aplica el mismo estándar de evaluación a sus críticos? Sólo así la crítica de errores se convierte en auditoría intelectual y no en disciplina de grupo.
Podría objetarse, en segundo lugar, que la cuestión de los escenarios clausura el asunto sin necesidad de anatomía: Baños ha colaborado en RT y en Sputnik, medios controlados por el Kremlin; ha participado en Cuarto Milenio; presentó el libro de unos autores en un acto organizado por grupos calificados de neofascistas; ha impartido charlas para España 2000 y es profesor de un instituto fundado por la ultraderechista francesa Marion Maréchal (Wikipedia, 2022). ¿No es legítimo inferir del escenario la naturaleza del actor? Este argumento —la culpa por asociación, el delito de tarima— merece el examen que rara vez recibe. Si aparecer en un medio financiado por un poder descalificara al que habla, las páginas de opinión de los medios occidentales quedarían vacías de columnistas, pues la financiación estatal, partidaria o corporativa de las plataformas es la norma general de la esfera mediática y no la excepción indigna. Más importante aún: el argumento presupone que el público, una vez expuesto a un discurso en un recinto sospechoso, queda hecho prisionero del recinto, incapaz de juzgar lo que oye —que es, exactamente, el desprecio por la facultad ciudadana que el desengaño combate—. Y presupone, por último, algo falso en el caso concreto: que hablar desde el medio del adversario es servir al adversario, cuando la relación puede ser la inversa. Un coronel del Ejército español que se sienta en un plató de RT no es capturado por el plató: lo ocupa, y habla desde él a una porción de la audiencia que ningún analista atlantista alcanza jamás. La auditoría de la tarima es, en el fondo, la coartada recurrente para no practicar la auditoría del discurso, que es la única que procede.
La comparación con Irak resulta especialmente fértil si se formula con precisión documental. El informe del Intelligence and Security Committee británico sobre las evaluaciones relativas a las armas de destrucción masiva concluyó que existían indicios sobre programas iraquíes en los años noventa, pero también señaló que no había inteligencia firme sobre la naturaleza y extensión exactas de las armas alegadas en 2002–2003 (Intelligence and Security Committee, 2003). La lección metodológica coincide con una advertencia central de Baños: la creación de una necesidad de seguridad y la construcción de un enemigo pueden hacer que una amenaza parezca más definida y urgente de lo que permiten los datos disponibles (Baños, 2017, pp. 185–193, 272–280). Esto no exonera a Baños de sus propios errores, pero sí impide utilizar la falibilidad como criterio selectivo: si el error invalida la autoridad de un analista, la regla debe aplicarse simétricamente a periodistas, gobiernos, servicios de inteligencia y expertos institucionales.
Podría objetarse, por último, que todo lo anterior es hipérbole funeraria: Baños está vivo, es libre y firma bestsellers mundiales (Barragán, 2019); un hombre así no es un hombre ejecutado sino, en el peor de los casos, un combatiente con cicatrices. La objeción confunde el fracaso de la ejecución con su inocencia. La muerte social no necesita ser total para ser real: fue real, documentada y eficaz respecto de lo que constituía el verdadero objeto de la operación, que no era la persona del coronel sino su destino institucional —el Departamento de Seguridad Nacional, que le fue arrebatado en una semana— y su función pública, que quedó marcada con el hierro del prorruso durante años, costándole audiencias, tribunas y cátedras mientras le regalaba otras. Además, la supervivencia del atacado revela algo más inquietante que la maldad de la campaña: revela su selección de blancos. El sistema que sabe que el desengaño, aunque fustigado, vende libros, no se arriesga a martirizar a quien convierte el martirio en mercancía; aprende, en cambio, a seleccionar con más precisión a los desengañados que no disponen de corbata de coronel ni de millones de lectores, y a ejecutar su fama en la penumbra de lo local, donde nadie compra el libro ni filma el cadalso.
En conclusión, la operación contra Pedro Baños fue una defensa del monopolio de la interpretación estratégica, el desengaño geopolítico —esa operación modesta, a veces torpe, siempre civilizatoria, de sentar a una octogenaria ante un mapa— aparece, desde esta anatomía, como lo que los moralistas del Siglo de Oro supieron antes que los sociólogos: una función republicana, pues ninguna institución abierta puede seguir siéndolo donde el velo es patrimonio de una casta. Las implicaciones se ramifican en tres direcciones. Para la crítica: su primera lealtad no es a este o aquel bando del mapa, sino al argumento, y cae en la servidumbre quien administra adjetivos en lugar de ejercer el juicio. Para la educación: la inteligibilidad no es una concesión pedagógica sino una virtud cívica, y enseñar de modo que nadie se ofenda es, con frecuencia, enseñar de modo que nadie entienda. Para el ciudadano: la sospecha más sana no es la que se reserva para el que se equivoca, sino la que se reserva para quien castiga al que explica en lugar de refutar lo explicado. Ninguna sociedad ha votado jamás si conviene que sus pobladores más humildes entiendan la geopolítica; pero la campaña analizada en estas páginas respondió, con medios, con repertorio y con cronología, que no conviene. Esa respuesta, callada, organizada y hasta hoy inconfesada, es la que aquí intentamos, siquiera, poner en voz alta; y la pregunta que deja —la única que, en rigor, importa— es si podremos seguir haciéndolo sin cadalso.
La cuestión de los escenarios mediáticos merece una segunda precisión. Baños describe la «dominación indirecta» como la capacidad de influir sin que la coerción resulte visible y, en el terreno del poder blando, destaca la utilización de empresas, fundaciones, universidades y otras instituciones sociales para hacer atractivos determinados valores y preferencias (Baños, 2017, pp. 129–141, 268–272). La investigación actual sobre narrativas estratégicas coincide en que los actores internacionales construyen relatos sobre el sistema mundial, sobre su propia identidad y sobre políticas concretas, y que esos relatos buscan moldear el terreno en el que se forman las preferencias (Miskimmon et al., 2013). Pero de nuevo hay que evitar el salto ilegítimo: que un medio posea una determinada línea editorial o financiación no demuestra que todo invitado que aparece en él comparta esa línea. La auditoría rigurosa debe recaer en el contenido, las afirmaciones, las fuentes y los efectos demostrables de la intervención.
Para Baños, la confrontación contemporánea no se limita al campo militar: incluye guerras económicas, operaciones de inteligencia, diplomacia, operaciones psicológicas, propaganda, noticias falsas, ciberoperaciones y filtraciones interesadas, y puede desarrollarse incluso entre Estados formalmente aliados (Baños, 2017, pp. 354–356). La doctrina contemporánea de la OTAN confirma, desde la perspectiva de una organización que se reconoce a sí misma como actor implicado, que las amenazas informativas incluyen operaciones destinadas a manipular información y opinión pública mediante medios estatales, redes sociales y servicios digitales (NATO, 2024). Esta convergencia demuestra que el mecanismo general que analizamos pertenece al repertorio reconocido de la competencia política contemporánea. Precisamente por ello, la atribución concreta requiere más evidencia, no menos.
El coronel Baños ofrece un marco para comprender cómo el poder puede operar sobre la percepción. La investigación académica añade que la repetición afecta a la percepción de verdad y que las instituciones periodísticas distribuyen de forma desigual la autoridad para interpretar los hechos (Fazio et al., 2015; Edy et al., 2025; Räikkönen, 2026). Pero ninguna de esas premisas autoriza a convertir una hipótesis de influencia en una certeza de conspiración. La proposición que queda en pie, y que por ello resulta más resistente a la refutación, es ésta: el episodio Baños debe estudiarse como una controversia simultáneamente geopolítica, mediática e institucional, en la que reputación, autoridad epistémica y poder de agenda interactuaron.
¿Cómo?
Henos aquí…
Referencias bibliográficas:
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(ENGLISH VERSION)
To the scaffold: On the Attack against Colonel Baños and the Price of Disenchantment
Translation by Tiffany Amber Elías Trimble
An evident asymmetry conditions the intellectual life of everyone: error is tolerated, archived, forgotten, while disenchantment, alas, is punished, persecuted. Executed. Error says something about the world and can, in its case, be repaired; disenchantment says something about power, and power, unlike the world, has a response at its disposal. Whoever has followed the news broadcasts of recent years with the minimal attention that citizen survival demands will have noticed, in effect, that certain analysts can be wrong a dozen times about a conflict without their credit suffering, while another, who is wrong like everyone else, sees unleashed against his person a fury that does not stop at the correction of his theses, but aims, with means and with method, at the destruction of his name. The most instructive case of this asymmetry in the contemporary Hispanic world is, by far, that of Colonel Pedro Baños, a retired military officer, author of geopolitics bestsellers and confessed victim of what he himself did not hesitate to call a social assassination (Barragán, 2019). One may ask, then, with the greatest possible precision: why was the work of geopolitical dissemination and disenchantment practiced by Pedro Baños the object of a discrediting campaign that did not stop at the refutation of his ideas, and what does that campaign, examined with rigor, reveal about the state of our institutions of interpretation?
Baños’s own conceptual architecture allows this first intuition to be refined. In Thus the World Is Dominated, geopolitics does not appear as a neutral inventory of events, but as the study of influence: who attempts to orient the conduct of other actors, with what resources and through what combinations of force, economy, information, alliances, and manipulation. His distinction between geopolitics —the determination of ends and interests— and geostrategy —the procedures and means to achieve them— is especially useful here, because it forces the separation of three questions that are often confused: that a structure of power exists, that an actor has instruments to influence, and that, in a concrete case, it can be demonstrated that he used them deliberately. The book thus provides a theory of the possibility of influence; it does not constitute by itself proof of an operation against Baños. That distinction is indispensable so that disenchantment does not become a new form of dogmatism (Baños, 2017, pp. 9–13).
We maintain that the attack on Baños does not constitute a controversy over geopolitical theses, but an operation of defense of a monopoly: the monopoly of strategic interpretation, whose effective ownership is shared by official experts, the media, and alliance structures. It is further maintained that what was punished was not the error —which Baños has committed, as will be seen— but the dissemination: the real crime was having returned to ordinary citizens a faculty that the contemporary order reserves as administered scarcity, the faculty of judging for themselves the movements of world power. And it is maintained, finally, that the anatomy of that operation —its chronology, its repertoire, its techniques— is incomprehensible if it is not examined as what it is: not a critique, which is a judicial operation, but a campaign, which is a military operation.
Baños maintains that international power is also exercised over intangible dimensions —economy, finance, information, perception, public opinion, and intelligence— and that, in a globalized world, influence can reach even societies very far from the physical scenario where a decision originates (Baños, 2017, pp. 11–13). Applied to the case examined here, this means that an apparently journalistic controversy can acquire strategic relevance if it manages to modify who is listened to, what interpretations are legitimate, and what sources are considered authorized. But the inference must stop there: the existence of a plausible mechanism of influence does not prove that all actors involved in a controversy form part of a coordination. Academic rigor demands proving the coordination, not simply discovering that coordination would be possible.
It is advisable to start from words, because these, well understood, in some way think for us. The term disenchantment belongs to the most severe moral patrimony of Spanish: it is a category of the Golden Age, Quevedesque before scholarly, and designates the operation of withdrawing the enchantment under whose protection power, any power, exercises with greater comfort. It does not designate disappointment —a subjective feeling that today corrodes the networks— but the removal of a veil that someone needs. Disenchantment, strictly speaking, is never ungrateful to the world; it is ungrateful to whoever benefits from the world not being seen. The word fame, for its part, comes from the Latin fama, derived from fari, to speak: it is the credit that the word of others deposits in a name, and it constitutes, at the same time, the primary matter of the public person, since no one speaks from a name that no one picks up. Hence defamation —diffamare, to undo fame— is an operation of such different nature than refutation: to refute an argument is to judge it, and judging is proper to critique; to defame a name is, instead, to intervene in the deposit of others’ words, on the circular axis that links the one who speaks with the one who listens, and to leave the speaker without an audience before leaving him without reason. Critique disarms the thesis; the campaign executes the man. And the campaign, it must be said, comes from campus, the field where armies are deployed: its form is not that of judgment but that of deployment.
Among his «immortal geostrategies,» as the colonel notes, appear simulation and dissimulation, the creation of the enemy, the breaking point, the division of the adversary, indirect domination, the repeated lie, weapons of mass communication, and single thought (Baños, 2017, pp. 113–117, 118–128, 185–231). None of these categories should be used as a label that automatically converts any disagreement into a conspiracy. Their analytical utility is another: they provide testable hypotheses about the form that an operation of influence could adopt. If it is affirmed that there was a campaign, one must therefore look for signs of coordination, target selection, temporal synchronization, circulation of messages, repetition of narrative frameworks, or amplification mechanisms; if those signs do not appear, the hypothesis must be weakened or abandoned.
Examined chronologically, the operation against Baños reveals from its first episode the properties that distinguish the campaign from the controversy. On the night of June 7, 2018, the eve of Pedro Sánchez’s first Council of Ministers, it transpired that the colonel would be appointed director of the National Security Department, the advisory body of La Moncloa with the capacity to advise the president on matters as serious as Spain’s entry into a war. In a matter of hours, not days —and this simultaneity is the first datum that demands explanation—, the then opinion section director of El País published a denunciation thread on the social network Twitter that began thus: «The Government is about to appoint Colonel Baños, known for his pro-Russian and pro-Putin positions in the conflicts in Syria and Ukraine» (Torreblanca, 2018), and the following day the same newspaper headlined on its digital front page, with categorical economy: «The candidate for director of National Security is a defender of Russia» (El País, 2018). Neither the thread nor the headline discussed a single thesis; both assigned an identity. The reactions of the Popular Party and Ciudadanos rejecting the appointment «for being pro-Russian» (Agencias, 2018), and the replacement of the candidate by General Miguel Ángel Ballesteros days later, completed the cycle with an efficiency that El Confidencial, in an investigation based on its own sources, attributed to the decisive pressure of Javier Solana (Barragán, 2019). Months later, the newspaper El Español documented the leak that pointed to the Integrity Initiative, a supposed British anti-disinformation NGO linked to a think tank financed by the UK government, as the architect of the campaign, and Labour MP Chris Williamson went so far as to address a letter to Pedro Sánchez warning him that Baños would have been the victim of an operation of that sign (Ossorio, 2018). It is advisable to be prudent with the attribution of commands: what is certain with documentary evidence is the speed, the simultaneity, and the result. And why did that result matter so much? Because the National Security Department is, in rigorous terms, the interpretive office of the State: it is the place from which it is decided what a threat means, and whoever interprets threats interprets, ultimately, enemies. To install in that place a colonel who maintains that «there are no good guys or bad guys» in international politics, that each country seeks its interests, and that Europe made a mistake in distancing itself from Russia (El País, 2018), would have shared at the very center of the State the enemy images on which alliance discipline feeds. The operation was not directed against what Baños was, but against the place from which he was going to speak.
The importance of the 2018 episode is reinforced, though also nuanced, by the institutional nature of the position. The National Security Department itself explains that the DSN is the permanent body for advice and technical support to the Presidency of the Government in matters of National Security, and that it integrates information from public bodies and external sources, including news, the internet, and social networks (Departamento de Seguridad Nacional, n.d.). Therefore, the dispute over who would occupy that position was not a mere discussion about the reputation of a commentator: it affected the incorporation of a particular reading of the strategic environment into the State’s advisory apparatus. The contemporary coverage of El País documents that Baños was presented as a candidate and that his positions on Russia were used as a central element of characterization; a few days later, the Government opted for General Miguel Ángel Ballesteros (Díez & Casqueiro, 2018; Díez, 2018). What this evidence allows us to affirm with certainty is the public sequence of events. It does not allow, by itself, attributing secret causality to a determined actor.
The second feature of the campaign is its repertoire, and this repertoire acts directly on fame and not on theses. Over the years, the inventory of adjectives applied to the colonel has been notably stable: pro-Russian, antisemitic, conspiracy theorist, denier, «flatterer of Putin and anti-NATO» (Arias, 2018), «defender of Putin, UFO spotter» (Lucas-Torres, 2018), up to «Soviet KGB colonel,» according to Baños’s own, bitter and probably exact enumeration (Barragán, 2019). Why this repertoire and not another? Because refuting a geopolitical thesis requires entering the terrain of argument, which is slow, uncertain, and reversible: the refuter can lose. Disqualification, on the other hand, operates on the deposit of others’ words, severs the circular axis —the audience— leaving the radial axis —the facts— intact, and executes the interpreter without having judged the interpretation; it also turns the person into something very similar to the platform person that the attention economy administers through opaque scores, an entity whose credit is calculated by third parties with criteria that it does not even know (Zuboff, 2019). The episode of the British edition of his first book illustrates the mechanics with naked clarity: a campaign led by writer Jeremy Duns got Penguin to suspend printing of the English version after accusing it of antisemitism for the cover image —an octopus, a design unrelated to the author— and for a quote from Goebbels; the independent study commissioned by the publisher itself, directed by Rabbi Julia Neuberger with the participation of antisemitism specialists, concluded that neither the cover nor the English translation were antisemitic, although it detected «echoes» of conspiracy theories in passages omitted in that translation, whose presence in the Spanish edition —which continued to be printed— should, in the researchers’ opinion, be examined (Wikipedia, 2022). Observe what the fact proves and what it does not prove: it proves that the accusations required nuance and that the study nuanced them; it also proves that the penalty —suspension of a book— was executed before and independently of the nuance. In October 2022, the newspaper El Mundo dedicated an article to him accusing him, for the first time explicitly, of being on the Kremlin’s payroll under the suggestive headline «Colonel Baños and the pro-Putin battalion of the Moscow Bizum» (Valdeón, 2022), an accusation that is sustained, according to the article itself, in the reproduction of statements and tweets by the accused, that is, in the interpretation of his public discourse, not in any proof of remuneration. And in February 2023, Baños published videos denouncing in advance a «Project Pedro Baños,» a campaign organized, according to him, to destroy him socially through multilingual hoaxes (Baños, 2023). Let the reader think what they will of the complainant: the chronological datum, again, imposes respect for the question, since it describes an attack that the attacked denounces before seeing it deployed, and that anticipation —whether truthful or phantasmagorical— belongs to the phenomenon itself and demands explanation.
Here another warning from Baños himself acquires special value: in geopolitics «to simulate and dissimulate» means to administer appearance, while information can be used to hide intentions, disorient the adversary, or condition his perception. In his treatment of weapons of mass communication he further insists that informational overabundance can produce the illusion of intellectual autonomy while certain interpretive frameworks are repeated and acquire centrality (Baños, 2017, pp. 113–117, 208–231). Contemporary research allows this intuition to be translated into a more verifiable language. The illusory truth effect is well documented: the repetition of a statement facilitates its processing and can increase its appearance of veracity even when the receiver possesses relevant prior knowledge (Fazio et al., 2015). Thus, the decisive question is not simply how many times the qualifier «pro-Russian» appeared, but who introduced it, who reproduced it, in what contexts, with what sources, and whether its reiteration modified the public evaluation of the subject.
The third feature reveals the deepest bet, which is not the man but the audience. Baños’s self-justification before the academy that reproaches him for his lack of rigor is, from his mouth, a program: he never intended to write a doctoral thesis, but rather «I have democratized and popularized geopolitics,» with the ultimate purpose of «culturing the population so that it can understand the news» (Barragán, 2019). There is in this confession something more uncomfortable for the established order than any of his positions on Russia or NATO: the pretension that geopolitics —arid knowledge, reserved, an instrument of castes— be intelligible to ordinary people. Why is that pretension intolerable? Because government by emotion, that reduction of politics to the administration of narratives that the colonel denounces with growing accuracy, requires that the world appear unintelligible outside the circle of experts: a citizen who learns to read a map is a citizen less available for fear, and availability for fear is, in mass societies, an administrable resource. Ortega y Gasset described almost a century ago the mass-man, the human type who feels perfect without effort or merit and who wants to have the right to opinion without having built the faculty of opining (Ortega y Gasset, 1930); what is defended here is not that man, but his exact inverse: the citizen who builds his faculty and, by building it, hinders the administration of his affections. Hence the campaign against the disenchanter protects, at bottom, a scarcity: the artificial scarcity of interpretation, as profitable for those who monopolize it as was, in other orders, the scarcity of the sacrament or the seal.
Baños warns that societies can be induced through information, propaganda, and the construction of interpretive frameworks, to the point that the battle for power passes through «minds and hearts» and through the capacity to fix what narrative seems reasonable (Baños, 2017, pp. 193–231). Recent literature on communication confirms that journalism not only transmits facts: it also distributes authority, selects who can speak with legitimacy, and determines what actors are enabled to characterize reality (Edy et al., 2025). A comparative study published in 2026 further shows that the way expert statements are presented can reinforce or erode their epistemic authority and that the press can mobilize expert voices to support determined political frameworks (Räikkönen, 2026). The thesis we maintain thus gains depth: a reputational campaign, if it existed, would not have to prove that its target «is false»; it would be enough to alter the ecosystem of credibility in which the public decides whom to listen to.
It could be objected, first, and with full right, that the factual record against Baños is not negligible: he ridiculed for months the warnings about the Russian invasion of Ukraine —three days before the attack, on February 20, 2022, he joked that Putin might not invade precisely to leave the United States, NATO, and the United Kingdom exposed (Baños, 2022)—; he questioned accusations against Russia that later were confirmed by solvent institutions, such as Russian responsibility for the downing of Malaysia Airlines flight MH17, established by the judgment of the District Court of The Hague of November 2022, or the use of chemical weapons in Douma and the poisoning of the Skripals, confirmed by OPCW inspectors (Wikipedia, 2022). Is this record not enough to justify objections to his authority, without the need to appeal to intelligence operations? The answer requires three precisions. The first: fallibility is the price of the genre that Baños practices, which is that of prognosis, not that of the archive, and prognosis in geopolitics is wrong as often as the weather is; the record of errors proves fallibility, not venality, and being wrong is not, in any serious moral order, a crime deserving social death. The second: the institutional press that led the disqualification disseminated, with all its authority, the Iraqi weapons of mass destruction, whose non-existence was later documented by the very services that had alleged them, an error whose cost was measured in hundreds of thousands of lives and whose professional cost for its disseminators was measured in nothing; if error authorized the execution of fame, the scaffolds would be insufficient. The third, and decisive: chronology. The campaign against Baños began in June 2018, when the Ukrainian record that is now brandished did not yet exist, and it was on that date as implacable as afterward. Any explanation of the attack that needs facts posterior to the attack is not an explanation, but a retrospective rationalization: what was punished was not an error of analysis, because the errors now imputed to him had not yet been committed or disproven; what was punished was the audacity of dissemination. And here rigor obliges a symmetrical correction: whoever exercises disenchantment must submit to the tribunal of fact with more exigency than anyone, because his trade consists in stripping power precisely of its lies; here we appeal to that tribunal, and to no other, both for Baños and against Baños. What is rejected is the scaffolding: the tribunal of fact has been substituted by the scaffold of fame, and that substitution is the operation anatomized here.
As for the facts that sustain part of that objection, it is advisable to update the hierarchy of sources. The judgment of the rechtbank Den Haag of November 17, 2022 established that flight MH17 was shot down by a Buk missile fired from an area controlled by separatists and convicted three accused; for its part, the OPCW investigation mission concluded in 2019 that there were reasonable grounds to affirm that a toxic chemical substance was used as a weapon in Douma (Rechtbank Den Haag, 2022; Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 2019). The existence of these official conclusions obliges recognition of substantive errors in some of Baños’s public positions, but does not by itself resolve the different question of whether such errors retrospectively explain the 2018 episode. Precisely the chronology prevents that inference.
The first objection, however, obliges the incorporation of a self-critique that is also contained in Baños. His chapter on the «capital sins of geopolitics» recalls that strategic decisions are not governed exclusively by rational calculations: pride, prestige, fear, selfishness, the need to save face, and self-deception can deform the judgment of leaders, institutions, and analysts (Baños, 2017, pp. 341–354). This observation is particularly pertinent for an essay that defends a controversial analyst. That Baños was right in some predictions, wrong in others, or interpreted certain events in a debatable manner cannot be resolved by moral means. The criterion must be comparative: what did he affirm? when did he affirm it? what evidence was available to him? what probability did he assign explicitly or implicitly? what happened afterward? did he revise his position? and is the same standard of evaluation applied to his critics? Only thus does the critique of errors become intellectual audit and not group discipline.
It could be objected, second, that the question of scenarios closes the matter without need for anatomy: Baños has collaborated on RT and Sputnik, media controlled by the Kremlin; he has participated in Cuarto Milenio; he presented the book of some authors at an event organized by groups classified as neo-fascist; he has given talks for España 2000 and is a professor at an institute founded by the far-right Frenchwoman Marion Maréchal (Wikipedia, 2022). Is it not legitimate to infer from the scenario the nature of the actor? This argument —guilt by association, the crime of the platform— deserves the examination it rarely receives. If appearing in a medium financed by a power disqualified the speaker, the opinion pages of Western media would be empty of columnists, since state, partisan, or corporate financing of platforms is the general norm of the media sphere and not the unworthy exception. More important still: the argument presupposes that the public, once exposed to a discourse in a suspicious venue, is made prisoner of the venue, incapable of judging what it hears —which is, exactly, the contempt for the citizen faculty that disenchantment combats—. And it presupposes, finally, something false in the concrete case: that speaking from the adversary’s medium is serving the adversary, when the relation can be the inverse. A colonel of the Spanish Army who sits on an RT set is not captured by the set: he occupies it, and speaks from it to a portion of the audience that no Atlanticist analyst ever reaches. The audit of the platform is, at bottom, the recurring alibi for not practicing the audit of discourse, which is the only one that proceeds.
The comparison with Iraq is especially fertile if formulated with documentary precision. The report of the British Intelligence and Security Committee on assessments relating to weapons of mass destruction concluded that there were indications about Iraqi programs in the 1990s, but also noted that there was no firm intelligence about the exact nature and extent of the weapons alleged in 2002–2003 (Intelligence and Security Committee, 2003). The methodological lesson coincides with a central warning of Baños: the creation of a need for security and the construction of an enemy can make a threat appear more defined and urgent than the available data allow (Baños, 2017, pp. 185–193, 272–280). This does not exonerate Baños from his own errors, but it does prevent fallibility from being used as a selective criterion: if error invalidates the authority of an analyst, the rule must be applied symmetrically to journalists, governments, intelligence services, and institutional experts.
It could be objected, finally, that all of the above is funereal hyperbole: Baños is alive, is free, and signs world bestsellers (Barragán, 2019); such a man is not an executed man but, in the worst case, a combatant with scars. The objection confuses the failure of the execution with its innocence. Social death does not need to be total to be real: it was real, documented, and effective with respect to what constituted the true object of the operation, which was not the person of the colonel but his institutional destination —the National Security Department, which was snatched from him in a week— and his public function, which remained marked with the iron of pro-Russian for years, costing him audiences, platforms, and chairs while gifting him others. Moreover, the survival of the attacked reveals something more disturbing than the malice of the campaign: it reveals its selection of targets. The system that knows that disenchantment, though scourged, sells books, does not risk martyrizing whoever converts martyrdom into merchandise; it learns, instead, to select with more precision the disenchanted who do not have a colonel’s tie or millions of readers, and to execute their fame in the penumbra of the local, where no one buys the book or films the scaffold.
In conclusion, the operation against Pedro Baños was a defense of the monopoly of strategic interpretation, geopolitical disenchantment —that modest operation, sometimes clumsy, always civilizing, of seating an octogenarian before a map— appears, from this anatomy, as what the moralists of the Golden Age knew before sociologists: a republican function, since no open institution can continue to be so where the veil is the patrimony of a caste. The implications ramify in three directions. For critique: its first loyalty is not to this or that side of the map, but to the argument, and whoever administers adjectives instead of exercising judgment falls into servitude. For education: intelligibility is not a pedagogical concession but a civic virtue, and teaching in such a way that no one is offended is, frequently, teaching in such a way that no one understands. For the citizen: the healthiest suspicion is not the one reserved for the one who is wrong, but the one reserved for whoever punishes the one who explains instead of refuting what was explained. No society has ever voted on whether it is convenient for its humblest inhabitants to understand geopolitics; but the campaign analyzed in these pages responded, with means, with repertoire, and with chronology, that it is not convenient. That response, silent, organized, and to this day unconfessed, is what we attempt here, at least, to put aloud; and the question it leaves —the only one that, strictly speaking, matters— is whether we will be able to continue doing so without a scaffold.
The question of media scenarios deserves a second precision. Baños describes «indirect domination» as the capacity to influence without coercion becoming visible and, in the terrain of soft power, highlights the use of companies, foundations, universities, and other social institutions to make certain values and preferences attractive (Baños, 2017, pp. 129–141, 268–272). Current research on strategic narratives agrees that international actors construct narratives about the world system, about their own identity, and about concrete policies, and that those narratives seek to mold the terrain on which preferences are formed (Miskimmon et al., 2013). But again the illegitimate leap must be avoided: that a medium possesses a certain editorial line or financing does not prove that every guest who appears on it shares that line. Rigorous audit must fall on the content, the affirmations, the sources, and the demonstrable effects of the intervention.
For Baños, contemporary confrontation is not limited to the military field: it includes economic wars, intelligence operations, diplomacy, psychological operations, propaganda, fake news, cyber operations, and interested leaks, and can develop even between formally allied States (Baños, 2017, pp. 354–356). Contemporary NATO doctrine confirms, from the perspective of an organization that recognizes itself as an implicated actor, that informational threats include operations aimed at manipulating information and public opinion through state media, social networks, and digital services (NATO, 2024). This convergence demonstrates that the general mechanism we analyze belongs to the recognized repertoire of contemporary political competition. Precisely for that reason, concrete attribution requires more evidence, not less.
Colonel Baños offers a framework for understanding how power can operate on perception. Academic research adds that repetition affects the perception of truth and that journalistic institutions distribute unequally the authority to interpret facts (Fazio et al., 2015; Edy et al., 2025; Räikkönen, 2026). But none of those premises authorizes converting a hypothesis of influence into a certainty of conspiracy. The proposition that remains standing, and that therefore is more resistant to refutation, is this: the Baños episode must be studied as a controversy simultaneously geopolitical, media, and institutional, in which reputation, epistemic authority, and agenda power interacted.
How?
Here we are…