Evitaremos perdernos en las nimiedades de la corrección política, así como en análisis edulcorados para el consumo de quienes todavía creen que las instituciones democráticas occidentales actuales representan la soberanía popular y no, como es el caso, una fachada cada vez más desgastada para intereses transnacionales perfectamente identificables. En cambio, los invitamos a mirar el tablero global con los ojos bien abiertos y a considerar la siguiente pregunta como punto de partida: ¿de qué manera convergen la imposición de una identidad digital universal, la gestión algorítmica de la vida cotidiana, la reconfiguración de las rutas energéticas y comerciales globales y la instrumentalización de crisis sanitarias y conflictos geopolíticos en un proyecto único de control civilizatorio? Y respondemos directamente: Nos hallamos ante la construcción de un nuevo orden de sujeción digital posdemocrático, un sistema de vasallaje algorítmico donde la identidad ya no es un atributo personal sino un recurso extraíble administrado por conglomerados tecnológicos, donde las crisis pandémicas no son accidentes de la naturaleza sino ensayos generales y aceleradores de este proceso de control, donde los conflictos como los de Ucrania y el Estrecho de Ormuz constituyen catalizadores de este proceso, y donde las ciudades de quince minutos y el control de recursos naturales críticos constituyen los mecanismos de clausura espacial y material de este sistema de dominación.

Suena grave y lo es. Ahora bien, para abordar la complejidad de lo que se plantea, es menester establecer primero algunos conceptos que rara vez se utilizan con el preciso significado que se requiere. Entenderemos por «identidad digital» no la mera representación electrónica de una persona, sino el conjunto de datos biométricos, conductuales, económicos y geolocalizables que, agregados y procesados algorítmicamente, permiten la construcción de una entidad estadística más real y más útil para los aparatos de control que la persona de carne y hueso. Este proceso hunde sus raíces en lo que Shoshana Zuboff denominó «capitalismo de vigilancia», ese proyecto que reclama la experiencia humana como materia prima gratuita para su traducción en datos de comportamiento, y cuyo corazón no es la prestación de un servicio, sino la predicción y modificación de nuestras conductas en beneficio de un mercado que ha aprendido a fabricar certezas allí donde antes solo había incertidumbre. La consecuencia de este modelo, como ha señalado Yanis Varoufakis, es la transición hacia un «tecnofeudalismo»: un orden económico donde el beneficio ya no proviene primordialmente de la producción, sino de la extracción de una «renta en la nube», del cobro sistemático de peajes digitales por el uso de infraestructuras monopolísticas de la comunicación, el comercio y la interacción social. Los grandes señores de este nuevo feudalismo no son los capitalistas industriales del siglo XIX, sino los «cloudalists», oligarcas de los datos que poseen los algoritmos y los servidores, y que han logrado subordinar no solo a la ciudadanía, sino a los propios estados, convertidos en recaudadores de una deuda perpetua y en garantes de la estabilidad de este sistema de vasallaje global. Empresas como Palantir Technologies encarnan paradigmáticamente este rol, con sus plataformas Gotham y Foundry diseñadas para integrar y analizar vastos volúmenes de datos dispares, construyendo perfiles predictivos que fusionan inteligencia, vigilancia y toma de decisiones en tiempo real para gobiernos y corporaciones.

Argumentamos:

A estas alturas sabemos bien que la pandemia de COVID-19 sirvió como ensayo general para la implantación global de la identidad digital como instrumento permanente de control poblacional y de reconfiguración de la relación entre el individuo, el estado y el mercado. La explicación causal es clara: la emergencia sanitaria proporcionó la justificación suficiente para que gobiernos y corporaciones tecnológicas desplegaran, en cuestión de semanas, sistemas de vigilancia masiva, rastreo de contactos, pasaportes de vacunación y códigos QR de acceso a espacios públicos que, de haberse propuesto en tiempos de normalidad, habrían encontrado una resistencia política y social insalvable. Palantir jugó un papel destacado en esta infraestructura, desarrollando plataformas como Tiberius para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., que rastreaba la producción y distribución de vacunas utilizando datos sensibles de salud y demografía, y colaborando con el CDC en el monitoreo de la propagación del virus mediante integración de datos masivos. El COVID-19 impactó un mundo donde los programas de protección social se reforzaban cada vez más mediante medidas digitales, y la adopción de esquemas de identidad digital para vincular datos de ciudadanos con derechos de protección social se aceleró dramáticamente, empleando datos demográficos y biométricos recolectados a través de un número creciente de puntos de acceso. La evidencia de esta instrumentalización es múltiple. En primer lugar, la Unión Europea, cuyos think tanks y funcionarios comenzaron a emitir las primeras declaraciones públicas a favor de un sistema de identidad digital paneuropeo precisamente cuando la pandemia se extendía por el mundo en 2020, culminó el proceso con la propuesta de un marco de identidad digital europeo que vincula el acceso a servicios bancarios, educación, viajes, prestaciones estatales y prácticamente cualquier interacción administrativa a una única identidad digital centralizada. En segundo lugar, la Organización Mundial de la Salud, los CDC y otras agencias internacionales promovieron activamente el uso de pasaportes de vacunación digitales y aplicaciones de rastreo, creando de facto una infraestructura global de verificación sanitaria que, una vez instalada, resultó sencillo reconvertir en un sistema de control de acceso a la vida económica y social basado no en el estado de salud, sino en cualquier otro criterio que las autoridades o las corporaciones decidieran arbitrariamente. Como se ha documentado, los pasaportes de vacuna, las tarjetas QR y los sistemas de registro digital hicieron que la infraestructura de identidad digital, hasta entonces un tema de discusión técnica especializada, se volviera de repente visible y personal para miles de millones de ciudadanos, hasta ser absorbida por un marco conspiracionista que vinculaba al Foro Económico Mundial, Klaus Schwab y el «Gran Reinicio» con el temor a un Nuevo Orden Mundial tecno-autoritario. En tercer lugar, la digitalización forzosa de la economía durante los confinamientos eliminó de un plumazo décadas de resistencia a la banca digital, el teletrabajo y el comercio electrónico, habituando a la población a una dependencia de las plataformas y sistemas de verificación digital ya irreversible. La identidad digital centralizada, gestionada sin garantías adecuadas, se ha transformado así en una herramienta de control que permite a entidades públicas y privadas determinar qué nivel de acceso a bienes y servicios tiene cada individuo, y en la práctica ha sido utilizada por gobiernos y corporaciones para el control poblacional y el cumplimiento normativo durante los confinamientos.

Recientemente, la repentina atención mediática y los crecientes brotes globales del Hanta virus entre 2025 y 2026, caracterizados por su alta letalidad (aproximadamente el 35% en su forma de síndrome pulmonar) y, crucialmente, por la ausencia de vacuna o tratamiento antiviral específico, constituyen de una u otra forma el potencial escalón siguiente en la estrategia de control pandémico perpetuo, aprovechable, por decir lo menos, para mantener activa la infraestructura de vigilancia y restricción de movimientos instalada durante el COVID-19, así como para justificar nuevas capas de control sobre la población. Un virus sin vacuna y sin cura es una herramienta de miedo de eficacia infinita, porque su gestión no requiere un laboratorio farmacéutico con una solución a la vista, sino únicamente la autoridad para declarar la emergencia sanitaria, aplicar cuarentenas, restringir desplazamientos y, sobre todo, desplegar la arquitectura de vigilancia digital que ya hemos legalizado, normalizado y convertido en parte de nuestra cotidianidad. Las evidencias de este proceso son obviamente preocupantes. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica en diciembre de 2025 tras un aumento de casos que alcanzó 229 casos confirmados y 59 muertes en ocho países, principalmente en el Cono Sur, y en 2026 se reportaron 94 casos y 13 muertes adicionales hasta mediados de abril. Argentina, uno de los epicentros, reportó 101 infecciones por hantavirus desde junio de 2025, aproximadamente el doble de los casos registrados en el mismo período del año anterior. Pero lo más revelador no es la epidemiología, sino la respuesta tecnocrática: la NASA ha desarrollado sistemas de mapas de riesgo del hantavirus mediante imágenes satelitales, datos climáticos y modelos ecológicos para anticipar brotes antes de que aparezcan contagios humanos, y se ha construido HantaNet, una plataforma de vigilancia genómica basada en herramientas del CDC para la detección temprana de brotes. Al mismo tiempo, un brote en el crucero MV Hondius ha provocado la implementación de cuarentenas inmediatas, aislamiento de áreas y desinfección mediante protocolos UV-C u ozono integrados en sistemas SCADA para control remoto, demostrando cómo una amenaza sanitaria relativamente menor (229 casos globales en 2025) puede justificar medidas de control tecnológico de alta intensidad. La Organización Mundial de la Salud se ha visto forzada a declarar explícitamente que «esto no es el próximo COVID», una afirmación que, lejos de tranquilizar, revela hasta qué punto la memoria del control pandémico sigue latente y lista para ser reactivada. El Hanta virus, con su letalidad, su ausencia de tratamiento y su capacidad de transmitirse entre humanos en el caso de la variante Andes, es el candidato perfecto para la próxima gran crisis sanitaria global, no porque represente un riesgo real para la mayoría de la población, sino porque su mera existencia permite mantener activo el estado de excepción sanitario, la infraestructura de vigilancia y la aceptación social de las restricciones de movimientos y el control digital que el COVID-19 inauguró, infraestructura que Palantir y similares están posicionados para potenciar mediante integración de datos predictivos.

Pero hay más. La identidad digital es el instrumento fundamental para el empobrecimiento material y cognitivo de las poblaciones, encapsulándolas en un régimen de dependencia radical de los mercados y de vigilancia permanente que garantiza su mansedumbre. Las élites tecnofinancieras han diseñado para ello una doble estrategia: por un lado, se nos induce a desear cada vez menos bienes materiales, especialmente tras terribles endeudamientos, a abrazar entonces una vida «sencilla», sostenible y frugal, que en la práctica no es sino una forma de desposeimiento ideológico; por otro, se nos ata de manera inextricable a las plataformas digitales que gestionan nuestra comunicación, nuestro ocio, nuestra movilidad y nuestros consumos, convirtiendo cada gesto en un dato extraíble y cada necesidad en una transacción vigilada. La expansión global de los sistemas de identificación digital, que ya alcanzan a miles de millones de personas, responde a la necesidad de los estados y las corporaciones de contar con un «sujeto monitorizado» completo. Como se ha argumentado, la identidad digital no es un acto administrativo más, sino una de las infraestructuras de control más poderosas imaginables, una herramienta para la obtención de todo tipo de datos a nivel global, ya que estos son información valiosísima, y es evidente que los gobiernos de todo el mundo colaboran estrechamente con las grandes tecnológicas para desarrollar conceptos de gobernanza digital a nivel mundial que dan cobertura a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.9 de la ONU busca «proporcionar identidad legal para todos, incluido el registro de nacimiento, para 2030», y el Foro Económico Mundial ha promovido activamente sistemas de identidad digital «inclusivos, confiables, seguros y sostenibles». En paralelo, la concentración de la riqueza en un puñado de corporaciones tecnológicas y gestoras de activos es la recompensa por haber construido las infraestructuras de extracción de valor más eficaces de la historia. BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, cerró 2025 con activos bajo gestión superiores a 14 billones de dólares, y junto a Vanguard (con 10,11 billones), Fidelity (5,52 billones), State Street (4,72 billones) y JPMorgan Chase (4,05 billones) conforman un oligopolio financiero que controla los flujos de capital globales de una forma que carece de precedente. Estas entidades son accionistas mayoritarios de las grandes tecnológicas, energéticas y de defensa, tejiendo así una red de intereses que convierte la geopolítica en una mera manifestación de sus estrategias de maximización de beneficios, red en la que Palantir opera como proveedor clave de las herramientas analíticas que hacen posible esta extracción a escala. El empobrecimiento no es, por tanto, una consecuencia desafortunada de la digitalización, sino su propósito estructural: se necesita una población lo bastante pobre como para no tener alternativa a los servicios y créditos que ofrecen las plataformas, y lo bastante vigilada como para no organizarse contra el orden que la expropia.

¿Qué hay de la guerra en este panorama? La que desde hace rato asoma posible entre Europa y Rusia constituye un acelerador fundamental de este proceso de control digital y empobrecimiento programado. ¿Por qué? El conflicto ucraniano ha servido de coartada perfecta para la implantación de un régimen de sanciones económicas que, lejos de debilitar únicamente a Rusia, ha dinamitado la base industrial y energética de la propia Europa, sumiéndola en una crisis de la que ya no podrá recuperarse sin aceptar condiciones draconianas de subordinación. Las pruebas son múltiples. La Unión Europea ha aprobado ya al menos veinte rondas de sanciones contra Rusia, reduciendo sus compras de energía rusa en un 70-80%, un movimiento que, como era previsible, ha disparado la inflación y desencadenado una crisis industrial sin precedentes. Los costes económicos directos para la UE se estimaron en unos 175.000 millones de euros solo en 2022, aproximadamente el 1,1-1,4% del PIB, incluyendo 50.000 millones para contener los precios internos, 75.000 millones para un plan de independencia energética, 30.000 millones para refugiados y 20.000 millones en defensa. Como se ha señalado, el sobrecoste de la guerra y la asfixia arancelaria han generado una pérdida palpable en la calidad de vida de las clases medias europeas. Simultáneamente, Ucrania se ha convertido en un laboratorio a cielo abierto para las nuevas tecnologías de guerra y control digital. Palantir ha sido pilar fundamental en este laboratorio, proporcionando software de inteligencia de campo que procesa datos de drones, satélites y fuentes terrestres para targeting en tiempo real, documentación de crímenes de guerra, desminado y reconstrucción, integrándose profundamente con el Ministerio de Transformación Digital y otras instituciones ucranianas, incluyendo plataformas como Diia para gestión de identidad y ayudas. La aplicación Diia, que permite a los ucranianos almacenar documentos de identidad digitales, incluidos pasaportes de vacunación y solicitar ayudas por la guerra, ha sido erróneamente vinculada por ciertos sectores al «Gran Reinicio» del WEF y a un supuesto sistema de crédito social, pero lo significativo es, muy por sobre la veracidad de esa acusación concreta, cómo un país en guerra se convierte en el terreno de pruebas ideal para la integración de identidad digital, ayuda económica y verificación sanitaria en una única plataforma estatal, potenciada por las capacidades analíticas de Palantir. La guerra ofrece una ventana a cómo las empresas tecnológicas privadas y las agencias estatales erosionan la soberanía nacional sobre la seguridad y la identidad de los ciudadanos. Pero el efecto más profundo quizá sea otro: el prolongamiento del conflicto sirve para cohesionar internamente un proyecto europeo en crisis mediante la creación de un chivo expiatorio externo y justificar la sumisión estratégica a la OTAN, brazo militar del orden globalista, al tiempo que se acelera la transición hacia una economía de guerra permanente donde la vigilancia digital, la producción controlada y el consumo racionado se convierten en la norma.

Por otro lado, la perpetuación del conflicto en el Estrecho de Ormuz, y la consiguiente promoción de la ruta comercial alternativa que atraviesa Israel (el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, o IMEC), no es una respuesta contingente a la inestabilidad regional, sino un elemento cuidadosamente diseñado para reconfigurar los flujos energéticos y comerciales globales en beneficio de una nueva potencia y de las élites que la controlan. Veamos: el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 53% de las importaciones de crudo de China, unos 4,2 millones de barriles diarios, ha sido convertido deliberadamente en un escenario de confrontación permanente entre Irán y Occidente, con el objetivo de declararlo inseguro y justificar rutas alternativas controladas por actores alineados. El bloqueo del estrecho ha evidenciado la necesidad de vías comerciales alternativas, impulsando a potencias como Israel y China a tomar medidas estratégicas en Somalilandia, un territorio sin reconocimiento internacional hasta que Israel lo reconoció a finales de 2025, obteniendo así una posición estratégica contra los hutíes de Yemen y acceso al mar Rojo y al Canal de Suez, la puerta de entrada a Europa. El IMEC, anunciado en la cumbre del G20 de 2023, es un corredor que conecta India con Europa a través del Golfo e Israel, y compite directamente con la Ruta de la Seda china, convirtiendo Oriente Medio en un espacio de disputa no solo militar sino también comercial. Palantir ha fortalecido su posición en este ecosistema mediante partnerships con el Ministerio de Defensa israelí para plataformas de IA en misiones de guerra, contribuyendo a la superioridad tecnológica que respalda la consolidación de Israel como hub estratégico. La guerra en Irán, con el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha supuesto un segundo golpe para el proyecto, que se ha visto obligado a adaptarse mediante la creación de nuevas vías de intercambio comercial, pero el mensaje estratégico subyacente es claro: Europa debe depender de esta nueva ruta controlada por los aliados de la Anglosfera, aceptando la subordinación geopolítica y económica que ello implica. El IMEC, con un coste estimado que rondaba los 120.000 millones de dólares, representa la materialización geográfica del control analizado, una red cerrada de puertos, ferrocarriles y conductos de datos e hidrocarburos administrada por los principales actores de la economía digital global, que permitirá a sus controladores saber en tiempo real qué mercancías se mueven, dónde y para quién, con herramientas como las de Palantir facilitando esa visibilidad integral.

Por si fuera poco, la formación de «ciudades de quince minutos» y el manejo exclusivo de los recursos naturales críticos constituyen los dos extremos del mismo grillete: el primero, una jaula espacial dorada donde la movilidad y el consumo son gestionados algorítmicamente; el segundo, una clausura material que garantiza que las poblaciones dependan de quienes controlan los minerales esenciales para la transición energética. Bajo la aparentemente benévola propuesta, popularizada por el urbanista Carlos Moreno, de que todos los servicios esenciales estén a quince minutos de nuestro hogar, lo que se diseña es un sistema de «urbanismo de vigilancia» que integra la tecnología de control en el tejido mismo de la ciudad, moldeando la gobernanza, las dinámicas sociales y la gestión de recursos para maximizar la eficiencia del sistema y minimizar la capacidad de fuga de sus habitantes. La ciudad de quince minutos, combinada con la digitalización total de la movilidad, los pagos y el acceso a servicios, se convierte en una jaula al aire libre, vigilada por sensores y algoritmos, donde el «permiso» para salir de nuestra zona, para usar un medio de transporte no autorizado o para acceder a un bien no previsto podría ser denegado en tiempo real mediante la manipulación de nuestra identidad digital, facilitada por plataformas de integración de datos como las suministradas por Palantir en contextos de gobernanza y seguridad. Pero este control espacial no tendría sentido sin el control material de los recursos que permiten la vida moderna. La demanda de minerales críticos para la transición energética (litio, cobalto, tierras raras) se triplicará entre 2030 y 2050, según la Agencia Internacional de la Energía, y China domina ya entre el 70% y el 90% del refinado global de estos minerales. El «manejo exclusivo» de estos recursos no es, por tanto, una cuestión de soberanía nacional, sino de administración fiduciaria por parte de las mismas élites que diseñan las ciudades de quince minutos y los sistemas de identidad digital. La «vida sencilla» del habitante de la ciudad de quince minutos y la «vida precaria» del minero de litio en el Congo o el Salar de Atacama son las dos caras de la misma moneda de la servidumbre.

Es necesario, en este punto, detenerse a considerar al menos dos contraargumentos que podrían esgrimirse contra la tesis que aquí defendemos. El primero, frecuentemente utilizado por los apologetas del capitalismo de plataforma y por los portavoces institucionales de las agencias de salud global, sostiene que la identidad digital y la recolección masiva de datos no tienen un propósito de control, sino de mejora de la eficiencia de los servicios y de personalización de la experiencia del usuario, y que las crisis sanitarias como el COVID-19 o los brotes de hantavirus requieren respuestas proporcionadas y temporales, no planes de dominación permanente. La respuesta a este argumento es doble. Por un lado, ignora el cambio cualitativo en la naturaleza de los datos recogidos: no se trata ya de mejorar la recomendación de un producto, sino de construir modelos predictivos del comportamiento que permiten manipularlo, como ha demostrado abundantemente la investigación sobre el capitalismo de vigilancia y las capacidades de plataformas como las de Palantir. Por otro lado, el hecho de que la vigilancia tenga como efecto inmediato una mejora aparente de la experiencia del usuario no invalida su propósito último de control; es más, precisamente por esa mejora aparente se vuelve aceptable, como la rana que no nota que el agua en la que flota se está calentando lentamente. En cuanto a las crisis sanitarias, la pregunta pertinente no es si el COVID-19 o el hantavirus son reales o no (lo son, y causan sufrimiento real), sino por qué las medidas implementadas para enfrentarlas han tendido sistemáticamente a expandir y hacer permanentes los poderes de vigilancia de estados y corporaciones, en lugar de retirarse al término de la emergencia. La historia de la tecnología y la salud pública está repleta de ejemplos de innovaciones y medidas presentadas como temporales que se convirtieron en instrumentos permanentes de sujeción.

El segundo contraargumento sostiene que las guerras de Ucrania y del Estrecho de Ormuz no son artefactos de las élites globales, sino, exclusivamente, conflictos genuinos entre potencias con intereses nacionales contradictorios, y que atribuirles un papel instrumental en un plan de control global es caer en una forma de conspiranoia propia de los márgenes de Internet. A este argumento cabe responder, en primer lugar, que el hecho de que los intereses nacionales existan y sean contradictorios no excluye que puedan ser instrumentalizados por actores transnacionales para fines que trascienden los intereses declarados de los estados en conflicto. La OTAN, por ejemplo, es una alianza de estados, pero también es una máquina burocrática con intereses propios, y la guerra en Ucrania ha revitalizado una organización que muchos daban por moribunda tras la retirada de Afganistán, con Palantir suministrando sistemas de IA adoptados incluso por la propia Alianza. En segundo lugar, el análisis aquí presentado no niega la realidad del sufrimiento o de las causas invocadas, sino que señala cómo esos sufrimientos y causas son utilizados para producir efectos sistémicos que benefician a unos actores muy concretos: las élites tecnofinancieras que financian los think tanks que diseñan las políticas de sanciones, las corporaciones de defensa que ven multiplicados sus beneficios, y los gestores de activos globales (BlackRock, Vanguard, State Street) que controlan, como accionistas mayoritarios, tanto a las empresas tecnológicas como a las energéticas y a las de defensa, junto a firmas como Palantir que proveen la capa analítica y predictiva. Negar esta imbricación no es ser realista; es ser miope o, peor aún, cómplice.

Las implicaciones de cuanto afirmamos son de una gravedad que apenas podemos atisbar. Si la identidad digital universal es la llave de un sistema de control posdemocrático, si las crisis pandémicas son sus aceleradores, si las guerras actuales son sus catalizadores, si las nuevas rutas comerciales son sus arterias y las ciudades de quince minutos sus unidades de encierro, entonces el futuro que se nos avecina configura una mutación civilizatoria de la que las democracias liberales, tal como las hemos conocido, no saldrán de ninguna manera indemnes. La conclusión es ineludible: la lucha del siglo XXI no es entre izquierda y derecha, ni entre democracia y autoritarismo, sino entre la posibilidad de una soberanía popular encarnada en instituciones racionales y la consolidación de un tecnofeudalismo global de vasallos digitales. Las democracias occidentales, parasitadas por dentro por esta lógica extractiva, están condenadas a convertirse en «democraduras» vigiladas, donde el simulacro de elección sea la principal garantía de la ausencia de toda elección real. Europa, en particular, está abocada a un proceso acelerado de desindustrialización y empobrecimiento, justificado por la retórica de la transición verde y la solidaridad con Ucrania, pero cuya verdadera causa es su sumisión estratégica a los intereses de la Anglosfera tecnofinanciera. Las poblaciones, atomizadas por el consumo narcisista y vigiladas por la identidad digital, se irán acostumbrando a una vida de escasez administrada, donde la «sencillez» impuesta oculte la radical dependencia de los mercados y la imposibilidad de toda fuga.

Nos proyectamos, pues es posible…

Para mediados de siglo, el sistema de identidad digital universal estará completamente implantado en todas las áreas del mundo desarrollado y en la mayor parte del mundo en desarrollo, y su funcionamiento será indistinguible de las funciones básicas del estado y del mercado: no se podrá trabajar, viajar, recibir asistencia sanitaria, acceder a la educación o incluso circular por el espacio público sin una identidad digital verificada biométricamente y conectada en tiempo real a una red global de vigilancia, sustentada en infraestructuras como las de Palantir. La inteligencia artificial habrá automatizado la mayor parte de las tareas cognitivas y físicas rutinarias, y entre un 25% y un 30% de la población activa actual en Occidente se habrá visto expulsada permanentemente del mercado laboral, engrosando las filas de una nueva «clase inútil global», cuyas necesidades básicas serán administradas algorítmicamente a cambio de una obediencia estricta a las normas del sistema. La renta básica universal, si se implanta, no será un instrumento de emancipación, sino de domesticación, una limosna digital que garantice que los expulsados del sistema productivo no se rebelen contra el orden que los ha vuelto superfluos, exactamente como han previsto los ideólogos del Gran Reinicio. La concentración de la riqueza y el poder será tal que entre cinco y diez conglomerados tecnofinancieros controlarán la práctica totalidad de los flujos de datos, energía, alimentos y finanzas del planeta, y los estados, reducidos a meras agencias de recaudación y control territorial, ejecutarán las directrices de estos nuevos señores feudales con la misma sumisión con que los recaudadores medievales rendían cuentas al rey. Geopolíticamente, la guerra de Ucrania habrá concluido con la partición del país y la expulsión definitiva de Rusia de los mercados energéticos europeos, lo que habrá acelerado la construcción del Corredor IMEC y la consolidación de Israel como potencia regional y puerta de entrada de los bienes asiáticos a una Europa empobrecida y desposeída de toda autonomía estratégica. El Estrecho de Ormuz seguirá siendo un escenario de conflicto latente, cuidadosamente dosificado para mantener la inseguridad necesaria que justifique el control militar y comercial de las rutas alternativas por parte de los aliados de la Anglosfera. Las ciudades de quince minutos serán la norma en los centros urbanos de Europa, Norteamérica y Asia Oriental, y los movimientos de protesta contra ellas habrán sido eficazmente neutralizados mediante la criminalización de las «teorías conspirativas» y la atribución de sus promotores a extremismos políticos marginales. El control de los recursos naturales críticos (litio, cobalto, tierras raras) se puede haberse consolidado en manos de unos pocos actores estatales y corporativos, con África, Iberoamérica y el Ártico convertidos en vastas zonas de extracción administradas por capital transnacional, con poblaciones locales sometidas a regímenes de vigilancia y control de movimientos dignos de los peores enclaves coloniales, pero legitimados por el discurso de la transición verde y la lucha contra el cambio climático. El mundo de 2050 pinta, en suma, como un mundo de vasallos digitales, atados por identidades que no controlan, moviéndose por ciudades que no eligen, consumiendo bienes racionados por algoritmos que no comprenden, y vigilados por una red de inteligencia artificial que habrá aprendido a predecir sus deseos para mejor frustrarlos, y a anticipar sus rebeliones para mejor sofocarlas. La pregunta no es si este mundo llegará, sino si todavía estamos a tiempo de construir las instituciones que nos permitan evitarlo.

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